Las elecciones de 2024 en Puerto Rico fueron sorprendentes de formas diversas. Algunos resultados no se veían en Puerto Rico desde mediados del siglo pasado y otros parecieron enigmáticos o contradictorios.[1]
Por un lado, el Partido Nuevo Progresista ganó la gobernación por tercera vez consecutiva. No se había visto desde que el Partido Popular Democrático triunfó cinco veces entre 1948 y 1964. Además, logró una mayoría legislativa que excedió las dos terceras partes en Cámara y Senado, y se activó la disposición constitucional de adición de escaños minoritarios. El PNP lo logró a pesar de serios conflictos internos sufridos en los dos cuatrienios anteriores. Primero, el gobernador Ricardo Rosselló tuvo que renunciar como resultado de la indignación general por un censurable chat con subalternos políticos y las manifestaciones multitudinarias en el verano de 2019. Luego ocurrió la usurpación inconstitucional de la gobernación
por Pedro Pierluisi, defenestrado por el Tribunal Supremo, y el ascenso de la secretaria de justicia Wanda Vázquez al cargo de gobernadora.[2] Al año siguiente Pierluisi la venció en la primaria interna y logró la gobernación en las elecciones del 2020. Ese cuatrienio se caracterizó por más conflictos internos y culminó con que la entonces comisionada residente Jennifer González lo retara y venciera en la primaria, para luego lograr la elección como gobernadora con un apoyo minoritario, pero mayor que el obtenido por Pierluisi cuatro años antes.
En contraposición, el candidato a comisionado residente del Partido Popular Democrático, Pablo José Hernández, resultó electo con una cantidad de votos muy superior a los obtenidos incluso por Jennifer González para la gobernación. Además, el PPD logró la mayoría de las alcaldías. En marcado contraste, por primera vez en la historia electoral del PPD su candidato a la gobernación, Jesús Manuel Ortiz, solo obtuvo el 21% de los votos, relegado a un tercer lugar.
Por otra parte, dos partidos políticos —el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana— decidieron hacer lo que no se veía en Puerto Rico desde 1948: formar una alianza que amplificara sus fuerzas electorales. En el 2020, sus esfuerzos separados habían logrado que cada una de sus candidaturas a la gobernación lograra cerca de 14% de los votos. Decidieron aunar fuerzas y coordinar esfuerzos, pero desde un principio encontraron obstáculos impuestos por los partidos que se habían turnado en el poder. En 2011 un nuevo Código Electoral aprobado por el PNP había prohibido que una persona pudiera figurar como candidata de más de un partido político en la papeleta. Las leyes electorales anteriores lo habían permitido por casi cien años, pero el PNP temía que la coligación podía representar una amenaza en un momento de debilidad electoral. De hecho, perdieron las elecciones del año 2012. El PPD ofreció posteriormente derogar la prohibición reproducida en el Código Electoral de 2020, pero ni siquiera lo propuso cuando pudo hacerlo. El bipartidismo entronizado desde mediados del siglo XX rehusaba facilitar que otras fuerzas pudieran prevalecer. El PIP y el MVC cuestionaron la constitucionalidad de prohibir coligaciones, pero los tribunales lo validaron.[3]
También recurrieron a los tribunales cuando el PNP y el PPD cuestionaron unas candidaturas de Victoria Ciudadana —que había optado por seleccionar candidatos no en primarias sino en asambleas de miembros del partido— aduciendo que no habían cumplido con recoger endosos a las candidaturas. Eso siempre se había aplicado únicamente a candidatos que compitieran en primarias, y no en un método alterno. Una vez más el poder judicial resolvió a favor de los demandantes, dificultando esfuerzos que amenazaran el bipartidismo PNP-PPD.[4] Esto privó al MVC de candidaturas por acumulación para la legislatura, obligándolo a promover la nominación directa, es decir, que se escribiera en la papeleta los nombres de las personas nominadas, las cuales no resultaron electas.
Aun ante esas adversidades, el PIP y el MVC comparecieron a la elección cumpliendo con las abusivas exigencias legales validadas por los tribunales. En diversos cargos municipales y legislativos postularon candidaturas apoyadas por el otro partido; en otras, compitieron «fraternalmente» sin atacarse mutuamente. Las candidaturas más notables de la Alianza fueron: a la gobernación el candidato del PIP Juan Dalmau Ramírez; a la comisaría residente, Ana Irma Rivera Lassén del MVC; y a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal, de Victoria Ciudadana, mientras que el PIP no postuló a nadie para dicha posición.
