Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI)
Introducción
Desde el 3 de enero de 2026, Cuba comenzó a ocupar un lugar destacado en las noticias, tras la llamada intervención quirúrgica en Venezuela que llegó acompañada de las declaraciones escatológicas de Estados Unidos sobre el destino de la isla cuando se interrumpiera el suministro de petróleo. El colofón de los titulares fue el 29 de enero con la Orden Ejecutiva declarando un bloqueo a los envíos de combustible con incremento de los aranceles para los que no acataran la orden (White House, 2026).
Esta cadena de eventos ha puesto en tensión a la sociedad cubana agravando situaciones críticas acumuladas que han incrementado la irritación de la población y, en consecuencia, el interés internacional sobre los posibles escenarios para Cuba se ha intensificado. El presente trabajo pretende incursionar en estas realidades en un momento de total incertidumbre, no sólo para Cuba, sino para la humanidad.
Cuba ante la reconfiguración geopolítica global y el escenario regional
Si bien la crítica situación en Cuba es un proceso que se viene agudizando en los últimos tres años, sin haberse recuperado de los efectos de la pandemia del Covid 19, es menester analizar cómo el actual contexto favorece un agravamiento o amortiguamiento de la situación. Cualquiera podría pensar que procesos geopolíticos que se acercan o son coincidentes con las aspiraciones cubanas, favorecerían un ambiente político más distendido para Cuba. Sin embargo, las crecientes tensiones globales que en la perspectiva estadounidense hacen que China, país con presencia económica y cercanía política con Cuba sea percibida como rival estratégico. Los cambios en la correlación de fuerzas políticas en la región han significado en la práctica que la isla caribeña sea confirmada como un actor disidente y un objetivo para el cambio de régimen por parte de Estados Unidos en la búsqueda de reafirmación hegemónica en el hemisferio occidental.
La Revolución Cubana en sus 67 años ha debido enfrentar contextos internacionales muy distintos que han puesto a prueba tanto su capacidad para resistir como su creatividad para bregar en ambientes de tensión y hostilidad. Primero fue en el escenario de la Guerra Fría, en el cual el país tuvo que adaptarse e insertarse en un espacio con tecnologías, culturas e incluso alfabetos hasta ese momento ajenos. Debe recordarse que, hasta la década de los años 80, Cuba fue aislada de la región, con la excepción de México que mantuvo relaciones diplomáticas con la isla. A veces se subestima el peso de ese cambio en el contexto cultural del desarrollo en la formación de una capacidad de adaptación a situaciones cambiantes y límites.
Esta capacidad quedó demostrada por las respuestas que tanto en el orden estatal como a nivel familiar se produjeron con la desaparición de la Unión Soviética y del campo socialista, lo que tuvo un impacto que pocos países han experimentado. Las alternativas de enfrentamiento a la crisis, generadas por esta circunstancia, implicaron una reestructuración de la economía cubana en el ámbito macroeconómico, donde el turismo y el desarrollo de las ciencias fueron concebidos como motores de la economía. Mientras que en el ámbito familiar e individual se desataron creativas soluciones de supervivencia.
A fines de la década de los años 90 y los primeros años del siglo XXI, sobrevino un cambio en la correlación de fuerzas política regional, fuerzas progresistas llegaron al gobierno–aunque no necesariamente con un proyecto anticapitalista—y generaron políticas de redistribución de la renta y otras políticas sociales de beneficio popular. Esto rompió con una inercia electoral entre fuerzas de la derecha, incluyendo a la izquierda en la alternancia política, bajo las reglas de la democracia burguesa y el hostigamiento permanente de las fuerzas de la derecha nacional e internacional.
En el ámbito de las relaciones regionales, el ascenso de fuerzas de izquierda al gobierno abrió un espacio político a la materialización de la política internacionalista de Cuba más allá del restablecimiento de relaciones diplomáticas con los países de la región ocurrido en décadas anteriores. Así, hubo reclamos de involucrar a Cuba y sus justas demandas al concierto regional. De forma mancomunada con el gobierno bolivariano, se desarrollaron misiones sociales en gran parte de los países de la región en el campo de la salud, la educación, la cultura y el deporte que le valieron al gobierno y profesionales cubanos una carta credencial como socio en la cooperación.
