Las leyes 20 y 22

Una breve reflexión sobre sus consecuencias económicas y fiscales para Puerto Rico

by siglo22
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por Edwin Irizarry Mora, Ph.D.
Catedrático Jubilado, Departamento de Economía, Facultad de Artes y Ciencias,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez

Introducción:

La ley 22 del 2012, conocida como «Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico», promueve que individuos que no hayan sido residentes del país por los últimos quince años antes de la aprobación de la ley, y que mantienen inversiones en o fuera de Estados Unidos, establezcan residencia en Puerto Rico. La ley “otorga exención contributiva total por ganancias de capital a las personas que trasladen su residencia de cualquier lugar a Puerto Rico”. Por su parte, la Ley 20 es “un programa que incentiva a las empresas o individuos radicados en Puerto Rico a exportar servicios a otras jurisdicciones. No se limita a corporaciones extranjeras”. En el año 2019 se aprobó la Ley 60, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, que consolidó la mayoría de las leyes de incentivos existentes hasta ese momento, incluyendo las leyes 20 y 22.

Una pregunta fundamental en el análisis de las consecuencias económicas y fiscales de la puesta en marcha de ambos estatutos –ahora consolidados en la Ley 60—es si en realidad, como se argumenta oficialmente, estos han traído beneficios sustanciales a la sociedad puertorriqueña o si, por el contrario, se han beneficiado más los inversionistas que han recibido los incentivos y que los continuarán recibiendo en el futuro previsible. Más allá del cálculo de los empleos directos e indirectos que se asegura han sido creados, y de los impuestos recaudados por el Departamento de Hacienda, la interrogante de fondo es si la estrategia de atracción de capital para impulsar el crecimiento económico de Puerto Rico se debe fundamentar en una visión como la que estas leyes respaldan, o si lo adecuado sería promover alternativas que respondan a los mejores intereses del país, particularmente aquellos de los sectores más rezagados.

En este ensayo se discuten brevemente las consecuencias económicas y fiscales de las leyes 20 y 22. También se abordan las controversias relacionadas con la puesta en marcha de ambos estatutos, así como argumentos a favor y en contra de su permanencia.

Trasfondo de la legislación: la visión imperante con relación a los incentivos

A partir de la aprobación de la Ley de Incentivos Industriales de 1947, la visión tradicional sobre los incentivos contributivos en Puerto Rico –hoy en día llamados incentivos económicos—ha sido crear un ambiente insuperablemente favorable para las empresas del exterior que se han establecido en el país. Las enmiendas a dicha ley que se aprobaron a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, así como las que han entrado en vigor en lo que ha transcurrido del presente siglo –hasta la aprobación de la Ley 73 de 2008—apuntan a mantener ese objetivo. Adviértase que, contrario a las leyes 20 y 22, históricamente la mayoría de los incentivos se han dirigido a empresas manufactureras, no a inversionistas individuales.

Desde la culminación de la “era de las empresas 936”, específicamente a partir del año 2006 hasta el presente, una alta proporción de las empresas manufactureras que operan en Puerto Rico lo hacen como “corporaciones foráneas controladas”. A partir de la aprobación de la Ley 154 del 2010, comenzando en el año fiscal 2011, el Departamento de Hacienda ha cobrado arbitrios a las corporaciones foráneas, equivalentes a cerca del 20% de los recaudos totales recibidos durante los años fiscales más recientes. Los arbitrios pagados en Puerto Rico han sido reclamados por dichas corporaciones como “créditos por impuestos pagados en el exterior”, en inglés, “foreign tax credits”, cuando radican la planilla federal

En el contexto descrito la Legislatura puertorriqueña aprobó en el año 2012 las leyes 20 y 22, bajo la premisa de que se convertirían en instrumentos importantes para atraer capital foráneo. No obstante, como se verá en los párrafos que siguen, estas leyes no han promovido la producción real de bienes en renglones como manufactura, agricultura o agroindustria, entre otros, sino que han impulsado un alto nivel de actividades especulativas a través de inversiones en bienes raíces y mediante la transferencia de fondos (ganancias) desde el exterior, los cuales se canalizan a través del sector financiero de la economía puertorriqueña.