Esas elecciones marcaron un importante punto de inflexión. A pesar de los obstáculos jurídicos y legales, Juan Dalmau, candidato del PIP, que favorece la independencia de Puerto Rico, apoyado por la alianza con el MVC, obtuvo el 31% de los votos emitidos para la gobernación. Por primera vez desde 1952 la candidatura del PIP logró un porciento que nunca había alcanzado, colocándose en segundo lugar, ante el 41% de la candidata del partido que apoya la admisión de Puerto Rico como un estado federado. Además, al activarse la disposición constitucional de adición de escaños de minoría,[5] estos correspondieron a Adrián González Costa, del PIP, en el Senado, y a Adriana Gutiérrez y Nelie Lebrón, también del PIP, en la Cámara de Representantes. Debido a las dificultades y obstáculos que enfrentó la alianza, Victoria Ciudadana no pudo elegir personas a la Asamblea Legislativa, e incluso perdió su franquicia electoral.
Además de la elección general del gobierno, también hubo una votación «plebiscitaria» no vinculante diseñada por la mayoría legislativa del PNP para promover que las personas que apoyan la estadidad fueran a votar y no se quedaran en casa, y además aprovechar que aquellas que fueran a votar por las candidaturas del partido, también votaran por la estadidad. La papeleta de votación contenía tres opciones: estadidad, independencia y soberanía en libre asociación con los Estados Unidos. Por razones distintas, los partidos minoritarios cuestionaron dicha votación y promovieron que sus miembros se abstuvieran, ejerciendo su voto en blanco sin marcar la papeleta, o insertando marcas que la anularan. El 16% del total de votos emitidos fueron en blanco o de alguna manera anulados; seguramente no favorecían la estadidad. Según los resultados anunciados la noche de los comicios, del total de votos emitidos, incluyendo votos en blanco y anulados, la opción de la estadidad obtuvo cerca de 50%, la independencia obtuvo 26% y la libre asociación el 10%. Semanas después la Comisión anunció que había habido un misterioso error de programación en las máquinas electrónicas, y se invirtieron los resultados de independencia y libre asociación. Debido a una artificiosa disposición de la ley que ordenó la celebración de esta votación sobre estatus, los números oficiales certificados solo incluyen los votos emitidos por una de las fórmulas dispuestas en la papeleta, excluyendo del cómputo oficial los votos de papeletas en blanco y dañadas. En consecuencia, se certificó que la estatidad obtuvo un irreal —por no decir falaz— 58% de los votos.
Tanto el resultado original como el final revelan una profunda polarización de las fuerzas políticas en Puerto Rico entre la admisión como estado de los Estados Unidos y el reclamo de soberanía separada, ya sea a través de la independencia plena o mediante un tratado de libre asociación con los Estados Unidos. Para entender los resultados de esta elección, es preciso echar una mirada al pasado.
Orígenes históricos de la realidad política puertorriqueña
Luego de que los Estados Unidos conquistaron a Puerto Rico en 1898, mediante el tratado suscrito en París, España les cedió la soberanía que había ejercido durante cuatro siglos sobre el país.[6] Curiosamente, ese tratado no reprodujo el mismo lenguaje utilizado para la anexión de todos los territorios adquiridos desde el otro Tratado de París, de 1783, en que Gran Bretaña reconoció la independencia de la nueva nación.[7] Aquel instrumento incluía dentro de la geografía de la nueva nación independiente una inmensa franja al oeste de los estados originales hasta el río Misisipi. En 1787 el Congreso Continental diseñó un plan para el manejo de aquel «Territorio del Noroeste».[8] Todas las adquisiciones —por cesión, compra o conquista— a lo largo del siglo XIX siguieron el mismo esquema para extender gradualmente las fronteras de la nación hasta el Pacífico, y más allá hasta Alaska y Hawái. El plan fue colonizar esas extensas tierras incentivando movimientos demográficos significativos, para luego gobernarlos mediante leyes orgánicas durante un periodo de tiempo indefinido. El objetivo final siempre fue admitir los territorios anexados como nuevos estados, en igualdad de condiciones con los originales (on an equal footing with the original states).
