Emilio Pantojas García*
La Universidad de Puerto Rico fue fundada en 1903 con la misión de entrenar maestras y maestros puertorriqueñas/os (“nativos”) bilingües para el sistema insular de educación pública. Estas maestras y maestros participarían en la implantación de la política de “americanización” de Puerto Rico, que pretendía “asimilar” a los puertorriqueños a la cultura y la civilización estadounidense. En 1911, estimulado por la extensión a la Isla de la Ley Morrill-Nelson de 1908, se estableció en Mayagüez el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas para preparar agrónomos, químicos e ingenieros necesarios para la industria azucarera y la agricultura de exportación que estableció el capital estadounidense en el país a partir de 1898. La creación de los dos primeros recintos de la UPR articulaba así primordialmente los intereses del gobierno y las corporaciones estadounidenses: la expansión de la “civilización”, las instituciones y los intereses económicos del recién nacido imperio.[1]
Aunque creada con un propósito colonizador y utilitario, la UPR evolucionó hasta convertirse en una “universidad nacional”, en el sentido latinoamericano. Esto es, una institución de educación superior pública que articula y promueve un proyecto cultural propio junto a la formación de cuadros profesionales y ciudadanos/as que aportan al desarrollo social del país. A partir de la Ley Universitaria de 1942 y el nombramiento del primer rector puertorriqueño (Jaime Benítez), la UPR proclamó un proyecto cultural de afirmación de la puertorriqueñidad y fue centro intelectual del proyecto populista de modernidad desarrollista del Partido Popular Democrático (PPD).
Esta articulación orgánica entre la UPR y el proyecto político del PPD se quebró con el triunfo electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) en 1968. A partir de ese momento, la alternancia política introdujo nuevas dimensiones, matices y conflictos en el proyecto universitario. La lucha bipartita PNP/PPD convirtió la universidad primero en terreno de lucha ideológica entre anexionistas y puertorriqueñistas y más tarde en “botín de guerra”, lo que ha causado el colapso institucional que presenciamos hoy.
El Proyecto de Modernización Populista del PPD: La ‘Universidad Nacional’
La consolidación de la UPR como una institución moderna de educación superior ocurrió luego de la Segunda Guerra Mundial. Las políticas del nuevo trato” (The New Deal) y “el buen vecino” (Good Neighbor) formuladas por la administración de Franklin D. Roosevelt durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial trajeron a Puerto Rico una nueva “mentalidad colonial”. Estas políticas marcaron el inicio de lo que podría denominarse como “colonialismo ilustrado”, que dejaría en manos de la clase política puertorriqueña y una tecnoburocracia asociada a esta el manejo de los asuntos internos de Puerto Rico manteniendo el control absoluto de asuntos de política exterior y de defensa en manos de la metrópolis (Pantojas-García, 1990, pp. 88-95).
Para la década de 1930, el proyecto de americanización había fracasado. La imposibilidad de asimilar a los puertorriqueños al idioma y la cultura estadounidenses quedó demostrada con el surgimiento de un fuerte movimiento nacionalista que promovió la independencia y que fue reprimido violentamente por el gobierno colonial. La participación de la clase política puertorriqueña asociada al PPD en la represión del nacionalismo consignó la lealtad de esta al régimen colonial (Maldonado Denis, 1969). El liderato Popular demostró que se podía ser leal a Estados Unidos sin ser “asimilista”. Esta prueba de lealtad y la participación de los puertorriqueños en la lucha contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial crearon una nueva convergencia entre la clase política criolla y los intereses y funcionarios de la metrópolis.
