Nota: el autor desea aclarar que estas notas representan sus opiniones y apreciaciones y no las de alguna organización o colectivo.
Los resultados electorales son un espejo de la sociedad, aunque un espejo a menudo oscuro y deformante. Analizarlos exige ir más allá del mero hecho electoral. En Puerto Rico podemos hacerlo desde una perspectiva a largo plazo (las relaciones y estructuras fundamentales de la relación colonial con Estados Unidos) y coyuntural (la reciente crisis de esas relaciones y estructuras). Empecemos por lo primero.
Una economía colonial
A partir de 1898-1900, la evolución económica de Puerto Rico ha exhibido varias constantes:
- Control de sus sectores productivos más importantes y de buena parte de su mercado interno por el capital foráneo.
- Especialización unilateral de su economía con acuerdo a las necesidades del capital foráneo.
- Salida o fuga (no reinversión) de parte importante del ingreso generado en la isla.
- Incapacidad de la economía subordinada y unilateral de generar empleo suficiente para su fuerza laboral. Es decir, altos niveles de desempleo, comparados con la metrópolis.
- Salarios relativamente bajos y altos niveles de pobreza, comparados con la metrópolis.
- Emigración de parte importante de su fuerza laboral, en búsqueda de empleo y mejores salarios
- Flujo de fondos estatales de la metrópoli a individuos y al gobierno colonial, que amortiguan parte de las carencias de la economía colonial.
Puerto Rico experimentó grandes cambios materiales según pasó del auge de la industria del azúcar, al predominio de la industria ligera, a la época de las farmacéuticas. Pero estos elementos han permanecido invariables. De aquí se deriva una conclusión inescapable: no se pueden atender los problemas fundamentales del país sin alterar y desafiar estas estructuras duraderas de la relación colonial.
La crisis de la economía colonial
Esta duradera estructura colonial entró en una profunda crisis a partir de 2006. Sus causas son complejas y merecen estudiarse más a fondo. Mencionemos tres:
- La eliminación (completada en 2006) de la sección 936 del código de rentas internas de Estados Unidos, que beneficiaba a las empresas industriales establecidas en Puerto Rico.
- Las medidas de liberalización del comercio global (parte de las políticas neoliberales), que pusieron a Puerto Rico en competencia con exportadores que podían ofrecer más ventajas al capital multinacional (más bajos salarios, por ejemplo).
- La gran recesión a partir de 2008, producto también de la liberalización y desreglamentación del sector financiero.
Entre las graves consecuencias de la crisis que han marcado a toda la sociedad puetorriqueña durante las pasadas dos décadas se encuentran:
- La reducción a la mitad del empleo industrial.
- La caída del ingreso total en cerca de 15%.
- La pérdida en un momento dado de 200 mil empleos (20% de los que existían en 2006).
- La aceleración de la emigración y la caída de la población a 3.2 millones (también una reducción de 15% respecto a 2010).
Según la economía se contrajo, también se redujeron los recaudos del gobierno. Parte de la respuesta fue aumentar su endeudamiento. Economía y recaudos estancados y creciente endeudamiento era una fórmula insostenible. En 2015 el gobierno de Puerto Rico cayó en el impago. En ese momento, el gobierno metropolitano aprobó PROMESA y creo la Junta de Control Fiscal, encargada de reorganizar las finanzas del gobierno colonial y de renegociar la deuda. La reorganización tenía y tiene como objetivo generar los mayor cantidad de medios posibles para pagar lo más que se pueda de la deuda. En la búsqueda de este objetivo la Junta ha extendido y ampliado las políticas neoliberales que se venían desplegando desde la década de 1990: reducción del empleo público, privatización, encarecimiento de servicios (matrícula en la UPR, por ejemplo), ataques a las conquistas y derechos laborales. Lejos de promover “cambios estructurales” como a veces ha proclamado su actual director ejecutivo, las políticas de la Junta pretenden perpetuar las estructuras coloniales que mencionamos anteriormente.
Consecuencias políticas de la crisis de la economía colonial
En 2010, junto a un grupo de compañeros y compañeras, elaboramos un análisis que incluía estos elementos:
- La crisis económica que se experimentaba era muy profunda y sería duradera.
- Ni el Partido Nuevo Progresista (PNP) ni el Partido Popular Democráticos (PPD) tenían respuesta para atender esa crisis y sus consecuencias.
