El Giro Político en Colombia: Desafíos y Posibilidades
Luz María Sánchez[1]
Alejandro Mantilla[2]
La elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia y de Francia Márquez como vicepresidenta es histórica en muchos sentidos. La dupla Petro-Márquez representa el triunfo del primer gobierno alternativo en un país gobernado históricamente por élites ricas y blanco-mestizas y siempre a contrapelo de los giros a la izquierda en América Latina. Mientras la llamada marea rosa se extendió a comienzos del siglo XXI por casi todo el territorio de Suramérica desde Venezuela hasta Argentina, Colombia dio un giro decidido a la derecha con el triunfo de Álvaro Uribe. Durante 20 años, Uribe fue el político más influyente en Colombia, primero como presidente por dos períodos consecutivos con altos niveles de aprobación, luego como líder de la oposición al proceso de paz con las FARC y finalmente como un poder tras la sombra en el saliente gobierno de Iván Duque. La elección de Petro y Márquez parece poner fin a este ciclo político de la derecha uribista y abre un escenario inédito en la historia del país. Petro será el primer presidente de izquierda, el primero que no proviene de los dos partidos tradicionales y el primero que no está ligado a la dirigencia de los grandes grupos empresariales. Márquez, además, será la primera vicepresidenta afrocolombiana.
El triunfo del progresismo es también histórico si ponemos la mirada en el siglo anterior. Entre 1930 y 1960, casi todos los países de la región tuvieron gobiernos populistas, una forma típica de la política latinoamericana que articuló las demandas de las masas populares bajo el liderazgo personalista de hombres como Juan Domingo Perón en Argentina, Lázaro Cárdenas en México, José María Velasco en Ecuador y Getulio Vargas en Brasil. En Colombia, el más importante conato populista fue cortado de raíz con el asesinato del caudillo Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948. El impulso caudillista de Petro parece evocar en varios sentidos el repertorio gaitanista.[3] Su apelación a las masas populares sin la intermediación de partidos sólidos podría emparentarlo con estos líderes latinoamericanos del siglo pasado. Sin embargo, esta latencia populista permanecerá dormida si el presidente electo prioriza los acuerdos colectivos que dieron origen al Pacto Histórico –la coalición que impulsó su candidatura– y consolida un gobierno de concertación basada en la negociación parlamentaria, como parecen sugerirlo sus gestos después de la elección.
La elección de Petro es también histórica en un país en donde el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos ha sido, como en ningún otro país de las Américas, un arma política. Al homicidio de Gaitán se sumaron los asesinatos de cuatro candidatos presidenciales que enarbolaron banderas de cambio a finales de los 80s y el exterminio violento de un partido político de izquierda, la Unión Patriótica (UP). Al menos 1.163 militantes de la UP fueron asesinados y 123 desaparecidos.[4] El triunfo de un político de izquierda que llega a la presidencia bajo el lema de convertir a Colombia en “una potencia mundial de la vida” es un símbolo esperanzador. Que se trate, además, de un candidato que 30 años atrás le apostó decididamente a la paz después de haber militado en la guerrilla del M-19 refuerza este simbolismo.
La elección de Francia Márquez como vicepresidenta acentúa el carácter histórico de este triunfo. Nunca antes una fórmula vicepresidencial había tenido tanto protagonismo en una contienda electoral. No es para menos. La llegada al poder de una mujer afrocolombiana, forjada en las luchas populares ambientalistas y que conoce por experiencia propia las humillaciones del trabajo doméstico, las penurias generadas por la gran minería y el dolor del desplazamiento forzado, es un gesto de justicia poética inimaginable unos años atrás. Durante el gobierno saliente crecieron exponencialmente los asesinatos de líderes comunitarios. Francia Márquez sobrevivió ella misma a un atentado contra su vida en el 2019. La elección como vicepresidenta de una líder social amenazada es un gran símbolo frente a la memoria de los centenares de líderes comunitarios y reclamantes de tierras asesinados en el post-acuerdo de paz. En su discurso tras la victoria, Márquez anunció la llegada del “gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia.” Su presencia en el gobierno promete ser el recordatorio diario de las esperanzas depositadas en el nuevo gobierno por la población marginalizada.