El contexto de conflicto y acomodo del emergente “colonialismo ilustrado” se inició con la llegada al poder del PPD en 1940. Charles T. Goodsell (1967, 31-35) describe el 1942 como el año en que se logró esta convergencia entre regentes coloniales estadounidenses y la clase política criolla, y la atribuye a varios factores: la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra, la amenaza de submarinos alemanes en el Caribe, el nombramiento de Rexford G. Tugwell como gobernador y el triunfo del PPD con un proyecto político de reformas dentro del marco colonial.[2] El proyecto de modernización populista del PPD impulsó un conjunto de leyes de reforma, entre las cuales se encuentra la nueva ley universitaria de 1942. Esta ley creó el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico y se nombró al primer rector puertorriqueño de la institución. La dinámica de conflicto y acomodo colonial de la Universidad tomó un nuevo giro (Navarro, 2000, pp. 35-52).
El proyecto político populista del PPD cumplió las aspiraciones de la élite criolla puertorriqueñista de afirmar los valores culturales hispanoamericanos y también tener mayor participación en los asuntos internos del gobierno de la isla. El gobierno Popular desmanteló el dominio de la industria azucarera, instauró políticas de desarrollo industrial y de beneficencia social, así como de afirmación puertorriqueñista. El marco jurídico-político de este proyecto fue implantado entre 1948 y 1952 articulándose en la estrategia de desarrollo conocida como “Operación manos a la obra” (OMO) y en la fórmula política de “Estado Libre Asociado” (ELA) (Pantojas-García, 1990, pp. 65-68).
La reestructuración de la relación colonial conllevó la modernización de la economía y las instituciones políticas y sociales. La UPR fue la institución que dirigió el proceso de modernización político-económico del modelo OMO/ELA. En 1943, se eliminó el Colegio de Artes y Ciencias y se crearon los colegios de Ciencias Naturales, Humanidades y Ciencias Sociales. Uno de los departamentos del nuevo Colegio de Ciencias Sociales fue el de economía, creándose también el Centro de Investigaciones Sociales y las Escuelas de Administración Pública y Trabajo Social (Roca de Torres et al., 2003, p. 5).[3] Estas nuevas unidades académicas fueron fundamentales en la formación de cuadros tecnocráticos y en proveer investigaciones sociales “científicas” para el nuevo proyecto de modernización populista. En 1946, la UPR logró la acreditación de la Middle States Association, acreditadora de instituciones de educación superior del noreste de Estados Unidos (Navarro, 2000).
La institucionalización de la UPR como centro de educación superior al servicio de la política social reformista-populista del PPD se logró mediante el acomodo de intereses y proyectos aparentemente contradictorios. De un lado, se concretó una “sincronización orgánica” de la UPR con el proyecto de modernización populista que implicó la apertura de la institución a las clases trabajadoras tanto urbanas como rurales que se entrenarían para el nuevo Puerto Rico. A la misma vez, este proceso de transformación se articuló dentro de una visión autocrática e hispanófila de la élite universitaria puertorriqueña. El rector Jaime Benítez atrajo e incorporó a destacados académicos republicanos españoles como los escritores Pedro Salinas y Juan Ramón Jiménez, Nobel de literatura en 1956, y estableció el teatro de la Universidad como la sede del Festival Casals en 1957.[4] En 1956, el rector Benítez solicitó al muralista mexicano Rufino Tamayo pintar un mural para exhibirse permanentemente en la UPR “fundamentado en la mística universitaria de un país joven que se está formando cultural y artísticamente” bajo la “nueva” (y desconocida) fórmula del ELA. Tamayo produjo el mural Prometeo, inspirador de la sabiduría humana (Pereda, 1995, p. 120). La obra se exhibe desde 1958 en la Biblioteca José M. Lázaro del Recinto de Río Piedras.
Entre 1942 y 1966, la UPR tomó la forma de una “universidad nacional pública” al servicio del país. Los objetivos principales de la UPR, según plasmados en la ley universitaria de 1966 eran: (1) Transmitir e incrementar el saber por medio de las ciencias y de las artes, poniéndolo al servicio de la comunidad a través de la acción de sus profesores, investigadores, estudiantes y egresados. (2) Contribuir al cultivo y disfrute de los valores éticos y estéticos de la cultura. (Ley 1 de 1966, art. 2, incs. A 1-2).