- Esto abría paso a un creciente descontento de más amplios sectores con esos partidos.
- Ese descontento no se reflejaría inmediatamente en un crecimiento de las organizaciones independentistas o socialistas.
- La izquierda debía promover la creación de partidos amplios, con un claro programa favorable a las mayorías trabajadoras y desposeídas y a la protección del ambiente, que pudieran organizar ese descontento.
- A la vez, había que promover la resistencia no electoral en talleres, escuelas, universidades y comunidades a las políticas patronales, neoliberales y después de 2017, de la Junta.
Esa fue la lógica que condujo a la creación del Partido del Pueblo Trabajador (PPT) a finales de 2010 y, posteriormente, a la participación de los integrantes del PPT en la fundación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en 2018-19, junto a otras corrientes que también se desprendían o rechazaban el bipartidismo gobernante (asociadas con figuras como Manuel Natal, Alexandra Lúgaro y Ana Irma Rivera Lassén, sectores del independentismo no pipiolo, entre muchas otras).
Puede decirse que los hechos posteriores confirmaron buena parte de los seis puntos señalados. La crisis resultó ser duradera y se agravó mientras otras economías empezaban a recuperarse de la recesión de 2008. El apoyo electoral al PNP y el PPD se redujo elección tras elección. En 2016, Ricardo Rosselló ganó la gobernación con 42% de los votos. En 2020 el ganador, Pierluisi, obtuvo 33%. Si bien el apoyo electoral recibido por el PPT fue muy modesto, en 2016 dos candidatos individuales (Lúgaro y Cidre) obtuvieron más del 15% de los votos. En 2020, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) aumentó sus votos a la gobernación de menos del 3% a 14%, a la vez que el recién organizado MVC obtuvo otro 14% y eligió cuatro legisladores nacionales. La movilización no estuvo ausente: Rosselló no pudó completar su término, pues una movilización amplísima y persistente lo obligó a abandonar La Fortaleza en el verano de 2019, hecho sin precedentes en la historia de Puerto Rico y que sin duda nutrió el avance electoral del PIP y el MVC en 2020.
La Alianza y las elecciones de 2024
Las opciones después de 2024 eran claras: el PIP y el MVC podían concurrir separadamente a las urnas o podían establecer una alianza. En el primer caso, competirían el uno con el otro, se anularían mutuamente. En el segundo, podrían generar un apoyo mayor que la suma de sus votos que en el caso de la gobernación ya estaba cerca de lo obtenido por el ganador en 2020: 28% de Lúgaro y Dalmau combinados y 33% de Pierluisi. Planteada desde 2020 por el MVC y acogida por el PIP, la Alianza se formalizó luego de largas conversaciones a finales de 2023.
La Alianza enfrentó varios obstáculos. Retó en los tribunales, pero no pudo remover la prohibición de coaliciones en la papeleta electoral (a través de la presentación del mismo candidato en la lista de más de un partido, como se hacía en el pasado). Por tanto, la Alianza no aparecía en la papeleta y votar por ella exigía un ejercicio complicado. Inevitablemente, el movimiento de la campaña electoral convertía a Juan Dalmau, candidato a la gobernación, que corría en la lista del PIP, en la encarnación más visible de la Alianza. A la vez, cuatro candidatos a la legislatura del MVC fueron removidos de la papeleta, por medio de una interpretación fraudulenta de la ley electoral por la mayoría PNP del Tribunal Supremo.
El resultado electoral puede examinarse desde diversos ángulos. La candidatura de Juan Dalmau a la gobernación logró reunir los votos que en 2020 recibieron las candidaturas del PIP y el MVC, pero no pudo aumentarlos significativamente. Por otro lado, el PPD sufrió un duro retroceso en los votos a la gobernación, pero esos votos en su mayor parte emigraron al PNP, que aumentó su por ciento de votos de 33% a 39%. A la vez, el PPD logró elegir su candidato a comisionado residente.
Un número considerable de electores votaron íntegramente por el PIP. Esto puede interpretarse de dos maneras: un sector importante del PIP no cumplió con el acuerdo de votar por la candidata el MVC a la comisaría residente y otro sector, asociando la Alianza con la figura de su candidato a la gobernación, pensó que votar por Dalmau bastaba para votar por la Alianza. No hay duda, por otro lado, que la Alianza generó una esperanza de cambio y entusiasmo difíciles de cuantificar, pero muy notables, sobre todo en un país deprimido no solo económica, sino anímicamente desde hace más de una década.