Los estudios sobre las leyes 20 y 22 contratados por el DDEC

En dos ocasiones durante los pasados tres años el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) contrató los servicios de empresas de consultoría, con el objetivo de que realizaran estudios que midieran el impacto de las leyes 20 y 22 sobre la economía de Puerto Rico. El primer estudio fue elaborado por Estudios Técnicos, Inc. en el 2019; el segundo por Econométrika en el 2021

En síntesis, el informe de Estudios Técnicos, Inc., “revela que, bajo la ley para Fomentar la Exportación de Servicios (Ley 20), se crearon desde el 2012 hasta mediados del 2019, 36,222 puestos de trabajo”. El reportaje periodístico citado añade que “…para el año 2015, la inversión totalizó unos 500 millones de dólares… [y que] este renglón aumentó a 1,200 millones de dólares”. En una entrevista sobre los hallazgos del estudio, el ex catedrático y economista José Joaquín Villamil, principal oficial ejecutivo de Estudios Técnicos Inc., explicó que “la actividad económica asociada con la Ley 20 es dinero nuevo que proviene de mercados externos… [además] al aumentar y ampliar el mercado de exportación para Puerto Rico, se amplían las oportunidades para las empresas locales, que forman parte de sus cadenas de abasto”. El informe “…estipula que las empresas establecidas por un empresario que ostenta un decreto de Ley 22 …generan casi 4,400 puestos de trabajo. El 35 por ciento de los inversionistas acogidos bajo esta ley, han iniciado negocios en Puerto Rico, incluyendo muchos que operan bajo la Ley 20…”.

El estudio de Econométrika, realizado por el catedrático y economista José Caraballo Cueto, destaca como su principal conclusión que “a nueve años de aprobadas las medidas para atraer inversionistas residentes (antigua Ley 22), fomentar negocios de exportación de servicios (Ley 20) y amplificar el alcance de Puerto Rico como centro financiero internacional (Ley 273), “el impacto es positivo, pero hay consenso en que es un impacto moderado”. Señala que “el empleo actual sería 3% menos, entre 33,000 y 39,000 menos, si no se hubiesen aprobado las leyes… [además de que] las leyes eran responsables de un aumento de 2% en la actividad económica, que equivale a cerca de $1,245 millones”. El autor del estudio destaca que “aquí hay una oportunidad para exprimir lo que se le puede sacar a estas leyes y cambiar los aspectos no tan deseables”

Sobre los hallazgos publicados en el informe, el Secretario del DDEC enfatizó en que “el estudio demuestra que el impacto pudiera ser mayor, si logramos crear las condiciones ideales para atraer inversionistas reales…”. Llama la atención que el funcionario defiende la postura de que “el que no tenga intenciones de invertir y aportar a nuestra economía, debería pagar un impuesto mayor al que está invirtiendo y creando empleos”. De hecho, Caraballo Cueto sugiere una tasa contributiva de 12%, “la mitad de lo que pagaría en Estados Unidos”, a las personas que vienen a Puerto Rico a aprovechar la Ley 22, pero con la intención de retirarse o no crear nuevos negocios, a lo cual añade que “…si la persona viene a invertir, digamos con $2 millones o más, que pueda participar de una tasa reducida de 4%… es una ventaja corporativa muy grande de 24% a 4%, sobre todo ahora en el contexto del plan de la administración de (Joe) Biden, que es llevar a 39% la tasa de ganancias de capital”.

Hallazgos de investigaciones independientes

Aparte de los dos estudios contratados por el DDEC, se han publicado varios informes e investigaciones periodísticas en los que se subrayan serias preocupaciones sobre las consecuencias de las leyes 20 y 22. La entidad investigativa Espacios Abiertos publicó un análisis en el que se reclama que desde el año 2017 la entidad aboga “…por la publicación de un registro oficial o presupuesto de “gastos fiscales” por parte del gobierno de Puerto Rico”. Este reclamo se refiere a cuánto le cuesta al fisco el dejar de recibir impuestos de distintos tipos como consecuencia de las leyes de incentivos. El escrito destaca que “…el Departamento de Hacienda ha publicado en años recientes varios informes en los que calcula la cifra [de gastos fiscales]…”

En total, incluyendo las leyes 20 y 22, Hacienda identifica 463 categorías de leyes o “cuentas” que contribuyen, en conjunto, a una cuantiosa cifra. En resumen, los “gastos fiscales” (incentivos, exenciones, créditos, decretos y otros beneficios contributivos) son gastos no visibles (es decir, dinero no recaudado), o como bien apunta Espacios Abiertos, constituyen un “presupuesto oculto”, un hoyo negro. Para el año fiscal más reciente (2022) “[estos] ‘gastos’… se elevan a más de 23 mil millones de dólares, lo que constituye un 21% de nuestro Producto Interno Bruto (PIB) o 31% del Producto Nacional Bruto (PNB).