De casa de estudios a botín de guerra
El “gran ascenso” que llevó a Puerto Rico de una sociedad agrícola y rural a una predominantemente industrial y urbana fue alimentado y sustentado por el crecimiento cualitativo y cuantitativo de la UPR. El proceso de modernización populista de la postguerra convirtió a la Universidad en el eje institucional para la formación de cuadros profesionales que ampliaron la tecnoburocracia del PPD, convirtiéndose a la vez en el medio principal de movilidad social y la base material de la emergente clase media. Una parte importante de este proceso fue la formación de profesores para esta nueva universidad “moderna”. El Rector Benítez se encargó personalmente de reclutar a los mejores estudiantes en sus disciplinas para becarlos en prestigiosas universidades de Estados Unidos (Columbia, Universidad de Chicago) e incorporarlos como profesores de la Universidad.
Entre 1962 y 1967, se fundaron colegios regionales de la UPR en Arecibo, Cayey y Humacao bajo la Administración de Colegios Regionales. En 1966 se estableció el Recinto de Ciencias Médicas, que incorporó y expandió la escuela de medicina fundada en 1950.[5] Este mismo año se aprobó la “Ley de la Universidad de Puerto Rico” (Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966) que instituyó el Sistema de la Universidad de Puerto Rico con tres recintos autónomos y un sistema de colegios regionales. En 1969, el Colegio Regional de Cayey se convirtió en uno autónomo y, a partir de esa fecha, se estableció el sistema de colegios regionales, añadiendo recintos en Ponce (1970), Bayamón (1971), Aguadilla (1972), Carolina (1973) y Utuado (1979). Estos colegios ofrecerían carreras cortas, así como preparación básica para el traslado a los recintos de Río Piedras y Mayagüez para completar carreras de bachillerato y posgrados.
En tanto que la sincronización entre el proyecto de modernización desarrollista y la UPR no estaba exenta de conflictos políticos, el rector Jaime Benítez estableció la doctrina de la Universidad como “Casa de Estudios”. Esta doctrina se anclaba en la tradición hispanoamericana de autonomía universitaria y aseguraba que el gobierno no pudiera cuestionar o socavar el estilo autocrático de gobernanza universitaria. El Rector era el dirigente de la universidad pública; era también la máxima autoridad académica y administrativa. Este estado de derecho fue refrendado por la Ley 2 de 1966, que estableció la asignación del presupuesto del sistema UPR por medio de una fórmula que comenzó en 7.8% “del promedio del monto total de las rentas anuales” del gobierno. Esta asignación se aumentaría “en cuarenta y cinco centésimas del uno por ciento (0.45%) hasta alcanzar un máximo de nueve por ciento (9%) para el año fiscal 1971”. Cambios en la ley llevaron la fórmula a un 9.6% en 2013-14. La Ley 3 de 1966 también permitió al sistema UPR emitir bonos para financiar proyectos de obras permanentes, completando así el círculo financiero que garantizaba su autonomía fiscal, sobre la que se sostendría la autonomía universitaria.
El final de la década de 1960 y principios de 1970 marcaron tiempos convulsos en el mundo. El movimiento por los derechos civiles y las protestas contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos, las protestas de “Mayo del 68” en París, la Primavera de Praga y las protestas estudiantiles de México que culminaron en la masacre de Tlatelolco, reclamaban libertades civiles, equidad social y paz. Puerto Rico no fue la excepción y el recinto fundacional de la UPR, Río Piedras, se vio inmerso en esas luchas. Entre 1967 y 1973 se registraron tres motines y una huelga en la UPR, RP.