El cambio, sin embargo, no será fácil. El triunfo de Petro y Márquez fue histórico, pero no arrasador. Colombia se enfrenta por primera vez a la anomalía de un gobierno progresista que no viene de las élites. Este es un escenario inédito tanto para sectores progresistas y de izquierda que llegan por primera vez al poder ejecutivo nacional, como para las élites que nunca antes habían estado al margen de la administración del Estado central. La incertidumbre aumenta dada la paradójica posición del presidente electo. Aunque Petro se posicionó como el candidato anti-establecimiento, la crisis política desatada durante el saliente gobierno de Iván Duque y la incapacidad del centro para articular una alternativa seductora terminaron perfilándolo como el único capaz de estabilizar el régimen político colombiano. No en vano, el excandidato presidencial de centro Alejandro Gaviria declaró en la víspera de la elección que Colombia estaba “durmiendo sobre un volcán” y que podría ser mejor “tener una explosión controlada con Petro que embotellar el volcán.”
La fórmula de balance entre estabilización y cambio definirá el carácter del nuevo gobierno. Los retos que impone la coyuntura económica definida por el brote inflacionario global, el aumento en los precios de las fuentes de energía, la inestabilidad de la cotización de los hidrocarburos y el aumento del precio del dólar, sugieren que el balance no será fácil. A nivel interno, los indicadores económicos tampoco son alentadores dado el déficit fiscal resultado de la mala administración del gobierno saliente de Iván Duque, un persistente desempleo de dos dígitos y un preocupante aumento del precio de los alimentos. A lo anterior, se suma el desafío de confrontar el repertorio de la oposición más conservadora y el reto interno de combinar procedimientos democráticos con resultados efectivos.
Las coordenadas de una victoria elusiva
Gustavo Petro alcanzó el reconocimiento nacional en su década de trabajo como congresista. Su elocuencia y rigor lo catapultaron como el principal contradictor del gobierno de Uribe (2002-2010) y le granjearon el reconocimiento como el mejor parlamentario del país. Sus debates sobre las alianzas entre paramilitares y políticos fueron fundamentales para apalancar las investigaciones judiciales que luego llevaron a la condena de 60 congresistas.
En el 2009, Petro renunció a su carrera como senador para aspirar por primera vez a la presidencia como candidato del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo. Con el 9.13%, de los votos, no alcanzó a llegar a la segunda vuelta. Su votación aumentó significativamente en su segunda aspiración presidencial en el 2018, esta vez como candidato de la Colombia Humana, una plataforma apalancada en el movimiento político Progresistas que fundó tras su renuncia al Polo y su paso por la alcaldía de Bogotá. En dicha oportunidad alcanzó el 41.77% en segunda vuelta en contra del saliente mandatario Iván Duque. En las elecciones del pasado 19 de junio, Gustavo Petro conquistó más de 3 millones nuevos de votantes con respecto al 2018, esta vez como candidato de la coalición de partidos de izquierda y centro izquierda agrupados en el Pacto Histórico. ¿Qué puede explicar el triunfo largamente elusivo de la izquierda en Colombia?
Tres elementos contribuyen a explicar el fenómeno. El primero es el tránsito del proyecto más personalista de la Colombia Humana a una coalición amplia de fuerzas de izquierda, alternativas y liberales. Mientras la Colombia Humana era un proyecto político creado a imagen y semejanza de Petro, el Pacto Histórico es una alianza que logró la unidad de gran parte de las izquierdas y generó un compromiso con políticos liberales y de centro. El Pacto logró, por ejemplo, rearticular a la Colombia Humana y al Polo Democrático tras la escisión producida años atrás por la renuncia de Petro por disputas internas sobre la conducción del partido. De igual manera, al Pacto llegaron otros partidos y agrupaciones de izquierda, incluyendo el Movimiento Soy porque Somos, liderado por Francia Márquez, el cual fue fundamental para el crecimiento electoral del Pacto.
Pero además de un agrupamiento de las izquierdas, el Pacto es un acuerdo amplio entre diferentes. A la coalición también se sumaron políticos de centro y centro izquierda provenientes del Partido Liberal y la Alianza Verde, así como ex uribistas que se movieron al centro durante el proceso de paz entre el gobierno y las FARC. El caso más prominente de los políticos ex uribistas es el senador Roy Barreras, nuevo presidente del Senado. Esta amplitud y diversidad de la coalición del Pacto permitió el crecimiento electoral de Petro y Márquez más allá de los nichos electorales de la izquierda y atrajo a sectores progresistas que albergaban dudas sobre el talante caudillista de Petro o frente a desaciertos en su gestión como congresista y alcalde de Bogotá. La diversidad del Pacto también contribuyó a contrarrestar la campaña de miedo que equiparaba a Petro con Chávez y Maduro, vaticinando para Colombia la crisis semipermanente de la vecina Venezuela.