En el Tratado de París de 1898 los Estados Unidos adquirieron los territorios de Puerto Rico, Guam y las Islas Filipinas,[9] e impusieron un control dominante sobre Cuba durante más de medio siglo. No perseguían extender las fronteras de la nación sino lograr objetivos económicos y estratégico-militares. Buscaban nuevas fuentes de materias primas, nuevos lugares para la inversión de capital estadounidense y nuevos mercados cautivos para mercancías producto de la revolución industrial. Querían penetrar los mercados de América y de Asia para competir con otras economías pujantes. Esos intereses económicos estadounidenses requerían una presencia militar significativa en los nuevos polos de inversión. Además, se vislumbraba retomar el fracasado proyecto de Francia de abrir un canal interoceánico en Panamá, que requeriría control estratégico del Mar Caribe. Ninguno de los nuevos territorios estaba destinado a ser parte de los Estados Unidos, sino servir sus intereses económicos y estratégicos.
Luego de someter a Puerto Rico a un gobierno militar, a partir del 1900 los Estados Unidos gobernaron el país mediante leyes orgánicas dictadas por el Congreso en ejercicio de su poder constitucional plenario para disponer las reglas que estime convenientes para los territorios. El primer gobierno civil bajo la Ley Foraker de 1900 creó un gobierno controlado por el presidente de los Estados Unidos, que nombraba al gobernador, al Consejo Ejecutivo (que fungía de gabinete y de segundo cuerpo legislativo), y los jueces del Tribunal Supremo. El presidente podía también vetar cualquier ley aprobada por la legislatura y el gobernador del territorio.[10]
Bajo este régimen, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió los llamados Casos Insulares, que constitucionalizaron la diferencia entre los anteriores territorios incorporados y los nuevos territorios no incorporados. Todos estarían sujetos al poder congresional pero los recién adquiridos no serían parte de los Estados Unidos, la Constitución no sería de aplicación ex proprio vigore y sus habitantes no tendrían los mismos derechos constitucionales. El Congreso podría gobernar los territorios sin la inconveniencia de límites que la Constitución impone al ejercicio del poder legislativo.[11]
La Ley Jones de 1917 creó un Senado y declaró a todos los habitantes de Puerto Rico ciudadanos de los Estados Unidos.[12] Había comenzado la «Gran Guerra» en Europa y era inminente que los Estados Unidos también se integraran a dicho conflicto ese mismo año. Se temía que Alemania fuera una amenaza al control estadounidense en el Caribe si decidía invadir las colonias que sus adversarios tenían en la zona, a saber, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Países Bajos y los mismos Estados Unidos. La naturalización masiva de los habitantes de Puerto Rico era una medida preventiva ante posibles designios bélicos alemanes. Nunca ocurrió la invasión temida, pero se mantuvo el control absoluto de los Estados Unidos sobre Puerto Rico, ahora «validado» con que sus habitantes eran ciudadanos estadounidenses contra la voluntad de los representantes del pueblo. La Cámara de Delegados, el único cuerpo representativo bajo la ley orgánica Foraker, había expresado su oposición cuando se discutía el asunto en el Congreso.[13] De todos modos, la imposición de la ciudadanía no «incorporó» a Puerto Rico; sus habitantes estaban marcados con el carimbo de la ciudadanía, pero el territorio no sería parte de los Estados Unidos, según resolvió la Corte Suprema en 1922, en el caso de Balzac v. People of Porto Rico.[14]
Durante la primera mitad del siglo XX, Puerto Rico se caracterizó por extrema pobreza, dependencia económica, subordinación política, indoctrinación y persecución de la disidencia. El modelo colonial generó insatisfacción creciente en el pueblo de Puerto Rico mientras diversas fuerzas políticas se debatían entre propuestas de independencia plena y la admisión de Puerto Rico como un estado federado. La fuerza dominante era el independentismo.