Cada uno de estos momentos ha condicionado las oportunidades y las restricciones diferenciadas al desarrollo de la isla, es decir han sido los elementos variables del contexto. El elemento constante ha sido la persistencia de presiones provenientes de Estados Unidos dirigidas a destruir el proyecto cubano a través de acciones militares, sabotajes a la economía nacional, incitaciones a la subversión interna y la asfixia económica para lo cual el instrumento principal ha sido el bloqueo. En el contexto actual, Estados Unidos no cuenta con la capacidad de años atrás para establecer consensos globales. Su estatus hegemónico se ha visto desafiado por el ascenso de potencias como China, cuyo crecimiento económico, tecnológico y financiero modifica la posición estadounidense en el mapa del poder global.
El sistema internacional deja atrás el ordenamiento unipolar post Guerra Fría y, presumiblemente avanza hacia un orden multipolar. Pero esa transición a la multipolaridad no debe idealizarse, se caracteriza por las asimetrías entre los actores que la lideran. Tanto las potencias en declive como las que están en ascenso mantienen capacidades económicas, tecnológicas y militares muy superiores a las de la mayoría de los países. Unas y otras buscan ampliar su influencia dentro de un entorno internacional más complejo y competitivo. El actual entorno competitivo parte de condiciones de interdependencia entre las potencias beligerantes que no existían en la Guerra Fría. Ello podría explicar reacciones menos explosivas por parte de las potencias en ascenso ante las acciones de las declinantes que torpedean su avance o la subordinación a sus intereses estratégicos de otros objetivos que involucran al resto del Sur Global.
Las fracturas en torno a las políticas estadounidenses con relación a sus adversarios se manifiestan en la tendencia cada vez más visible en la política de ese país a la utilización de sanciones económicas, restricciones financieras y otras formas de presión económica como instrumentos de política exterior. Estas medidas han devenido forma privilegiada para influir en la adopción de posiciones de terceros o limitar sus márgenes de acción. De esta manera, la economía internacional exhibe niveles de (geo)politización y securitización crecientes.
Paralelamente, la transición en el orden internacional abrió espacios para una mayor participación de actores del llamado Sur Global en la discusión sobre las reglas del orden mundial. Países y agrupaciones regionales han comenzado a reclamar mayor participación en los procesos de toma de decisiones globales y el derecho a estar representados en las instituciones internacionales. Este proceso transcurre de forma gradual derribando resistencias objetivas y subjetivas, que el occidente colectivo pone a las potencias en ascenso, y marca una tendencia hacia un sistema internacional más plural que el liderado por las potencias occidentales.
Esa ruptura de las formas funcionales del orden global unipolar favoreció la inserción e interacción de Cuba en espacios contestatarios de ese orden y particularmente con actores que ganan peso en la configuración mundial de poderes. Sin embargo, este proceso se produce en un escenario de competencia estratégica en el que Estados Unidos se resiste a perder su hegemonía e intenta reafirmar su control sobre el hemisferio occidental. De manera explícita, en su Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre de 2025, esa nación apela a una actualización de la Doctrina Monroe en términos incluso más duros que la formulada en 1823 (White House, 2025).
Desde la perspectiva del actual gobierno estadounidense, Cuba ostenta una doble condición: es aliado de las potencias retadoras y representa un proceso político antimperialista que desafía los intereses de Estados Unidos en su área de influencia más inmediata. En esa lógica, la administración Trump, tras intervenir en Venezuela a inicios de 2026, ha reforzado los mecanismos de presión para aislar a Cuba y provocar inestabilidad interna a partir del recrudecimiento de las restricciones económicas, una estrategia influida por la agenda personal de su Secretario de Estado.