El segundo factor es una crisis, seguramente temporal, de liderazgo de la derecha. Hace dos décadas, Uribe logró articular con éxito un proyecto de país que cautivó a la gran mayoría de los votantes. Se trataba de un país gobernado bajo la mano firme de un patriarca autoritario que identificó a las guerrillas y sus denominados colaboradores como el gran el enemigo interno para justificar una guerra sin límites en su contra. Ante la degradación de la lucha armada y la parcialidad de los medios de comunicación masiva para reportar sobre el conflicto armado, este proyecto de la derecha logró calar hondo en la sociedad colombiana. Pero en los últimos años, la derecha perdió la capacidad de plantear un proyecto propio en una sociedad en la que el conflicto armado dejó de ser visto como el mayor problema del país, la corrupción pasó a ocupar el primer lugar entre las preocupaciones de los y las colombianas,[5] y la pandemia puso la lupa sobre dos hechos tan notables como ignorados en el debate público: la pobreza y la desigualdad. El fracaso de Federico Gutiérrez, el candidato apoyado por el uribismo y los clanes políticos locales, es un indicador de esta crisis de la derecha. Pese a haberse perfilado al inicio de la contienda electoral como el más seguro contrincante de Petro en la carrera presidencial, solo logró el 23.87% de los votos en la primera vuelta. Sus manidas respuestas a las demandas sociales resultaban poco creíbles, y el único elemento distintivo de su propuesta, la apelación a la restauración del orden fracturado por las explosivas protestas de los últimos años, resultó estar fuera de sintonía con el nuevo repertorio emocional tejido en el estallido social.
La contracara del fracaso de Gutiérrez fue el ascenso vertiginoso y no vaticinado de Rodolfo Hernández, un empresario especulador inmobiliario con muy poca trayectoria política, quien tampoco provenía del bipartidismo tradicional, ni de las dirigencias de los gremios empresariales. Con un estilo chabacano y directo, y una campaña centrada en el efectismo de redes sociales como Tik Tok, Rodolfo Hernández conquistó en primera vuelta casi 6 millones de votos. Lo hizo con un mensaje simple e insustancial de lucha contra la corrupción y un estilo populista que apelaba directamente al pueblo por encima de los partidos y las instituciones. Sumados los votos de Hernández a los del Pacto Histórico y la Alianza del Centro Esperanza, el 72% del electorado votó en primera vuelta por un cambio. En segunda vuelta, Hernández capitalizó sin cortejarlos los votos del uribismo y el sentimiento anti-petrista. Sin embargo, tras la victoria de Petro y Márquez, Hernández dejó claro que no asumirá el rol de cabeza de la oposición al gobierno. Por derecho asumirá su silla como Senador de la República, en donde no se alineará ni a la bancada de gobierno ni a la de la oposición, sino que continuará en su rol como independiente. La crisis de la derecha se mantiene con un proyecto acéfalo y meramente reactivo.
El último factor para entender el triunfo de la izquierda es el más fundamental. Se trata de la expansión, durante las movilizaciones de los últimos años, de un tipo de sensibilidad moral y un repertorio de emociones distintas a las que parecían gobernar la vida política en Colombia. Se suele pensar que la larga historia de violencia en Colombia con su galería macabra de horrores y crueldades insensibilizó a su gente y la hizo indiferente al dolor ajeno. La filósofa colombiana Laura Quintana ha ahondado en esta dimensión afectiva de la política y nos muestra cómo ciertas formas de la rabia y el resentimiento aparecen como síntomas de un “régimen afectivo inmunitario” que en Colombia se ha manifestado en respuestas sociales como el ansia de retaliación, la insensibilidad selectiva y la internalización de la lógica del enemigo interno. Sin embargo, la filósofa también nos recuerda que la rabia y el resentimiento pueden transmutarse en orgullo e indignación y, como tales, pueden ser motores de cambio.[6]
La victoria del nuevo gobierno no puede entenderse sin un cambio crucial en las emociones políticas imperantes en la sociedad colombiana. En buena medida, este cambio se gestó al compás de la renovada capacidad de movilización tras el terror paramilitar de los años noventa y la represión organizada en los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010). Bajo el claro liderazgo del movimiento indígena, la movilización comienza a repuntar desde el año 2005 y tiene sus principales hitos en las movilizaciones estudiantiles de 2011 y 2018, tres paros agrarios en 2013, 2014 y 2016 y los paros cívicos en la periferia del Pacífico en el 2015. A estos episodios se suman las mingas indígenas nacionales y las luchas del movimiento ambientalista que detuvo decenas de proyectos extractivistas apelando a las consultas populares y a la defensa de un ordenamiento territorial respetuoso del agua, la agricultura y los modos de vida locales. La pérdida del plebiscito por la paz en el 2016 también dio lugar a nuevas formas de organización y movilización social, especialmente entre jóvenes y mujeres. En este caso, la profunda tristeza que generó el rechazo a los acuerdos de paz entre quienes le apostaron al sí con gran esperanza, se transmutó con el tiempo en un impulso transformador. Un ejemplo notable es el nacimiento del primer partido feminista en Colombia, Estamos Listas, que nació precisamente, en palabras de sus fundadoras, como una respuesta a la “plebitusa” –su forma coloquial de nombrar el duelo por la pérdida del plebiscito por la paz.