La nueva narrativa: mito engañoso para tergiversar la realidad
Luego de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la Organización de Naciones Unidas, surgió un consenso internacional contra el colonialismo y comenzó a reconocerse el derecho de libre determinación de todos los pueblos por el derecho internacional. Con el fin de responder a los reclamos puertorriqueños de repudio al régimen colonial, los Estados Unidos introdujeron modificaciones para generar la impresión de un gobierno propio. Primero se legisló para que el cargo de gobernador fuera electo por el pueblo y no designado por el ejecutivo federal.[15] Luego se aprobó la Ley 600 de 1950[16] para lograr el consentimiento del pueblo a la relación política, jurídica y económica existente mediante la adopción de una «Constitución» que propuso Puerto Rico y aprobó con cambios el Congreso.[17] Se urdió la narrativa de que la relación había cambiado, que habíamos dejado de ser un territorio y que la nueva relación se regiría por un pacto bilateral. Fue exitosa la nueva narrativa en la Asamblea General de Naciones Unidas, que en 1953 aprobó por pluralidad una resolución que sacó a Puerto Rico de la lista de territorios coloniales.[18] Ya no sería necesario rendir informes periódicos, conforme a la Carta de Naciones Unidas, sobre pasos hacia la libre determinación de pueblos que no hubieran alcanzado gobierno propio. Prevaleció el constructo de que Puerto Rico ya lo había logrado.
La creación del «Estado Libre Asociado» coincidió con el crecimiento económico dramático que ocurrió en los Estados Unidos luego de la guerra, el cual percoló a Puerto Rico mediante una estrategia de promoción de industrias mediante inversión de capital estadounidense. Durante varias décadas, prevaleció la idea de crecimiento, con la inyección de transferencias de fondos federales a Puerto Rico para mantener a flote la economía. Sin embargo, se trataba de crecimiento de una economía dependiente y no de desarrollo económico real. En el último cuarto del siglo XX, los diversos gobiernos de Puerto Rico recurrieron a incrementar la deuda pública para mantener las operaciones del gobierno, y hasta incurrir en nueva deuda para pagar la existente. Aunque ya se pronosticaba desde los años 70, la deuda llegó a niveles insospechados y se deterioró gradualmente el crédito de Puerto Rico, hasta llegar a «deuda chatarra» (junk bonds) en la segunda década del siglo XXI. Ya no había crédito, la deuda era impagable, el gobierno estaba y sigue estando en quiebra.
El cuadro económico de las pasadas dos décadas se ha tornado tenebroso. Cerca de la mitad de la población está bajo el nivel de pobreza y depende de ayudas gubernamentales para la satisfacción de necesidades básicas. La tasa de «crecimiento» económico ha sido negativa, una de las más bajas del mundo, mientras que la extracción de riqueza del territorio que nutre las arcas de la economía estadounidense triplica los fondos federales que reciben el gobierno y las personas. Los impuestos se han disparado. La población se ha reducido de cerca de 3.8 millones en 2010 a alrededor de 3.1 en 2022 principalmente como resultado de emigración provocada por la crisis económica. La quiebra ha reducido marcadamente los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. Se han multiplicado los problemas sociales en áreas esenciales tales como la salud, la educación, el crimen, la adicción a drogas, entre otros. Se ha deteriorado el medio ambiente. La corrupción gubernamental ha llegado a niveles intolerables. Lo que se llegó a caracterizar como «lo mejor de dos mundos» se ha tornado en lo peor de (casi) todos los mundos. El espejismo de mediados de siglo se esfumó.[19]
En el siglo XXI también el gobierno de los Estados Unidos ha abandonado la idea de que había terminado el régimen territorial. Tres informes de la Comisión Presidencial sobre el Estatus de Puerto Rico, inicialmente creada por Bill Clinton, y luego redesignada por George W. Bush y Barack Obama, concluyeron en 2005, 2007 y 2011 que Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos, sujeto a los poderes plenarios del Congreso, al punto de que se puede derogar cualquier medida de autogobierno e incluso ceder el territorio a otro país sin consultar a los habitantes.[20]
La Corte Suprema también se ha unido al coro revocatorio del engaño que encubría la territorialidad. Desde 1980 había decidido en Harris v. Rosario[21] que el Congreso podía tratar a Puerto Rico distinto en materia de programas sociales que autorizan transferencias de fondos federales a Puerto Rico, en ejercicio de su poder plenario sobre los territorios. Cuatro décadas después, ya no hay duda. Las decisiones de la Corte Suprema en Puerto Rico v. Sánchez Valle (2016)[22], Puerto Rico v. Franklin California Tax Free Trust (2016)[23] y Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico v. Aurelius Investment (2020)[24] se deben caracterizar como los Casos Insulares del siglo XXI. Se ha regresado a lo que ha sido siempre Puerto Rico: un territorio no incorporado de los Estados Unidos, que no es parte de los Estados Unidos, totalmente carente de soberanía, y sujeto a los poderes plenarios del Congreso aunque sin participación real en la aprobación de leyes que le afectan. Es decir, una colonia.