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicó dos estudios exhaustivos sobre las consecuencias fiscales y económicas de las leyes 20 y 22. En el primero de ellos, publicado en abril de 2021, se presenta una detallada descripción de la dinámica de las presentaciones y actividades “oficiales” para promover ambos estatutos, a cargo de individuos inversionistas que, no sólo se han beneficiado contributivamente de las referidas leyes, sino que se han convertido en una “casta de intermediarios” a favor de su continuación e implementación. En dichas presentaciones participan de manera entusiasta bufetes de abogados, compañías de mudanza, empresas de asesoría en contabilidad, compañías de gestoría y, particularmente, exfuncionarios gubernamentales. Varios de los deponentes e intermediarios han sido investigados por el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS), debido a presuntos delitos fiscales.

En el segundo estudio del CPI, publicado en junio de 2021, se afirma que “los empleos y el impacto económico que anticiparon los creadores de la ley nunca llegaron. De ser un instrumento para atraer millonarios e inversión extranjera, la Ley 22 pasó a convertirse en el refugio de aficionados de criptomonedas, personajes de You Tube y consultores”. Esta segunda publicación del CPI denuncia con evidencia contundente las diversas investigaciones realizadas por el Congreso y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en las que se acusa a individuos que se han trasladado a Puerto Rico para beneficiarse de las leyes 20 y 22. También destaca que:

“…el fracaso de la Ley 22 no se debe solo a ‘manzanas podridas’…un 10% de los 3,040 decretos otorgados desde que empezó en el 2012 hasta junio de 2020, refleja que la mayoría apenas crean empleos y representan un impacto mínimo en la economía local. Entre los negocios que se han creado se repiten las pequeñas compañías de asesoría financiera, manejo de inversiones o bienes raíces, domiciliadas en casas y apartamentos”

Enmiendas propuestas a ambos estatutos: argumentos a favor y en contra

En el año 2021 la Senadora del PIP, María de Lourdes Santiago, presentó el Proyecto del Senado 40, cuyo propósito era eliminar los incentivos de las leyes 20 y 22. Tanto el DDEC como el Departamento de Hacienda se opusieron a la medida, arguyendo que lo que había que hacer era fiscalizar de cerca a ambos estatutos. Los ex secretarios del DDEC, Antonio Colorado y Jaime Morgan Stubbe, como portavoces de un grupo de once personas y organizaciones, que incluyeron al Colegio de Contadores Públicos Autorizados y a la Asociación de Constructores, también se opusieron a la eliminación de los incentivos. La presión de los opositores –y su gran influencia política—logró que el proyecto no fuese aprobado.

A principios del mes de mayo de 2022, también en el Senado, se discutía la posibilidad de “eliminar las exenciones contributivas que otorga la Ley 22”. Los senadores Juan Zaragoza (PPD) y Thomas Rivera Schatz (PNP) radicaron el proyecto de ley, el cual “requerirá una inversión mínima de $1 millón y la creación de empleos a quienes interesen tratos preferenciales por mudarse a Puerto Rico. A su vez, la medida extenderá a contribuyentes residentes de Puerto Rico los tratos preferenciales que recibirían quienes se muden al país, siempre que cumplan con los nuevos requisitos que propone el P del S 684. Según sus coautores, “la legislación debe ayudar a Puerto Rico a combatir la imagen de paraíso fiscal que le ganó el controversial estatuto; frenará la especulación inmobiliaria en sectores turísticos o de alto precio y ayudará a la creación de empleos permanentes”. Se supone que, de aprobarse el proyecto de ley, “el inversionista cualificado, sea del exterior o residente de Puerto Rico, tendrá que crear cinco empleos directos”.

A modo de conclusión: consecuencias socioeconómicas de corto y mediano plazo

La evidencia resumida en las páginas anteriores sugiere que las leyes 20 y 22 han generado más impactos negativos que positivos en la sociedad puertorriqueña. Ambos estatutos han favorecido desmedidamente a inversionistas individuales cuyo traslado a Puerto Rico como “residentes” ha sido cuestionado, tanto por las autoridades puertorriqueñas como por distintas ramas del gobierno de Estados Unidos. Las investigaciones de la autoría de todas las delegaciones en la Asamblea Legislativa puertorriqueña revelan preocupaciones denunciadas por sectores sociales que se han visto afectados por la dinámica que han generado la puesta en marcha de ambas leyes. Por ejemplo, residentes de los barrios Puerta de Tierra y Santurce en San Juan, así como de la isla municipio de Vieques, entre otros, han reclamado atención sobre el proceso de desplazamiento al que han sido sometidos como consecuencia de las actividades especulativas de bienes raíces que se han desarrollado en sus comunidades, precisamente por beneficiarios de las leyes 20 y 22.