En las movilizaciones de finales de 2019 y de mediados de 2021, el protagonismo del movimiento social organizado fue compartido con nuevas iniciativas locales, autoconvocadas y descentralizadas que tuvieron en su centro a los y las jóvenes de barrios populares en las principales ciudades y a tejidos sociales en torno a ollas comunitarias, actividades culturales y barricadas de confrontación con la fuerza pública. Esas nuevas agencias son claves para entender una nueva emocionalidad cotidiana que expresó simpatías por la protesta y revalorizó a los movimientos de oposición. Aunque estas protestas fueron severamente reprimidas por el estado y los paramilitares, el estallido de 2021 pasará a la historia como la movilización más larga en el tiempo, la más extensa geográficamente y la más masiva.
La agenda de cambio del Pacto Histórico
El proyecto alternativo del Pacto Histórico se articula en torno a tres grandes ejes: La lucha por la igualdad, la “paz total” y la priorización de la agenda ambiental para enfrentar el cambio climático. El nuevo gobierno es el primero que llegará a la Casa de Nariño con el compromiso central de atacar la desigualdad. En dos siglos de vida republicana, ningún gobierno ha impulsado políticas de amplio alcance para reducir la desigualdad en el ingreso, los activos financieros, la propiedad de la tierra, el desarrollo regional y el acceso a pensiones. Esto, pese a que Colombia ha sido históricamente uno de los países más desiguales de América Latina. El mandato por la igualdad fue además claro en las elecciones. El triunfo de Petro y Márquez se consolidó en los departamentos periféricos de Colombia entre los que se cuentan aquellos con los más altos índices de pobreza en el país.[7] También en ellos se ubican la mayoría de los pueblos indígenas y se concentra la mayoría de la población afrodescendiente.[8]
La lucha por la reducción de la desigualdad en sus múltiples dimensiones involucrará revisar el modelo económico y hacer ajustes cruciales en materia tributaria, pensional, en política de tierras, en la economía del cuidado y en las medidas afirmativas en género, generación y pueblos étnicos. La reforma tributaria ya figura como la primera en la agenda legislativa del gobierno entrante y buscará gravar los patrimonios del 1% de la población con mayores ingresos y los capitales improductivos de grandes empresas, así como la eliminación de beneficios tributarios y el aumento de la capacidad del Estado para luchar contra la evasión. Otro desafío será el impulso de una agenda progresiva en materia de derechos sociales, en especial en acceso a la tierra, la promoción del derecho a la educación pública gratuita, una política de vivienda más garantista, una eventual reforma a la salud y un plan de choque contra el hambre. El rol de la vicepresidenta Francia Márquez será crucial en este primer punto de la agenda de cambio pues estará al frente del Ministerio de la Igualdad. Este nuevo ministerio se enfocará en el diseño e implementación de políticas para combatir las desigualdades en razón del género, la orientación sexual, la raza y la edad. En este punto ganará especial relevancia la propuesta de democratizar la economía del cuidado,[9] propuesta que ha tenido a la nueva vicepresidenta como una de sus principales defensoras y promotoras.
El segundo eje de la política de cambio, la paz total, también coincide con la geografía de las elecciones. Petro y Márquez ganaron en las zonas más afectadas por el conflicto armado, las mismas que en los últimos años le han dado el respaldo electoral más decisivo a la paz. Estas mismas zonas le garantizaron la reelección a Juan Manuel Santos en 2014, en una elección que se convirtió en un referendo a favor del proceso de paz entre el gobierno y las FARC, y las que dijeron sí a los acuerdos de paz en el plebiscito del 2016. La política de paz total involucra cuatro tareas: retomar el compromiso de cumplir el Acuerdo de Paz firmado con las FARC en 2016, la apertura de una mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional ELN, una propuesta de paz para las disidencias de las FARC y una política de sometimiento a la justicia para el crimen organizado. De manera transversal, también implica la apertura de un debate continental sobre la lucha contra las drogas ilícitas. Gustavo Petro tiene la oportunidad de liderar este debate buscando un enfoque distinto al de la fallida política represiva impulsada por Estados Unidos desde la administración de Nixon.