La realidad actual nos retrotrae al 1898 y a las leyes orgánicas de principios de siglo XX con la Ley PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stabilization Act or PROMESA) aprobada en 2016.[25] Con el fin de manejar la quiebra del gobierno, la ley creó una Junta de Supervisión y Gerencia Financiera (Financial Oversight and Management Board) integrada por siete personas designadas por el presidente y líderes congresionales. Dicha junta puede modificar cualquier ley o decisión del gobierno de Puerto Rico. Se creó como una dependencia del gobierno de Puerto Rico, que viene obligado a financiar sus operaciones aunque no responde a nadie en Puerto Rico; todo lo contrario, todo el gobierno de Puerto Rico tiene que acatar lo que disponga dicha junta imperial. Es la manifestación más reciente del carácter colonial del régimen territorial que han impuesto los Estados Unidos sobre Puerto Rico desde hace 127 años. Resulta que el «estado libre asociado» no es estado, ni libre ni asociado.
Respuesta del pueblo a las nuevas condiciones
A la luz de este trasfondo histórico, caracterizado por la explotación económica de Puerto Rico bajo un régimen colonial que ha fracasado y creado las condiciones para dos décadas de crisis económica, el pueblo ha empezado a comprender su realidad. Varias generaciones se habían criado bajo el lema de que «si no fuera por los americanos nos moriríamos de hambre». Ahora todas las personas han sufrido la crisis energética que arropa al país, o han visto los daños al medioambiente ante la incompetencia gubernamental y el predominio de intereses económicos ajenos, por encima de la calidad de nuestras tierras, nuestras playas, nuestras aguas y nuestro aire. El deterioro físico con edificios abandonados es la orden del día en los centros urbanos. Es evidente para mucha gente el menoscabo de nuestra educación y la politización de la agencia responsable. Con gran tristeza la gente ha visto el deterioro de la Universidad de Puerto Rico. La inmensa mayoría de la población ha sufrido de alguna manera la crisis de acceso a los servicios de salud. Las personas adultas mayores han sufrido los deficientes servicios básicos a que deben tener derecho y la emigración de sus parientes que podían servirles de apoyo. Resulta evidente tanto para mayores como jóvenes la politización abusiva del poder político, incluso en la judicatura. El sentido de inseguridad debido al crimen rampante amenaza a todo el mundo. Y por supuesto, los medios noticiosos informan a diario casos de corrupción por funcionarios para fines políticos o para enriquecimiento personal.
La nueva realidad contribuyó a la polarización de fuerzas políticas que se manifestó en el 2024. La campaña electoral proyectó las candidaturas del PIP y del MVC como una fuerza creciente contra el bipartidismo que permitió el engaño de mediados de siglo XX y los gobiernos ineptos y corruptos que han provocado la crisis política, económica y social del país. La alianza entre el PIP y el MVC proyectó un compromiso de colaboración con otros sectores políticos y sociales por encima de la percepción del tribalismo tradicional. Muchas personas influyentes a quienes no se les asociaba con esos dos partidos se unieron a estos esfuerzos mediante los medios y las redes sociales, alimentando un espíritu de esperanza. Por encima de la dependencia económica, el sentido de impotencia y la sumisión a la autoridad externa, germinó en mucha gente un compromiso con el trabajo solidario hacia una nueva forma de gobernar, de atender los problemas del país y de promover los derechos humanos para satisfacer las necesidades básicas de la gente.
Una mirada hacia atrás y lo que depara el futuro
Los resultados electorales del 2024 son en alguna medida similares a lo ocurrido en los años 50 del siglo pasado como resultado de las condiciones de aquel momento, cuando el PIP se proyectó como el segundo partido en 1952, tanto en votos a la gobernación como en la elección de una delegación legislativa ampliada. ¿Son similares las condiciones actuales?