Estas dinámicas globales tienen implicaciones directas para América Latina y el Caribe. La región tiene una posición geográfica y estratégica relevante, a lo cual se suma la dotación de importantes recursos naturales y energéticos. La creciente presencia de actores extrarregionales en el área, unido a su crecimiento económico y en tecnologías de fronteras, coloca en alerta a Estados Unidos, quien se percibe amenazado y en potencial desventaja, en una competencia cada vez más desafiante. En ese escenario, la región redimensiona su importancia en los cálculos geopolíticos de las potencias.
El actual escenario político regional se ha vuelto más fragmentado. Los cambios de orientación política de los gobiernos han significado discontinuidades en su política doméstica al igual que en sus prioridades de inserción internacional y regional. Ello ha tenido un reflejo en la erosión de los espacios del regionalismo latinoamericano y caribeño, que ante la fragmentación política ven debilitada su capacidad para articular posiciones consensuadas y coordinar acciones colectivas en un escenario internacional caracterizado por crecientes presiones externas. El giro a la derecha de muchos gobiernos de la región ha configurado un panorama político donde el interés nacional y regional queda, en muchas ocasiones, subordinado al alineamiento político y a la cesión de soberanía ante las presiones de Estados Unidos. Al mismo tiempo deja a la región en peores condiciones para gestionar la asimetría de la relación con actores globales tradicionales y en ascenso.
En ese escenario complejo, las dinámicas globales y regionales se entrelazan de manera cada vez más estrecha. Para Cuba, esa nueva configuración tiene varias implicaciones:
- representa un entorno menos propicio para la proyección de sus objetivos de política exterior.
- el tradicional acompañamiento unánime de la región a la demanda en Naciones Unidas del levantamiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos se ha fracturado. El resultado de la votación de 2025 de la resolución cubana contra el bloqueo en la Asamblea General registró a Costa Rica y Ecuador entre los 12 países que se abstuvieron y a Argentina y Paraguay entre los 7 que votaron en contra.
- la relación bilateral con algunos de los gobiernos de derecha de la región se ha deteriorado, en los que la intención estadounidense de aislar a Cuba también por la vía diplomática ha calado con fuerza. Hasta el momento esta tendencia ha alcanzado su punto más álgido en la decisión unilateral de los gobiernos de Ecuador y Costa Rica de cerrar sus embajadas en La Habana y exigir la retirada del personal diplomático cubano de esos países. Esto puede interpretarse como una ruptura de facto de la relación diplomática, o en el caso de Costa Rica su limitación a la función consular exclusivamente.
- la ralentización de los esquemas de concertación política de relevancia para la política exterior cubana, como la CELAC y el ALBA, reduce su capacidad de incidencia en el consenso regional para impulsar posiciones de autonomía. En el caso de la CELAC, el consenso regional en ocasiones ha sido obstaculizado por la acción intencionada de varios gobiernos de derecha de la región, lo que en la práctica significa la paralización del mecanismo. La X Cumbre de CELAC recién concluida (22 de marzo de 2026) es una evidencia de la polarización en la región, donde de forma clara fue manifiesta la reversión del consenso en temas que lo concitaban. Entre ellos: la condena al bloqueo contra Cuba, la evasión de un posicionamiento con relación a los eventos del 3 de enero en Venezuela, el documento firmado por los ministros de defensa de 16 países del área o sus representantes cuyo texto contradice la proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.
- las posiciones de defensa de la soberanía cubana y el derecho a la autodeterminación desde gobiernos de la región no encuentran acompañamiento de otros que ceden a las presiones estadounidenses o colocan en primer lugar la preservación de una relación amigable con Estados Unidos.
- la genuflexión de varios gobiernos de la región en torno a la reclamación estadounidense del cese de la cooperación médica cuba
- en la búsqueda de opciones de equilibrio que no alimenten la idea de alineamientos con países que no abrazan las mismas posiciones políticas que Estados Unidos, aunque son importantes en sus relaciones económicas y de cooperación, eventualmente se endurecen las posiciones críticas hacia Cuba.