El tercer eje es la priorización de la agenda ambiental. Las luchas ambientalistas han constituido una parte importante de la actividad política tanto de Petro como de Márquez. Durante su mandato como alcalde de Bogotá (2012-2015), la mitigación del calentamiento global y la adaptación a sus efectos fue uno de sus objetivos bandera. De manera puntual, su alcaldía le apuntó a evitar la expansión urbanística en las zonas de fuentes hídricas. Márquez, por su parte, logró reconocimiento nacional e internacional por su lucha en contra de la minería a gran escala. Su lema de “vivir sabroso,” que se hizo popular durante la campaña presidencial, alude a un principio comunitario de existencia armónica con la naturaleza, similar a las nociones de Buen Vivir y Sumak Kawsay que alcanzaron rango constitucional en Ecuador y Bolivia. El compromiso ambiental implica medidas muy concretas que serán asumidas al inicio del gobierno: la prohibición del fracking, lo cual incluye la detención de un programa piloto aprobado por el gobierno saliente; y la prohibición de las aspersiones aéreas de cultivos de coca con glifosato. Ambas medidas comportan un vuelco en cuestiones claves de la agenda económica, política e internacional. De manera más comprehensiva, el programa del nuevo gobierno le apunta a una transición energética que le permita a Colombia abandonar la extracción de combustibles fósiles en un plazo de 15 años y un proyecto de reconversión productiva que favorezca la agricultura por encima de la inversión en mega-minería.
Los desafíos y retos
La agenda de cambio del gobierno de Petro enfrenta al menos tres desafíos externos y dos retos internos. El primer desafío tiene que ver con la coyuntura económica global y nacional. El advenimiento de una posible recesión global y un alto déficit fiscal en Colombia constituyen un contexto adverso para un gobierno que tiene el compromiso de aumentar el gasto social. Aunque comparativamente Colombia ha tenido una recuperación económica satisfactoria tras la pandemia, los indicadores económicos no están en su mejor momento. Pese a que hay crecimiento, las cifras de desempleo no se han reducido sustancialmente, mientras el recaudo tributario se mantiene muy bajo en comparación con otros países. Una reforma tributaria estructural es imperiosa en este contexto. El gobierno entrante se ha fijado como meta sacar adelante esta reforma en el primer año, para lo cual necesita formar una mayoría parlamentaria. Esto nos lleva al segundo desafío.
Las elecciones presidenciales le dieron una victoria holgada más no arrolladora al Pacto Histórico. Petro y Márquez vencieron en segunda vuelta con el 50.47% de los votos. La dupla alternativa ganó, pero perdió en la mitad del país y en medio de un clima político de alta polarización. El Pacto Histórico ganó el 15% de las curules en el Congreso, un porcentaje alto comparado con las cifras históricas de la izquierda, pero insuficiente para gobernar. En vista de este escenario, el futuro gobierno de Petro le ha apuntado a profundizar la lógica del Pacto Histórico de construir coaliciones entre diferentes. Desde su discurso de victoria, Petro propuso la creación de un Acuerdo Nacional con diferentes fuerzas políticas para mover la agenda reformista y superar el clima de polarización. “No es un cambio para vengarnos, ni para profundizar el sectarismo,” dijo Petro tras saberse ganador. “El cambio consiste en dejar el odio atrás. Queremos que Colombia en medio de su diversidad, sea una Colombia.”
La propuesta del Acuerdo Nacional ha sido hasta ahora bien acogida entre sectores significativos de la política tradicional y de centro. En vísperas de la posesión presidencial, la bancada de gobierno ya suma 53 de las 108 curules del Senado y 100 de las 188 en la Cámara. En ella se encuentran el Pacto Histórico, la mayoría del Centro Esperanza y el Partido Liberal –uno de los dos partidos tradicionales de la política colombiana. Además, el gobierno ha tenido acercamientos con el Partido Conservador y el Partido de la U, ambos representantes de la derecha y la centro derecha. Hasta ahora, solo el Centro Democrático, el partido del uribismo, se ha declarado oficialmente en oposición.