En aquella época había un gobierno hegemónico del PPD que logró convencer al país (y a casi todo el mundo) de que las cosas habían cambiado. Según la narrativa justificadora, supuestamente Puerto Rico había dejado de ser una colonia y el país estaba desarrollándose económicamente todo gracias a los EE. UU. Además, mucha gente pensaba que nos protegían de la amenaza que se percibía sobre nosotros con la guerra fría. Hoy día, también hay un gobierno hegemónico que ha ganado tres elecciones consecutivas y controla absolutamente las tres ramas del gobierno. Pero ya nadie cree que hayamos dejado de ser una colonia, aunque alguna gente quiere continuar sumisamente en esa ilícita condición de subordinación política. Nadie cree que estamos desarrollándonos económicamente; al contrario, todo el mundo sabe que el gobierno está en quiebra y no provee los servicios básicos que necesita la gente. Muchas personas han emigrado debido a las condiciones económicas. Peor aún, muchas de las personas que corren el gobierno son corruptos.
En los EE. UU. la realidad también ha cambiado. La economía de la posguerra era boyante, y sus efectos percolaban a Puerto Rico. Especialmente en los años 50 y 60, el gobierno pudo ampliar el «estado benefactor» que se había institucionalizado desde el «Nuevo Trato» en los años 30 y 40. La PRERA y la PRRA mutaron hacia los «cupones de alimentos» y otros programas «sociales». La dependencia colonial se nutrió de dichos programas diseñados para aumentar la demanda que requería la economía de mercado. De paso se beneficiaron poblaciones discriminadas.
Con el triunfo del nuevo Partido Republicano dirigido por Donald Trump y multimillonarios, el gobierno federal está cambiando radicalmente. En el ámbito internacional, están regresando al aislacionismo que los caracterizaba en el siglo XIX y principios del XX, amenazando afectar el actual orden político y económico internacional. Han llegado al extremo de la hostilidad abierta hacia aliados históricos como Canadá, México y Europa. Políticamente, la orientación autoritaria de Trump genera graves preocupaciones sobre el advenimiento de una era fascista, en menoscabo de la tradicional versión estadounidense de democracia y el estado de derecho.
En términos económicos, valores de ultraderecha pretenden desmontar el aparato gubernamental federal en un giro hacia un liberalismo originario de siglo XIX, al que ahora se le llama conservadurismo. La estrategia de imponer significativas tarifas de importación a productos de Canadá, México, China, y otros países, así como el efecto retaliativo de dichos países amenazan retrotraer el orden económico mundial más de setenta años. Personas expertas en economía pronostican que esa política tendrá un efecto inflacionario negativo. Todo indica que los «beneficios» que fomentan la dependencia se van a reducir. Con la proscripción de políticas de «diversidad, equidad e inclusión», también se ve amenazada la protección de derechos humanos lograda mediante décadas de intensas luchas sociales.
En Puerto Rico, ganó las elecciones de 2024 el PNP que, al igual que el deteriorado PPD, postula la estadidad con promesa de «igualdad» y «paridad» en programas sociales. Pero allá en Washington está más lejos que nunca la posibilidad de que siquiera se considere una propuesta de incorporar a Puerto Rico como estado, y menos aún la paridad en la asistencia pública para el territorio no incorporado.
Por otro lado, también hay que considerar qué va a pasar en cuanto a la promoción de los intereses económicos de quienes controlan el poder. Aunque la actitud ante la asistencia social podría significar que el gobierno de Trump quiera «salir de Puerto Rico» viabilizando la soberanía, las políticas neoliberales extremistas y los intereses económicos del gran capital podrían promover aun más explotación económica de Puerto Rico, manteniendo el régimen colonial y posponiendo indefinidamente el ejercicio de la libre determinación. Siempre lo justifican con que «en Puerto Rico no se ponen de acuerdo sobre lo que quieren.» Las expresiones de Trump sobre Canadá, Groenlandia, Panamá y hasta la «Riviera del Cercano Oriente» en Gaza, pueden sugerir el regreso al imperialismo flagrante y sin tapujos retóricos.
A diferencia de lo que ocurría en los años 50 del siglo pasado, que provocó en poco tiempo la merma en el apoyo a las propuestas progresistas de libre determinación y justicia social, la situación actual puede propiciar la ampliación del apoyo que se manifestó en el 2024. Bien sea por la desarticulación de los programas que fomentan la dependencia, o mediante la más severa explotación económica dentro del régimen colonial, todo apunta hacia mayor crisis política, social y económica.