La Alianza también tuvo otras fallas. Las conversaciones para organizarla se iniciaron muy tarde. Por tanto, ya no hubo posibilidad de inscribir una tercera opción con el nombre y una columna en la papeleta de la Alianza. Tampoco hubo disposición de convertir la columna de uno de los partidos inscritos en la columna de la Alianza, en la que se colocarían todos los candidatos de la Alianza. Quizás era demasiado pedir a un primer intento de coalición electoral. Realmente nunca se organizó una campaña conjunta del PIP y el MVC. El programa conjunto fue un documento muy breve y de poca proyección. Cada partido, incluso cada candidato, enfatizó los temas y vínculos que le parecieron apropiados. Sobre esto, sin duda, existen diferencias de opinión. Aquí ofrezco una de mis apreciaciones.
Algunos problemas
Los programas del PIP y el MVC son francamente antineoliberales, favorables a la clase trabajadora y comprometidos con la igualdad social y la protección del ambiente. Esta orientación económica y social (afianzada, además en la participación de sus integrantes en las luchas sociales) es lo que los distingue de tanto el PNP como el PPD y que permite demostrar, tanto la similitud de los segundos como la alternativa que ante ellos representa la Alianza del PIP y el MVC. Sin embargo, según se desarrolló la campaña en general y a la gobernación en particular, el mensaje de la Alianza se fue desdibujando hacia un discurso de rechazo de la corrupción y de propuesta de un gobierno eficiente y honesto, sin ir más allá. Más aún: se llegó a plantear que la agenda la Alianza correspondía a la de entidades como las asociaciones de industriales, constructores, el Centro Unido de Detallistas o la Cámara de Comercio. Es decir, se dejaba a un lado el contenido concreto del programa por referencias muy generales al “cambio”, en el vano empeño de tratar de atraer o al menos neutralizar la oposición de sectores patronales y privilegiados que nunca van a apoyar una alternativa como la Alianza. En ciertos casos, como en algunos de los debates a la gobernación, se adoptó el empresarismo o la promoción del empresarismo, es decir el mantra de los sectores patronales, como salida a los problemas económicos del país.
No podemos, entonces, menospreciar los logros de la Alianza, empezando por la semilla y esperanza de cambio sembrada y que no se ha debilitado. Es una base todavía frágil, pero real sobre la cual construir. Los problemas enfrentados se pueden resumir en tres: la participación electoral a través de dos columnas; la falta de unidad de la campaña del PIP y el MVC y la tendencia a reducir su propuesta a generalidades, con el aparente objetivo de ganar respetabilidad entre las clases poseedoras o de protegerse de las atribuciones de comunismo, “madurismo”, etc. de las campañas de la derecha.
Hacia el 2028
Hacia el 2028, el PIP y el MVC tienen tres opciones, desde el punto de vista electoral. Pueden participar independientemente como en 2020. En ese caso, uno podrá crecer a costa del otro, pero ninguno de los dos será una amenaza al dominio el PNP y el PPD. Buena parte del entusiasmo por un cambio posible generado por la Alianza se disiparía, afectando negativamente a las dos organizaciones. La segunda opción es repetir la Alianza de 2024 con iguales o similares acuerdos y estructuras. En ese caso, se repetirían las fallas y problemas que hemos señalado. Aunque mejor que la primera, no es una alternativa deseable. Solo queda la tercera opción: una Alianza rediseñada que supere los problemas enfrentados en 2024. Esto debe incluir la presentación de la Alianza en la papeleta a través de una columna única; la construcción de una campaña coordinada de la Alianza; la más clara definición de la identidad y programa de la Alianza frente a la agenda patronal y neoliberal que comparten el PPD y el PNP.