Esta nueva configuración política sugiere que el desafío de gobernabilidad está relativamente conjurado y que no se avizora un escenario de inestabilidad como el que ha caracterizado al gobierno de Castillo en Perú, o uno de confrontación permanente con los órganos legislativos, como le ocurrió al mismo Petro durante la alcaldía de Bogotá. Sin embargo, la gobernabilidad viene con un costo. Los políticos tradicionales con los que el Pacto ha entrado a negociar dependen de la captación de rentas del Estado para aceitar sus maquinarias clientelistas. Es improbable entonces que la agenda reformista de Petro y Márquez avance sin arrastrar consigo la mancha del clientelismo y otros vicios políticos que están lejos del espíritu de cambio detrás de esta elección.
Las negociaciones con sectores conservadores de la política tradicional también pueden tener impactos regresivos en la agenda programática del cambio. El apoyo que dio Petro, mientras era congresista, a la elección de un Procurador ultraconservador es la más clara muestra de los riesgos de sacrificar principios sustantivos por cálculos tácticos. Esta elección fue nefasta para la agenda de los derechos reproductivos de las mujeres y los derechos de la comunidad LGBTQ. También fue nefasta para la propia alcaldía de Petro, pues ese mismo procurador terminó destituyéndolo en un proceso disciplinario con claros tintes de persecución política. El desafío de promover reformas bajo la lógica del Acuerdo Nacional demandará visión programática para definir hasta dónde ceder, claridad moral para discernir en dónde se fijan los límites y estrategia política para articular coaliciones sin desfigurar la vocación alternativa del proyecto del Pacto.
El último desafío tiene que ver con la oposición de derecha. Colombia ha tenido una de las élites más reaccionarias del continente, solo comparable, quizás, a la élite guatemalteca. Es cierto que la derecha uribista está ahora menguada y atraviesa una crisis interna de liderazgo. Sin embargo, su capacidad de recomposición no está en entredicho, y en el mediano plazo podrán surgir nuevos liderazgos que rearticulen el espectro más conservador. Adicionalmente, algunos sectores de la derecha han cultivado un vínculo fuerte con unas fuerzas militares formadas en una escuela contrainsurgente, siendo responsables de graves violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado, y en no pocos casos vinculados con grupos paramilitares de extrema derecha. La relación que el nuevo gobierno logrará articular con las fuerzas militares es una de las mayores incógnitas. Durante la campaña presidencial, el comandante de las Fuerzas Militares criticó públicamente a Petro, en clara violación a la prohibición constitucional de participar en política. Tras la elección de Petro, este comandante renunció. Sin embargo, no es claro de qué manera el gobierno entrante logrará propiciar una reorganización interna de las fuerzas militares a favor de los sectores que dentro de ellas están prestos a asumir sus responsabilidades por las graves violaciones a los derechos humanos y a enderezar el rumbo de la institución. De otro lado, la persistencia del narcotráfico como factor crucial en la vida nacional, así como un combustible de grupos armados, como los paramilitares y las disidencias de las FARC, puede ser un factor de desestabilización que amenace la gobernabilidad de la nueva administración.
Además de estos tres desafíos externos, el primer gobierno alternativo de Colombia se enfrenta a dos retos internos. El primero es conjurar el riesgo de un excesivo personalismo que no logre articular un proyecto colectivo de largo aliento y limite el cultivo de liderazgos que permitan la rotación en el poder. Gustavo Petro se concibe a sí mismo como parte de una estirpe de líderes sobre cuyos hombros ha recaído la misión de representar los anhelos de un pueblo y cambiar el rumbo de la historia. Dice Petro en su autobiografía refiriéndose a la campaña presidencial del 2018:
“Después de Valledupar, decidí llenar la plaza pública como antaño lo hacían los grandes líderes del país, como Gaitán y López Pumarejo. Y las plazas se llenaron, eran océanos de gentes. Era una energía popular que se había decidido, que veía en mí el instrumento para cambiar la historia del país. Mis discursos se llenaron de esa energía… Viví un momento de magia, viví lo que sentían Andrés Almarales y Alfonso Jacquin, la gracia de García Márquez convertida palabra que vuela en el viento, que entra en el corazón, que se vuelve huracán, que genera multitud, única transformadora de la historia”[10]
En el contexto de crisis política y alta insatisfacción social que precedió a las elecciones presidenciales, el liderazgo de Gustavo Petro tuvo, en efecto, la virtud de canalizar una fuerza social transformadora. El liderazgo de ciertos individuos dotados de un carisma excepcional tiene un peso innegable en la vida política, más de lo que la ciencia política afecta a encontrar formas políticas menos perecederas y replicables quisiera admitir. Sin embargo, un proyecto político que gravite en torno a un líder, y que no se asuma la difícil tarea de construir organizaciones e instituciones que no dependan de su carisma, queda sujeto a la inevitable fragilidad, flaquezas y mortalidad de todo ser humano. Las flaquezas del temperamento de Petro, en particular, pueden jugar en contra de la articulación de un proyecto colectivo. Durante su ejercicio como alcalde de Bogotá, Petro cultivó la imagen de ser un hombre al que le cuesta confiar en la gente y trabajar en equipo.[11] La inestabilidad de su gabinete de gobierno fue prueba de ello.