La intervención en Venezuela: motivaciones y reacciones desde la región
La intervención estadounidense en Venezuela el 3 de enero ha tenido un gran impacto en el contexto regional, generando mayores fracturas en el consenso, algunas de las cuales eran preexistentes. Para Cuba, los cambios derivados del proceso asociado a esos hechos significaron la pérdida de quien hasta el 2024 fuera su principal suministrador de combustible, mediante un convenio que permitía su financiamiento con servicios profesionales, lo que se ajustaba a las necesidades de ambos países. A ello se suma, la erosión de una alianza política que había jugado un papel articulador en la región en los últimos cuatro lustros del Siglo XXI.
La operación a través de la cual fueron bombardeados varios puntos estratégicos del territorio venezolano y secuestrado el jefe de Estado y su esposa, costó la vida a 32 cubanos que cumplían misiones relativas a la seguridad en ese país a solicitud del gobierno venezolano. Estados Unidos presentó la intervención bajo la fachada de una operación policial ante supuestos vínculos del presidente Nicolás Maduro con actividades de narcotráfico. Esto fue antecedido por un amplio despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe y recurrentes ejecuciones extrajudiciales en esa zona y la del Pacífico latinoamericano bajo la misma excusa.
Sin embargo, los intereses que motivaron esta acción están más relacionados con otros factores:
- el control de recursos energéticos y minerales en el subsuelo venezolano (petróleo, gas y oro, fundamentalmente)
- cambio de régimen
- contención de la presencia de actores considerados adversarios (China, Rusia, Irán)
- impedir un presumible acuerdo de desdolarización del comercio del petróleo venezolano
- evitar la reactivación de iniciativas de cooperación articuladas en torno a Venezuela
No es posible entender las acciones del 3 de enero sin considerar los intentos previos de Estados Unidos por desestabilizar al gobierno de Venezuela, incluidos golpes petroleros, sabotajes y, a partir de 2015, sanciones económicas. La coerción hacia Caracas se explica en buena medida por el impacto para el capital transnacional de las transformaciones hacia una gestión más soberana de los recursos petroleros y la distribución de la renta derivada de esas operaciones, incluidas las nacionalizaciones de activos de esas compañías.
La segunda administración Trump se habría planteado retomar el acceso a los minerales energéticos venezolanos en condiciones notablemente ventajosas, asegurando el suministro de combustible a las refinerías de la costa oeste, adaptadas técnicamente para el petróleo pesado venezolano. Tal objetivo se vislumbra como trasfondo de una operación que, a partir de las condiciones impuestas al nuevo gobierno interino de Delcy Rodríguez, ha provocado un repliegue de algunas de las posiciones soberanistas defendidas por la Revolución Bolivariana, especialmente en el sector de los hidrocarburos.
La reforma de 2026 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos introduce cambios orientados a flexibilizar el control estatal y crear mayores incentivos para la inversión privada, al ampliar las figuras autorizadas para realizar operaciones petroleras, habilitando empresas privadas domiciliadas en Venezuela. Asimismo, se reducen potencialmente las cargas fiscales, al permitir mayores reducciones de las regalías base del 30% (hasta el 15% para empresas mixtas y 20% para privadas). Uno de los cambios más relevantes en materia jurídica radica en que permite mecanismos alternativos de solución de controversias, incluido el arbitraje internacional, en lugar de limitarse a tribunales nacionales (Banca y Negocios, 2026).
Las licencias emitidas recientemente por el gobierno estadounidense significan importantes exenciones a las sanciones que se mantienen vigentes. Dichas exenciones acarrean costos: no más envíos de petróleo venezolano a China, Rusia, Cuba, Irán y Corea del Norte y control por parte de Estados Unidos de los ingresos resultantes de la actividad petrolera. La pauta trazada por el Secretario de Estado Marco Rubio de un plan en tres fases, indica que las formas de cambio de régimen varían con respecto a casos anteriores mientras se persiguen transformaciones económicas que preceden a una eventual transición política (CNN en Español, 2026).
Desde un enfoque geopolítico, la intervención en Venezuela responde al interés de Washington de profundizar su hegemonía hemisférica. Específicamente, el hecho apunta a adversarios extrarregionales –China, Rusia e Irán-, que habían tejido alianzas políticas y económicas con el gobierno venezolano como forma de compensar el efecto de las sanciones de Estados Unidos y la retirada de sus capitales del país sudamericano.