Muchos de los problemas y limitaciones de la Alianza se superan si sus candidatos se presentan en una sola columna. Desaparece la ausencia de la Alianza en la papeleta. Desaparece el problema de votar en distintas columnas. Desaparece la tensión entre la lealtad a uno de los partidos o la Alianza. Todos los candidatos, provengan del PIP, del MVC o de otros lugares estarían en la misma columna que los electores podrían identificar fácilmente y por la cual podrían emitir un voto íntegro. Una sola cruz bajo la Alianza: la instrucción sería clara y de fácil ejecución. Los electores verían la columna única como una consolidación de la Alianza y de la disposición de colaboración de sus integrantes, demostrada con acciones y no solo con palabras. Por otro lado, al tratarse de candidatos en una misma columna será a la vez más necesario y fácil desarrollar una campaña coordinada de la Alianza. Hay que aclarar que una columna única no implica fusionar al PIP y el MVC o que esos partidos desaparezcan. Cada partido continuará existiendo con sus estructuras, programa, referentes históricos, formas de funcionamiento y símbolos como hasta el presente. Tan solo se ponen de acuerdo para participar en las elecciones de 2028 a través de una columna única. Decimos “tan solo”, pero eso ya es mucho.
Entre los leales de cada partido habrá siempre reacciones sectarias. Algunos en el MVC insistirán que el PIP “no cumplió”. Otros en el PIP dirán que el MVC es una fuerza agotada. Pero la conclusión de unos y otros, de que su partido puede prescindir del otro, acabaría por perjudicar al suyo. Y cerraría las puertas a un cambio electoral en el futuro previsible. Si el PIP y el MVC no se van a fusionar (y nadie está proponiendo tal cosa), entonces están avocados a la Alianza, o, para los sectarios de parte y parte, condenados a ella. Confiamos en que, al igual que en 2020, predomine la sensatez y la comprensión de la necesidad de la colaboración entre el PIP y el MVC.
Una aclaración necesaria
Siempre conviene aclarar un malentendido: el programa de la Alianza no puede presentarse como un programa que atienda todos los problemas de Puerto Rico. En ocasiones se oye la objeción de que el MVC y la Alianza no defienden la independencia de Puerto Rico y que la independencia es necesaria para atender los problemas planteados por el colonialismo. Algunos ven en esto una superioridad del PIP sobre el MVC. Pero si se va a adoptar esa lógica, habría que ir más allá, pues como está planteado el argumento se queda a mitad (o menos de la mitad) del camino. No sería difícil demostrar que la mayor parte de los problemas que enfrenta Puerto Rico son resultado, no solo del colonialismo, sino de las reglas de funcionamiento del capitalismo, que en Puerto Rico adopta una forma colonial, pero que no deja de ser capitalismo. Una independencia sometida a las reglas del capitalismo tampoco sería capaz de atender esos problemas, como es el caso de muchos países independientes. No hay duda entonces que debemos impulsar la independencia desde una perspectiva anticapitalista. Pero, a menos que nos queramos limitar a proclamar esas ideas, lo que más conviene a quienes las defienden es la creación de partidos e iniciativas amplias en las que los independentistas y anticapitalistas puedan participar e impulsar sus concepciones, pero en las que también puedan participar sectores mucho más amplios que también están dispuestos a enfrentar las consecuencias del neoliberalismo.
El programa y la identidad de la Alianza
Sobre el programa y la identidad de la Alianza, las elecciones de 2020 han sido una lección. A pesar de todos los intentos de moderar la propuesta de cambio y de seducir a sectores patronales, la Alianza fue objeto de una feroz campaña antisocialista. Esto provino no solo del PNP y el PPD, sino también directamente del sector patronal organizado a través del Súper PAC “Democracia y Prosperidad”. Ese sector entendió los resultados de las elecciones de 2020 como una amenaza a sus intereses. No porque el PIP o el MVC sean anticapitalistas, sino porque su programa antineoliberal (contrario a la privatización, favorable a los derechos laborales y la protección del ambiente, etc.) amenaza sus privilegios y porque los proponentes de ese programa recibieron 28% de los votos en unas elecciones en que el ganador obtuvo 33%. Los grandes sectores patronales identificaron a la Alianza como su gran enemigo. Podemos esperar igual campaña en 2028 (y de aquí a 2028).
Ante este hecho, el PIP, el MVC y la Alianza pueden seguir dos caminos: ceder a esta campaña moderando su discurso y propuestas, intentando hacerlas más aceptables o menos amenazantes al sector patronal, incluso presentándose como mejor representante de esos intereses (más honesto, más eficiente) que los corruptos PNP y PPD. Si tiene éxito atrayendo votos (nada asegura que lo tenga) esa política de la moderación reduciría al mínimo los cambios reales que un gobierno de la Alianza podría lograr. La desilusión con su gestión poco transformadora sería el preámbulo para el regreso al gobierno del PPD o el PNP. Así ha ocurrido con gobiernos progresistas, pero cada vez más moderados, en muchos países.