El riesgo del excesivo personalismo en cierta medida ha sido contrarrestado con la existencia de una coalición más amplia y diversa que, en teoría, puede fijar contrapesos internos al solipsismo del primer mandatario. De otro lado, la fortaleza del sistema de pesos y contrapesos horizontales de las instituciones colombianas también pone un límite a las tendencias caudillistas. De este modo, la excesiva concentración de poder en el Ejecutivo o la perpetuación en el poder más allá de los límites constitucionales parece improbable en Colombia.
El segundo reto será encontrar fórmulas de arreglo entre objetivos que pueden contraponerse entre sí dentro de la agenda de cambio. El aumento del gasto social para combatir la desigualdad, por un lado, y la transición energética que propone terminar la explotación de combustibles fósiles en un plazo de 15 años, por el otro, puede dar lugar a una tensión fundamental dentro de los objetivos del nuevo gobierno. Las rentas petroleras representan un porcentaje importante de los ingresos públicos en Colombia y la exportación de petróleo también constituye un porcentaje significativo de las exportaciones totales. Si bien el país seguirá explotando las reservas petroleras en los siguientes 12 años y continuará la ejecución de los contratos de exploración vigentes, el abandono de la dependencia de los combustibles fósiles tendrá efectos en el corto y mediano plazo. En el corto plazo, el cese de nuevas actividades de exploración puede reducir el valor de las acciones de la empresa mixta de petróleo Ecopetrol y reducir sus rendimientos financieros. En el mediano plazo, el abandono de la explotación sin un plan de reconversión económica exitoso puede dejar desfinanciado el gasto social. Por eso la transición energética requiere un plan de transición que estimule otros sectores de la economía como la agricultura, la industria y el turismo, y permita generar ingresos públicos por otras fuentes. Una reforma al sistema pensional para liberar recursos públicos que hoy se destinan a cubrir el pasivo pensional, una reforma tributaria estructural fundada en los principios de progresividad, equidad y eficiencia, y un mayor rol del Estado en la promoción del desarrollo económico serán claves para armonizar la agenda social con la agenda ambiental, ambas centrales en el programa del nuevo gobierno.
El nuevo gobierno de Colombia frente a los progresismos latinoamericanos
Con la elección de Petro y Márquez, Colombia se suma a la segunda ola de gobiernos progresistas que inició a finales de 2018 con la elección de López Obrador en México, que continuó en Argentina, Bolivia, Honduras, Perú, Chile y que muy probablemente incluirá a Brasil con el pronosticado regreso de Lula a la presidencia. Es aún prematuro situar al entrante gobierno colombiano en el ramillete diverso del progresismo latinoamericano. Sin embargo, la contienda electoral y el periodo de empalme previo a la posesión permiten delinear una primera caracterización.
La conformación parcial del gabinete ministerial y de las bancadas parlamentarias sugieren que el de Petro y Márquez será un gobierno liberal reformista. Este perfil distinguirá al giro político de Colombia de los progresismos andinos de primera generación representados en los gobiernos de Morales, Chávez y Correa. En estos tres casos, los gobiernos lideraron procesos de refundación constitucional para apalancar una mayor intervención del Estado en la economía, cristalizar una agenda nacionalista y asegurar una mayor concentración del poder en las fuerzas gobernantes. La campaña presidencial de Petro en el 2018 parecía estar más próxima a este modelo, pero el tránsito de la Colombia Humana al Pacto Histórico, y de ahí al Acuerdo Nacional, prefiguran un modelo distinto para Colombia, más moderado y más ceñido a las formas, tanto virtuosas como viciosas, de la democracia liberal. Históricamente, parece que el nuevo gobierno guardará mayor semejanza con el gobierno de la Revolución en Marcha liderado en Colombia por López Pumarejo a mediados de los años treinta, que con los populismos que por la misma época proliferaron en América Latina.