La agresividad del asalto dota de mayor efectividad a las presiones sobre gobiernos latinoamericanos y caribeños, que ven cada vez más limitadas sus capacidades para mantener posiciones de autonomía ante las exigencias de la Casa Blanca. En consecuencia, el gobierno estadounidense se coloca en una posición más favorable para avanzar puntos de su agenda geopolítica y obtener ventajas en la disputa por espacios geoeconómicos en el hemisferio.
Por su parte, la respuesta regional a los hechos del 3 de enero ha revelado una profunda fractura entre los gobiernos de América y el Caribe. Las posiciones oscilan entre la condena de los hechos y el alineamiento explícito con los ejecutores, pasando por posturas intermedias que de forma pragmática anteponen intereses particulares de cada nación. En una punta del espectro, los gobiernos de Cuba, Nicaragua, Honduras y, de forma más matizada, Brasil, Colombia, México y Chile[1] condenaron en diferentes términos la invasión. Aludieron a la violación de los principios del Derecho Internacional y la afrenta a la soberanía venezolana. En el polo opuesto, gobiernos en su mayoría de derechas (Argentina, Ecuador, Bolivia, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Perú, Paraguay y El Salvador), validaron las acciones estadounidenses como una operación policial amparada en la lucha antinarcóticos o en un supuesto restablecimiento de la democracia en Venezuela. Por su parte, los ejecutivos de Uruguay y Guatemala se han balanceado en una posición que combina el apego al derecho internacional con las críticas al gobierno de Nicolás Maduro (Marín Suárez & Rosés Pérez, 2026).
De sumo interés resulta lo observado en CARICOM, donde el posicionamiento de dos de sus miembros ha quebrado el histórico consenso de los pequeños estados caribeños en la arena internacional. Guyana y Trinidad y Tobago, ya fuera por afinidad ideológica, búsqueda de favores políticos o por la cuestión del Esequibo, respaldaron el asalto a Caracas de forma explícita. Con matices, las pragmáticas posiciones de los restantes miembros del bloque denotaron gran cautela sobre el asunto. Suscribieron en su mayoría casi exclusivamente, la tibia declaración de CARICOM, que en esta oportunidad no reflejó tan enfáticamente su apego a los principios del derecho internacional, en especial la defensa de la soberanía y la integridad territorial de los estados (Marín Suárez & Rosés Pérez, 2026).
Más allá de las afinidades ideológicas de determinados actores, resulta innegable que el incremento de las presiones estadounidenses en el ámbito bilateral o multilateral se ha convertido en un factor decisivo para explicar el posicionamiento de los países hacia la intervención en Venezuela. Presumiblemente, con sus matices diferenciadores, es lo que pudiera vaticinarse para Cuba por parte de un importante grupo de gobiernos latinoamericanos y caribeños.
El bloqueo petrolero y las implicaciones para Cuba
Los acontecimientos del 3 de enero de 2026 en Venezuela han tenido un alto impacto en la economía cubana, profundizando una crisis preexistente desde años anteriores, con efectos inmediatos en múltiples sectores: energético, productivo, social. La intervención estadounidense ha venido acompañada de una interrupción abrupta del suministro de combustibles a Cuba. Aunque se había reducido gradualmente desde años anteriores -con mayor énfasis desde 2024-, continuaba siendo una parte importante de las importaciones de hidrocarburos de la isla, cubriendo entre el 30% y el 35% de la demanda de crudo a fines de 2025 (Centro de Estudios de la Economía Cubana, CEEC, 2025).
La imposibilidad de recuperar los niveles previos acordados bajo el Convenio Integral de Cooperación Cuba – Venezuela, llevó a Cuba a buscar una diversificación de sus proveedores de energía. Sin embargo, enfrentaron mayores limitaciones por el reforzamiento de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos desde la primera administración Trump, y no revertidas por el gobierno de Biden. A partir de 2022, las importaciones de petróleo desde Rusia también se redujeron, lo que coincide con el inicio de la guerra en Ucrania. En ese contexto, México ocupó un lugar cada vez más importante, convirtiéndose en 2025 en el principal suministrador de combustibles a Cuba, pero sin compensar las cantidades enviadas antes por Venezuela.