Además de lo que algunos consideran como el inicio de un proceso de “sustitución poblacional”, los hallazgos de los estudios examinados –tanto los contratados por el DDEC, como las investigaciones independientes—revelan que los recaudos recibidos por el Departamento de Hacienda a lo largo de más de una década no compensan el inmenso costo de oportunidad que ha recaído sobre las finanzas públicas del país, debido a los “gastos fiscales” (ingresos no recibidos) registrados por el Departamento de Hacienda. Basta con reiterar el dato que revela que los recaudos no recibidos sobrepasan los $23,000 millones, o el 31% del Producto Nacional Bruto en años recientes. Esta cifra sobrepasa por mucho el impacto positivo que haya generado la creación de entre 30,000 a 40,000 puestos de trabajo, al amparo de las leyes 20 y 22.

La intención legislativa de equiparar los incentivos que reciben los no-residentes con los de inversionistas puertorriqueños no se considera un paso que reoriente la política pública sobre un tema de tanta trascendencia. En términos de la promoción de actividades productivas, los hallazgos de los estudios analizados por el autor tampoco revelan que las leyes 20 y 22 se hayan convertido en sustitutas de los estatutos legislados desde la década de 1950 por el Congreso de Estados Unidos, los cuales se eliminaron escalonadamente entre los años 1996 y 2005. En ese sentido, los dirigentes del bipartidismo del PNP y el PPD apuestan a que los acuerdos preliminares a los que han llegado con el Tesoro de Estados Unidos se pongan en marcha a partir del año 2023, lo que permitiría que el andamiaje industrial-manufacturero que ha sostenido la lógica de la relación económica y política con Estados Unidos se mantenga en el futuro previsible. Ni la Ley 20, ni la 22, han probado su capacidad de sustituir la dinámica de dicho andamiaje porque los empleos, la producción y el ingreso que generan no se acerca ni remotamente a la aportación de los sectores productivos tradicionales de la economía de Puerto Rico. Esta conclusión se desprende tanto de los estudios contratados por el DDEC, como de los hallazgos de estudios e investigaciones independientes.

No obstante, la información disponible hasta el momento en que se publica este escrito apunta a que la administración del gobernador Pierluisi, en coordinación con la mayoría del PPD en la Legislatura, impondrán las enmiendas que le “extiendan la vida” a las leyes 20 y 22. Esto significará que la visión sobre los incentivos contributivos como pieza clave en la dinámica de la economía puertorriqueña podría continuar por tiempo indefinido, a pesar de los altos costos fiscales y socioeconómicos que esa concepción del proceso de desarrollo ha acarreado para los sectores más vulnerables del país.

 

 

¹Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico. El impacto en el empleo y la producción de las leyes 20, 22 y 273, Rescatado de https://www.ddec.pr.gov/images/DDEC%20-%20Infographic%20Ley%2020,%2022%20y%20273.pdf
²Ibid.
³Rescatado de Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. https://www.ddec.pr.gov/codigo-de-incentivos#:~:text=Uno%20de%20los%20beneficios%20de,intereses%2C%20y%20ganancias%20de%20capital
⁴Para una breve reflexión sobre el tema refiérase a la columna del ex catedrático y economista René Marqués Velasco Los Incentivos no son suficientes. Rescatado de https://www.elnuevodia.com/opinion/punto-de-vista/los-incentivos-no-son-suficientes/domingo, 7 de julio de 2019.
⁵La Ley 154, del 25 de octubre de 2010 impuso un arbitrio temporero, que años más adelante se convirtió en permanente, sobre ciertas adquisiciones por individuos, corporaciones o sociedades no residentes, de productos fabricados total o parcialmente en Puerto Rico, y de servicios relacionados a dichos productos, de entidades afiliadas al comprador. Refiérase a https://vlex.com.pr/vid/ley-num-154-25-598317114 para información más detallada sobre este estatuto, cuya vigencia culmina el 31 de diciembre de 2022, aunque al momento de redactar el presente escrito, dicha fecha podría posponerse.
⁶Al momento de redactar este escrito el Departamento de Hacienda anunció que, a partir del año 2023, las corporaciones foráneas comenzarían a pagar más impuestos sobre ingresos, precisamente debido a lo que se explica en la nota al calce anterior. Esto, sin embargo, dependerá de la aprobación de legislación en Puerto Rico y de que se logre un acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos, mediante el cual continuaría en vigor el “foreign tax credit”.
⁷Estudios Técnicos, Inc. Performance of Incentives Programs: [Act 20-2012], [Act 22-2012]. Rescatado de 2019-Performance-of-Incentives-Programs%20Acts%2020%20and%2022.pdf.
⁸Econométrika, The Eemployment and Output Impacts of the 2012 Acts 20, 22 and 273. Rescatado de https://www.ddec.pr.gov/images/DEDC%20The%20Employment%20and%20Output%20Impact%20of%20Act%2020%2022,%20and%20273.pdf.
⁹ Cybernews, Revelan resultados de implementación de leyes 20 y 22 en Puerto Rico. 12 de noviembre de 2019. Rescatado de https://cb.pr/revelan-resultados-de-implementacion-de-leyes-20-y-22-en-puerto-rico/.
¹⁰Ibid.
¹¹Ibid.
¹²Ibid.
¹³

 Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. DDEC revela resultados de estudio sobre el impacto económico de las Leyes 20, 22 y 273. Viernes 9 de julio de 2021. Rescatado de https://www.ddec.pr.gov/ddec-revela-resultados-de-estudio-sobre-el-impacto-economico-de-las-leyes-20-22-y-273. Refiérase también a: DDEC. El impacto en el empleo y la producción de las leyes 20, 22 y 273, Rescatado de https://www.ddec.pr.gov/images/DDEC%20-%20Infographic%20Ley%2020,%2022%20y%20273.pdf. Argumentos adicionales presentados por el autor del referido estudio se presentan en Caraballo Cueto, José. La Ley 20, la 22 y otros incentivos desaprovechados. Jueves, 25 de marzo de 2021. Rescatado de https://www.elnuevodia.com/opinion/punto-de-vista/la-ley-20-la-22-y-otros-incentivos-desaprovechados/, y Caraballo Cueto, José. Leyes 20 y 22 de 2012: impacto y oportunidades. Martes, 13 de julio de 2021. Rescatado de https://www.elnuevodia.com/opinion/punto-de-vista/leyes-20-y-22-de-2012-impacto-y-oportunidades/.
¹⁴ DDEC, DDEC revela resultados…op cit.
¹⁵ Ibid.
¹⁶ Ibid.
¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.
¹⁹ Ibid. Refiérase también a los dos artículos de Caraballo Cueto citados anteriormente.
²⁰ Espacios Abiertos, A favor de un informe público de créditos, incentivos y exenciones. Rescatado de https://espaciosabiertos.org/privilegios-contributivos/?fbclid=IwAR13JfXdC4z5Jyv9kAii6xxY9Q1_TbzEjptN3NzuOxSTyVg1dryWmKohAY4.
²¹ Ibid.
²² Ibid. Los informes del Departamento de Hacienda se han publicado durante varios años recientes bajo el título Puerto Rico Tax Expenditure Report. El último informe (año 2022) aparece en la página cibernética del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, en el enlace https://hacienda.pr.gov/informes-de-gastos-tributarios.
²³ Espacios Abiertos, op. cit.
²⁴ Ibid.
²⁵ Cintrón Arbasetti, Joel. Las leyes 20 y 22 crearon una casta de intermediarios que gestiona exenciones contributivas. Centro de Periodismo Investigativo. 8 de abril de 2021. Rescatado de https://periodismoinvestigativo.com/2021/04/las-leyes-20-y-22-crearon-una-casta-de-intermediarios-que-gestiona-exenciones-contributivas/.
²⁶ Ibid. La ley 60 de 2019, citada anteriormente, establece un nuevo programa de Promotor Cualificado. Bajo ese programa, la cantidad del incentivo a los promotores cambió de un 75 a un 50%, por un período de 10 años en vez de 15. Estos cambios se refieren a los incentivos a promotores ofrecidos en la legislación original. Sobre el tema de las violaciones de ley de beneficiarios de la Ley 22 refiérase a Delgado Rivera, José Orlando. Manuel Cidre rechaza que fugitivo canadiense arrestado en la isla sea beneficiario de la Ley 22. lunes, 28 de febrero de 2022. Rescatado de https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/notas/manuel-cidre-rechaza-que-fugitivo-canadiense-arrestado-en-la-isla-sea-beneficiario-de-la-ley-22/
²⁷ Valentín Ortiz, Luis J, Joel Cintrón Arbasetti y Dalila M. Olmo López. Fracasa la exención contributiva de la Ley 22. Centro de Periodismo Investigativo. 24 de junio de 2021. Rescatado de https://periodismoinvestigativo.com/2021/06/fracasa-la-ley-22/.
²⁸ Ibid. Relacionado con este tema, véase también a Minelli Pérez, Sharon. Revocan 257 decretos por Ley 22. Jueves, 26 de mayo de 2022. Rescatado de https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/notas/revocados-257-decretos-por-ley-22/
²⁹