Los resultados electorales del 2024 sirven de punto de partida para elaborar la agenda del futuro, aprovechando el repudio que ha comenzado a manifestarse a las condiciones actuales. Será tarea de las organizaciones políticas, sociales, profesionales y gremiales desarrollar estrategias desde sus respectivas trincheras de lucha para lograr cambios significativos. Se pueden lograr metas comunes mediante visiones y estrategias diversas sin competir o confligir con las de otras organizaciones. Hay que promover políticas públicas para transformar el régimen colonial, arrancar la corrupción de las estructuras gubernamentales y adelantar los derechos humanos y la justicia social. Queda mucho por hacer, pero se puede atisbar la luz al final del túnel.
FIN
REFERENCIA [1] Puede acceder a los diversos resultados de las elecciones generales del 2024 en el portal de la Comisión Estatal de Elecciones, ceepur.org. Para otros resultados de elecciones anteriores, puede acceder a https://ww2.ceepur.org/Home/EventosElectorales. [2] Senado de Puerto Rico v. Gobierno de Puerto Rico, 203 D.P.R. 62 (2023). [3] MVC y PIP et al. v. ELA, 2023 TA 2074, 30 de agosto de 2023. [4] Rivera Segarra et al. v. Rivera Lassén et al., 213 D.P.R.___, 2024 T.S.P.R. 60. [5] La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone en su Art. II, § 7 que cuando un partido logra más de dos terceras partes de los escaños en una de las cámaras legislativas, hay que adicionar escaños de minoría, hasta un máximo de nueve (9) en el Senado y diecisiete (17) en la Cámara de Representantes, en proporción a los votos obtenidos por las candidaturas a la gobernación de los partidos de minoría que hayan retenido su franquicia electoral. [6] Treaty of Peace, U.S.-Spain, Dec. 10, 1898, 30 Stat.1754. [7] Treaty of Paris, U.S.-Gr.Brit., Sept. 3, 1783, Gen. Records of the U.S. Gov't Record Grp. 11. [8] An Ordinance for theGovernment of the Territory ofthe United States Northwest of the River Ohio. The ordinance stated: "The said territory, and the States which may be formed therein, shall forever remain a part of this Confederacy of the United States of America, subject to the Articles of Confederation, and to such alterations therein as shall be constitutionally made; and to all the acts and ordinances of the United States in congress assembled, conformable thereto." [9] Treaty of Peace, U.S.-Spain, Dec. 10, 1898, 30 Stat.1754. [10] Foraker Act, Pub. L. 56-191, 31 Stat. 77 (1900). [11] Especialmente significativos por originarse en cuestionamientos relativos los poderes del Congreso sobre Puerto Rico, están los casos de De Lima v. Bidwell, 182 U.S. 1 (1900) y Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244, 287 (1901). En Dorr v. United States, 195 U.S. 138 (1904), la mayoría de la Corte Suprema habría de adoptar finalmente el concepto de "territorio no incorporado", que distinguía a los territorios adquiridos en el Tratado de Paris de 1898 de los anexados anteriormente como "territorios incorporados". [12] Organic Act of Puerto Rico (Jones Act), 39 Stat. 951 (1917). [13] Memorial al presidente y al Congreso de los Estados Unidos, aprobado por la Cámara de Delegados el 12 de marzo de 1914, expresó su oposición firme a ser declarados ciudadanos de cualquier otro país. El desarrollo constitucional de Puerto Rico: Documentos y casos, pág. 72 (Carmen Ramos de Santiago, editora, 2d ed. 1979). [14] 258 U.S. 298 (1922). [15] Public Law 79-362, 61 Stat. 770 (1947). [16] Public Law 81-600, 64 Stat. 319 (1950). [17] Public Law 82-447, 66 Stat. 327 (1952). [18] Res. As. Gen. 748 (VIII) (1953) (26 votos a favor, 16 en contra y 19 abstenciones). [19] Para detalles estadísticos adicionales sobre la crisis, véase Carlos Iván Gorrín Peralta, The Law of the Territories of the United States in Puerto Rico, the Oldest Colony in the World, 54 U. MIA Inter-Am. L. Rev. 33 (2023). [20] Report by the President's Task Force on Puerto Rico's Status 7 (2005); Report by the President's Task Force on Puerto Rico's Status 5-6 (2007); Report by the President's Task Force on Puerto Rico's Status 17-18 (2011). [21] 446 U.S. 651 (1980). [22] 579 U.S. 59 (2016) [23] 579 U.S. 115 (2016). [24] 590 U.S.448 (2020). [25] Pub. L.114-187, 130 Stat. 550, 48 U.S.C. § 2101.