Fuente: (Webber, 2026).
En términos económicos, la interrupción del suministro de combustible tiene efectos en cascada sobre la generación eléctrica, el transporte, las cadenas logísticas y las condiciones de vida. En los últimos meses de 2025, el 49% de las interrupciones en el servicio eléctrico tenían como causa el déficit de combustible (Centro de Estudios de la Economía Cubana, CEEC, 2025). Lo que se traduce en caídas de la actividad productiva y expansión de las interrupciones en la provisión de servicios básicos. Dado que la energía es un insumo transversal, su escasez acelera presiones inflacionarias preexistentes, en un contexto marcado por déficit fiscal, depreciación cambiaria y baja oferta interna.
La crisis revela con claridad una vulnerabilidad estructural. Nos referimos a la alta dependencia de combustibles fósiles importados, que se intenta reducir con la instalación acelerada de capacidades de generación de energía a partir de fuentes renovables, fundamentalmente solar, aunque todavía de manera insuficiente para compensar el déficit energético. El impacto también se extiende al sector externo. La crisis energética encarece el transporte aéreo y dificulta el abastecimiento de combustible para la aviación. Esto ha provocado la reducción o suspensión de operaciones de aerolíneas de varios países (por ejemplo, Canadá, Rusia, Francia, Turquía) que afecta directamente al turismo, una de las principales fuentes de divisas del país. A ello se suman restricciones indirectas asociadas a la política estadounidense, como advertencias de viaje y controles migratorios que amenazan con revocar visas de entrada a Estados Unidos a quienes visiten Cuba previamente.
En el plano social, los efectos son particularmente sensibles. La escasez de combustible compromete la provisión de servicios públicos esenciales como la salud, la educación, el abasto de agua y el transporte. También deteriora las condiciones de vida de la población que sufre apagones cada vez más prolongados y dificultades para acceder a combustible para la cocción de alimentos. Este escenario reproduce, en cierta medida, dinámicas del Período Especial de los años 90, pero parte de un contexto social de mayores desigualdades que con la actual crisis tienden a profundizarse.
El cerco económico a Cuba se enmarca en una estrategia orientada a debilitar su proyección internacional y sus principales fuentes de ingresos en divisas: turismo y servicios profesionales. Al bloqueo energético se unen la presión a gobiernos de la región para cerrar los convenios de cooperación médica. Ya lo han hecho Jamaica, Honduras, Guatemala, Guyana, Bahamas y otros han planteado su revisión con vistas a no renovarlos o reducir la cantidad de colaboradores cubanos de la salud. Y se suman las sanciones financieras incrementadas desde que la administración Trump impuso en su primer mandato más de 240 medidas coercitivas unilaterales e insertó arbitrariamente a la isla en la lista de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo. Entre esas medidas se incluye el retiro de visas de entrada a Estados Unidos a funcionarios de países de la región, en especial del Caribe, vinculados a la contratación de personal de la salud a través de convenios de cooperación con instituciones gubernamentales cubanas (Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, 2025).
Con la emisión de la orden ejecutiva del 29 de enero de 2026, bajo un enfoque de securitización y sin ofrecer argumentos que lo validen, se declara a Cuba como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. El lanzamiento a inicios de marzo del llamado Escudo de las Américas, iniciativa que convoca a los gobiernos más alineados políticamente con ese país a la acción militar coordinada para enfrentar riesgos de seguridad asociados al narcotráfico y la “influencia maligna” de actores externos (White House, 2025). Esto en clara alusión a adversarios geopolíticos como China, Rusia o Irán, regionaliza ese enfoque de securitización como articulador de la relación de Estados Unidos con América Latina y el Caribe.