 Refiérase a los artículos: Sin Comillas. A favor y en contra de eliminar las leyes 20/22. 14 de julio de 2021. Rescatado de https://sincomillas.com/a-favor-y-en-contra-de-eliminar-de-las-leyes-20-22/, y García Pelatti, Luisa. La eliminación de las leyes 20/22 provocaría incertidumbre. 15 de julio de 2021. Rescatado de https://sincomillas.com/la-eliminacion-de-las-leyes-20-22-provocaria-incertidumbre/.  El tema se discute también en Vázquez Colón, Brenda A. Posiciones encontradas ante la posible enmienda a los decretos contributivos, EL VOCERO, 11/05/2022. Rescatado de https://www.elvocero.com/economia/finanzas/posiciones-encontradas-ante-la-posible-enmienda-a-los-decretos-contributivos/article_973c8f4c-d0cd-11ec-8291-6b38760c1836.html.
³⁰

 González, Joanisabel. Proyecto del Senado eliminaría las exenciones contributivas que otorga la Ley 22. Rescatado de https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/notas/proyecto-del-senado-eliminaria-las-exenciones-contributivas-que-otorga-la-ley-22/. sábado 7 de mayo de 2022. Refiérase también a Caro González, Leysa. Podrían requerir mayor inversión bajo la Ley 22, lunes, 9 de mayo de 2022. Rescatado de https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/notas/podrian-requerir-mayor-inversion-bajo-la-ley-22/.
³¹

 Sobre este tema, refiérase a Minelli Pérez, Sharon. El criptomillonario Brock Pierce aspira al Senado federal por Vermont aunque tiene decreto por Ley 22. miércoles, 5 de enero de 2022. Rescatado de https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/notas/el-criptomillonario-brock-pierce-aspira-al-senado-federal-por-vermont-aunque-tiene-decreto-por-ley-22/.
³² González, Joanisabel, Proyecto del Senado eliminaría…, op. cit.
³³ Ibid.
³⁴ Ibid.
³⁵ Delgado, José A. Nydia Velázquez cuestiona al Tesoro federal sobre inversionistas de criptomoneda que hacen uso de la ley 60 en Puerto Rico. martes, 8 de febrero de 2022. Rescatado de https://www.elnuevodia.com/corresponsalias/washington-dc/notas/nydia-velazquez-cuestiona-al-tesoro-federal-sobre-inversionistas-de-criptomoneda-que-hacen-uso-de-la-ley-60-en-puerto-rico/

³⁶ Díaz Tirado, Adriana. El desplazamiento es la orden del día. Viernes, 27 de mayo de 2022. Rescatado de https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/el-desplazamiento-es-la-orden-del-dia-lideres-de-comunidades-desplazadas-exigen-la-derogacion-de-la-ley-22/. Refiérase también a Colón Dávila, Javier. Cidre rechaza que se esté ejecutando un proceso de desplazamiento debido a los beneficios de la Ley 22, miércoles, 23 de marzo de 2022. Rescatado de  https://www.elnuevodia.com/noticias/legislatura/notas/cidre-rechaza-que-se-este-ejecutando-un-proceso-de-desplazamiento-debido-a-los-beneficios-de-la-ley-22/

El Profesor Edwin Irizarry Mora posee un doctorado en Estudios del Desarrollo del “Institute of Development Studies” (IDS) de la Universidad de Sussex, en Inglaterra. Entre los años 1989 y 2019 se desempeñó como catedrático en economía en el Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Fue presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico y ha elaborado decenas de artículos académicos, capítulos de textos universitarios, trabajos técnicos y estudios profesionales. Es autor de Economía de Puerto Rico, publicado por McGraw-Hill, y Fuentes energéticas, luchas comunitarias y medioambiente en Puerto Rico, publicado por la Editorial de la Universidad de Puerto Rico. Durante el periodo de julio de 2022 a julio de 2023 colabora como Investigador Afiliado para el Centro de Estudios de Migración de la Universidad de Oxford.

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