La gobernabilidad que se anticipa con el Acuerdo Nacional promovido por Petro también sugiere que el gobierno entrante estará por ahora blindado frente a un escenario de inestabilidad política como el del gobierno de Pedro Castillo en Perú. En comparación con los gobiernos progresistas de la segunda ola, el mayor riesgo a conjurar será repetir un modelo como el consolidado en México con López Obrador, con un poder demasiado centrado en la figura presidencial, muy poca capacidad de cumplir su plan de gobierno y distante del proyecto inicial.
Sin embargo, el rasgo distintivo más prominente del gobierno entrante en Colombia frente a la mayoría del progresismo latinoamericano en el poder es su postura claramente anti-extractivista. En su discurso de victoria del pasado 19 de junio, Gustavo Petro interpeló al progresismo latinoamericano e invitó a dejar de pensar la justicia social, la redistribución de la riqueza y el futuro sostenible sobre la base de los altos precios del petróleo, el carbón y el gas. Junto con el presidente Boric de Chile, Petro se ubica a la vanguardia de una segunda generación del progresismo latinoamericano en el que la agenda ambiental y el cambio climático son preocupaciones centrales de las apuestas de cambio en la región.
En todo caso, la particularidad de la situación de Colombia pone en los hombros del nuevo gobierno unas responsabilidades únicas entre los mandatarios del continente. El narcotráfico y la persistencia de la violencia armada son retos específicos del gobierno entrante. La apertura de un debate global para repensar en el mediano plazo la estrategia de lucha contra el narcotráfico, y la consolidación de los acuerdos de paz serán también indicadores de la profundidad del giro político en el país.
[1] Candidata doctoral, Departamento de Ciencias Políticas, Universidad de Massachusetts, Amherst.
[2] Candidato doctoral, Facultad de Filosofía, Pontificia Universidad Javeriana. Profesor, Departamento de Ciencia Política, Universidad Nacional de Colombia.
[3] https://www.lasillavacia.com/la-silla-vacia/opinion/articulos-columna/petro-y-el-repertorio-gaitanista/
[4] https://centrodememoriahistorica.gov.co/tag/union-patriotica/#:~:text=Uno%20de%20los%20hechos%20m%C3%A1s,123%2C%20la%20mayor%C3%ADa%20eran%20hombres.
[5] Rivera, Diana A, Plata, Juan Camilo, Rodríguez, Juan Carlos (2019), Barómetro de las Américas Colombia 2018. Democracia e Instituciones, p. 16. https://www.vanderbilt.edu/lapop/colombia/Colombia_2018_Democracia_e_Instituciones_W_11.07.19.pdf
[6] Quintana, Laura. 2021. Rabia. Afectos, Violencia, Inmunidad, Herder Editorial, SL, Barcelona.
[7] https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/mapa-pobreza-municipios-colombia-2018-2019-dpto-prosperidad-social.pdf
[8] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/presentacion-grupos-etnicos-poblacion-NARP-2019.pdf
[9] Ver al respecto https://gustavopetro.co/trabajo/
[10] Petro, Gustavo. 2021. Una Vida, Muchas Vidas, Editorial Planeta Colombiana, S.A., p. 318.
[11] León, Juanita y Ardila, Laura. 2022. “Gustavo Petro: una revolución inconclusa,” en Los presidenciables. Los hombres y las mujeres que aspiran a liderar el país, Penguin Random House Grupo Editorial, p. 241.
Alejandro Mantilla es Licenciado y Magíster en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios de Doctorado en Filosofía en la misma universidad. Es integrante del Grupo Permanente de Alternativas al Desarrollo impulsado por la Fundación Rosa Luxemburgo. Es profesor ocasional en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia.
Luz María Sánchez es candidata al doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Massachusetts, Amherst y abogada colombiana. Sus áreas de investigación incluyen el estudio social de la implementación de normas de derechos humanos, la justicia transicional y la relación entre populismo, democracia y transformaciones constitucionales populares en América Latina, especialmente en el caso de Bolivia bajo el gobierno de Evo Morales. Como abogada, se ha dedicado al litigio de interés público en Colombia en temas que incluyen la consulta previa de comunidades indígenas, los derechos de la población LGBTI, los derechos de las víctimas del conflicto armado y el derecho a la protesta, entre otros.