Frente al cerco energético: solidaridad internacional y respuestas desde Cuba
Tras los eventos del 3 de enero de 2026 y la imposición de un bloqueo energético de facto por parte de Estados Unidos, Cuba ha recibido muestras de solidaridad tanto de gobiernos como de organizaciones de la sociedad civil e individuos de todo el mundo. La respuesta internacional combinó el envío de ayuda humanitaria inmediata, donaciones de tecnología solar, y compromisos para enviar alimentos, medicamentos, artículos de primera necesidad, suministros para el almacenamiento de agua, entre otros.
La ayuda humanitaria ha sido liderada por el gobierno de México, con el envío hasta fines de marzo de 2026 de cuatro embarcaciones con alimentos (arroz, frijoles, alimentos enlatados, leche líquida y en polvo, productos cárnicos, entre otros), artículos de higiene y otros de primera necesidad que ya suman 3 125 toneladas de ayuda (teleSUR, 2026). La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha hecho explícito su compromiso de sostener una política solidaria hacia Cuba, así como la voluntad de encontrar soluciones por la vía del diálogo y la negociación con Estados Unidos. El propósito es reiniciar el suministro de combustible interrumpido a la luz de la orden ejecutiva del 29 de enero, en lo que constituye una ratificación de una postura soberana sobre las decisiones de relacionamiento externo de su país.
A los envíos provenientes de las instituciones gubernamentales mexicanas se han sumado importantes contribuciones del pueblo y los movimientos de solidaridad con Cuba en ese país. Más recientemente, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador interrumpió su habitual retiro y promovió donaciones solidarias destinadas a recaudar fondos para contribuir con los envíos (La Jornada, 2026).
México también se ha destacado en el apoyo logístico a otros países y agrupaciones que han decidido enviar ayuda humanitaria a Cuba o desarrollar acciones solidarias. Por ejemplo, en el caso de la ayuda que organizan los Estados de CARICOM a través del bloque regional, fungirá a manera de enlace tanto para la compra de los suministros destinados a Cuba como para su transportación, lo que responde a las dificultades logísticas en la interconexión marítima entre las islas caribeñas (CARICOM, 2026).
Otro ejemplo notorio lo constituyó el apoyo y acompañamiento de las autoridades mexicanas al Convoy Nuestra América, parte del cual zarpó desde Yucatán para llegar por mar a Cuba. También con un cargamento que trasladaron alrededor de 600 delegados de Estados Unidos, Europa y América Latina y el Caribe por aire, conjugaron toneladas de alimentos y medicamentos con paneles solares y otros insumos necesarios en la isla. Ante el desvío por los vientos del Mar Caribe, el gobierno mexicano activó un plan de búsqueda y rescate de dos veleros que demoraron más de lo previsto en llegar a tierra cubana, auxiliándolos para alcanzar su destino final (Secretaría de Marina, 2026).
Otros gobiernos se han destacado también por sus gestos de solidaridad hacia Cuba. Tal es el caso de la República Popular China que ha contribuido con la donación de 5 000 paneles solares que están siendo instalados en instituciones de importancia económica y social a lo largo de todo el país (Belly of the Beast, 2026). Igualmente, el país asiático ha donado a Cuba como parte de la ayuda humanitaria 30 000 toneladas de arroz, que debe alcanzar las 90 000 toneladas en el futuro, para distribuir a la población (Pérez López, 2026).
Rusia, por su parte, ha manifestado la continuidad del apoyo a la isla caribeña no sólo a través de declaraciones políticas que hacen explícita su posición de apoyo a la soberanía cubana, sino con el envío de un barco con 100 000 toneladas de crudo. Este es el primero que se recibe en Cuba en un período de alrededor de tres meses. La llegada del barco petrolero, si bien constituye un gesto de solidaridad y firmeza por parte del gobierno ruso en su posición hacia Cuba, representa de inmediato un alivio de corto plazo a la crítica situación energética del país. Esto no significa el levantamiento del cerco petrolero estadounidense, cuestión que la vocera de la Casa Blanca ha dejado claro indicando que Estados Unidos evaluará los envíos caso a caso después de que el presidente Trump indicara que podían llegar algunos barcos con combustible, incluso de otros países, por una razón humanitaria ya que los cubanos necesitaban “sobrevivir” (Erickson & Bose, 2026). Ante esta declaración, la presidenta mexicana dejó abierta la posibilidad de reiniciar envíos de petróleo a Cuba. En paralelo, países y entidades como Brasil, Chile, Canadá, España, Guyana, Vietnam y la Unión Europea han anunciado financiamiento o ayuda material, sea directamente o a través de organizaciones internacionales y agencias de cooperación.