La segunda alternativa es afirmar su programa antineoliberal con más claridad que en 2020, aunque esto le gane el ataque de comunista y socialista, como ya ocurrió en 2024. Hemos escuchado a algunos compañeros preguntar: ¿cómo podemos lograr que Democracia es Prosperidad nos apoye? La respuesta es sencilla: renunciando al programa de la Alianza, del PIP y del MVC (y ni siquiera eso asegura el apoyo: siempre tendrán más confianza en el PNP, el PPD o, en todo caso, Proyecto Dignidad). Eso sería anularnos para tratar de ganar las elecciones. En fin, se trata de la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es: no cómo lograr que Democracia es Prosperidad nos apoye, sino ¿cómo podemos vencer a Democracia y Prosperidad y lo que representa, a pesar de sus mentiras y del dinero que tienen para propagarlas?
Esto implica acentuar la identificación de la Alianza con el pueblo trabajador (incluyendo la clase media profesional) y desposeído y con sus luchas (sindicales, ambientales, comunitarias, estudiantiles, de mujeres, comunidades, sectores discriminados).
Más allá de las elecciones
El salto electoral del PIP y el MVC en 2020 se nutrió de la gigantesca movilización del verano de 2019. Un nuevo salto al frente de la Alianza depende de una nueva ola de movilización.
Podemos resumir la situación en este terreno como sigue.
- La mayor parte de la gente no está organizada. No pertenece a ninguna organización sindical, ambiental, de mujeres, comunitaria, estudiantil, etc.
- Muchos de las que están organizadas no están movilizadas ni activas en sus organizaciones (caso de muchas uniones, por ejemplo).
- Las iniciativas de lucha y resistencia, de las cuales hay muchos ejemplos (ambientales, estudiantiles, comunitarias, de mujeres, comunidad LGBTTQ, laborales, derechos de inmigrantes, entre otras) no coordinan sus esfuerzos.
- No existe consenso ni acuerdo de cómo impulsar sus agendas ante el estado, es decir, políticamente (participación electoral o no, qué tipo de participación electoral, etc.)
De aquí se deriva una agenda de trabajo que podemos resumir como sigue:
- Organizar a los no organizados.
- Movilizar las organizaciones existentes y activar a sus integrantes.
- Crear un mecanismo o mecanismos para unir y coordinar las luchas ahora fragmentadas, bajo un programa o agenda compartida que incorpore las exigencias más importantes de cada una (defensa el ambiente, de las comunidades ante el desplazamiento, de la UPR, de los derechos laborales y de las mujeres, etc.)
- Lograr acuerdos de acción política conjunta. En el caso nuestro se trataría de lograr la identificación de la Alianza con esas luchas y de esas luchas con la Alianza.
El tema del estatus
Sobre el tema del estatus, la Alianza, como hasta ahora, no debe comprometerse con una opción de estatus y debe, como hasta ahora, reconocer el derecho de sus participantes a defender la opción de estatus que consideren apropiada. Pero la Alianza no puede ni debe evadir el tema. Para esto su mejor arma es la propuesta de una asamblea de estatus. Pero para que cumpla su función no puede reducirse esta propuesta a una cuestión procesal. Recientemente, en el debate sobre la idea de buscar la independencia a través de una orden ejecutiva del presidente Trump se ha planteado o insinuado que la alternativa de la asamblea de estatus propone esperar a que el Congreso actúe o esperar a que se logre un proceso perfecto de descolonización. Este no es el lugar para evaluar los méritos o deméritos de la propuesta de orden ejecutiva, pero sí es pertinente aclarar que la propuesta de asamblea de estatus no parte de ninguna de las premisas señaladas (esperar por el Congreso o por un proceso ideal o perfecto). Al contrario, parte de la premisa de que no podemos esperar que el Congreso (¡o el presidente!) actúen o de que propongan un proceso justo e ideal. Plantea, por tanto, que es el pueblo de Puerto Rico quien tiene que tomar la iniciativa, sin esperar por nadie, de organizarse para exigir una pronta solución del problema colonial. En fin, hay que impulsar la idea de la asamblea de estatus como parte del proceso de autoorganización de nuestro pueblo para resolver sus problemas más apremiantes, misma idea que planteamos cuando planteamos la necesidad de la organización en el taller, la escuela, la comunidad o la universidad.
FIN