Frente a la crítica situación que enfrenta el país en la que se conjugan los efectos acumulados del bloqueo con las medidas recientes de estrechamiento del cerco de asfixia económica, el gobierno cubano ha dado prioridad a construir la soberanía energética del país en tres niveles. Está sosteniendo la generación eléctrica mediante una combinación de medidas de corto y mediano plazo con una estrategia de transición energética. En el corto y mediano plazo, se prioriza la recuperación de capacidades existentes, especialmente las termoeléctricas -muchas de ellas obsoletas- y la generación distribuida[2]. Esta última, con una capacidad instalada que permitiría generar alrededor de 1 400 megawatts -lo que se traduce en 400-500 megawatts menos que el déficit de generación promedio en Cuba en los últimos meses-, no puede operar plenamente por la falta de acceso al combustible. Paralelamente, en un segundo nivel, está la utilización de crudo nacional (pesado y de menor calidad por su contenido de azufre) cuya explotación se pretende incrementar para mantener activa parte de la generación, complementándolo con el uso del gas acompañante (Pablo Iglesias, 2026).
En este contexto, a tenor con la declaración del bloqueo energético dirigido a las entidades estatales encargadas de las importaciones de combustible, el gobierno cubano ha autorizado a actores del sector privado a importar directamente combustible para operaciones vinculadas a su actividad económica, incluida la posibilidad de importarlo desde Estados Unidos. Al unísono se desarrolla el tercer nivel que tiene implicaciones estructurales. Se impulsa una rápida expansión de las energías renovables, en particular la solar fotovoltaica, así como inversiones en energía eólica, biomasa y biodigestores. En 2025 la instalación a gran escala de parques fotovoltaicos permitió un crecimiento del 7% en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, que se prevé se incrementará hasta alcanzar en los próximos años los 3 000 megawatts. A esto se suman políticas de incentivo para que actores estatales y privados se incorporen a la transformación de la matriz energética nacional, el fomento de la movilidad eléctrica y una lógica de “resistencia creativa” que incluye soluciones descentralizadas (paneles solares domésticos, redes comunitarias, adaptación tecnológica local) (Pablo Iglesias, 2026).
Resulta obvio que en cualquier estrategia para reactivar la economía y reestablecer el funcionamiento normal de los servicios, el tema de la energía es prioritario. Por lo que es comprensible que se destinen los recursos necesarios a ese fin, lo cual significa una reorientación de recursos que previamente habrían sido destinados a otras áreas. Con esto se quiere resaltar que el bloqueo energético supone replantearse el orden de las prioridades en lo inmediato y el horizonte de la planificación del desarrollo.
Las acciones de Estados Unidos, caracterizadas por el uso sistemático de medidas coercitivas unilaterales, la presión diplomática y la instrumentalización de mecanismos económicos, limitan la capacidad cubana para implementar sus programas de desarrollo. Sus efectos extraterritoriales alcanzan a gobiernos con los cuales Cuba ha desarrollado espacios de cooperación en beneficio de ambas partes. Estas políticas no solo restringen el acceso a financiamiento, tecnología y mercados, sino que también reconfiguran las prioridades internas, obligando a destinar recursos escasos a la gestión de crisis inducidas, erosionando avances económicos y sociales y aplazando las expectativas de prosperidad de su población. Frente a este escenario, la solidaridad internacional se convierte en un componente clave para contrarrestar los efectos de estas presiones y repensar cómo articular espacios de cooperación alternativa y respuestas colectivas desde el Sur Global.
FIN
Referencias bibliográficas
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