Las elecciones de 1968 marcaron el primer cambio de partido de gobierno en 28 años. El nuevo gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) favorecía la anexión de la Isla a Estados Unidos como estado y representaba un giro a la derecha en cuanto a estatus y política cultural. En la Universidad se combinaban tres elementos principales en la protesta estudiantil. Primero, la oposición a la guerra de Vietnam, al servicio militar obligatorio y a la existencia en la Universidad de programas de entrenamiento militar para oficiales del ejército estadounidense (ROTC, Reserve Officers Training Corps). Segundo, oposición al estilo autocrático y la hispanofilia elitista del rector Benítez, quien se mantuvo como figura principal de la institución asumiendo la presidencia del sistema UPR luego de la Ley de Reforma de 1966. Y tercero, el reclamo de democratización de la gobernanza universitaria, concediendo participación con voz y voto a los estudiantes; y el aumento de las admisiones de estudiantes del sistema de educación pública que se encontraba relativamente subrepresentado en la matrícula universitaria. Paradójicamente, la universidad pública engrosaba mayoritariamente sus filas con graduados del sistema de educación privada. Esta demanda se articuló en la consigna “Universidad pa’l pueblo”.
El motín del 4 de marzo de 1970, causado por protestas para sacar el ROTC del campus, marcó el inicio de una nueva etapa en la relación entre la Universidad y el gobierno. La “Casa de Estudios” de don Jaime Benítez pasó a ser objeto del conflicto político entre partidos gobernantes, el PNP y el PPD. Luego del motín, los estudiantes celebraron un referéndum solicitando la eliminación del ROTC, la participación estudiantil con voz y voto en todos los niveles universitarios y la renuncia del presidente Benítez, quien había ordenado la entrada de la fuerza de choque de la policía para acabar con la protesta violando así el principio de autonomía universitaria que él había implantado. Los estudiantes votaron a favor de la salida del ROTC del recinto y de la participación estudiantil con voz y voto, pero en contra de la renuncia de Benítez. (Nieves Falcón, García Rodríguez y Ojeda Reyes 1971, 30-35).
En 1970, el PNP aprovechó la agudización del conflicto para reemplazar al presidente de la UPR y al rector de Río Piedras con académicos afines al nuevo partido en el poder. Esta acción marcó el inicio de una relación de injerencia político-partidista en la Universidad, que ha sido considerada botín de guerra con los sucesivos cambios de gobierno. El asalto partidista del PNP en 1970 fue seguido, en 1973, por el asalto de la administración del gobernador Rafael Hernández Colón del Partido Popular Democrático (PPD), quien también reemplazó al presidente de la UPR y al rector de Río Piedras con docentes afines al partido de gobierno. Este asalto fue protestado enérgicamente por estudiantes y profesores, desembocando en la huelga de 1973, que demandó el respeto a la autonomía universitaria y exigió la participación estudiantil en todos los niveles; el “cogobierno” universitario entre estudiantes, profesores y empleados no docentes (Coss, 2023).
Desde 1973 en adelante, todo cambio de gobierno ha acarreado una “barrida” del liderato académico-administrativo universitario, reemplazando incumbentes con gerentes académicos afines al gobierno de turno. Cuando la reglamentación universitaria ha puesto trabas insalvables a la conquista de puestos, los gobiernos cambiaron las leyes para imponer organismos regentes que le permitieran apoderarse de los puestos directivos de la Universidad. Así, en 1993, la administración de Pedro Rosselló González (PNP) aprobó la Ley Núm. 16 de 6 de junio de 1993, que creó una Junta de Síndicos como organismo regente y, en el 2013, la administración de Alejandro García Padilla (PPD) contestó con la Ley Núm. 13 de 30 de abril de 2013 que estableció una Junta de Gobierno para imponer a los suyos.
La noción de una universidad nacional al servicio del país fue un mito creado por la relación orgánica entre la UPR y el proyecto de modernización populista del PPD que cambió de rumbo en 1968 con el triunfo electoral del PNP y el comienzo de la alternancia partidista. Hablar de una relación orgánica entre universidad y sociedad es hablar de la UPR como generadora de conocimientos que sirvan de fundamento a políticas públicas óptimas, efectivas y congruentes con un proyecto de país. En tanto que el nuevo sistema UPR se gobierna como “botín de guerra”, la dirección de la institución no se apoya en visiones académicas y méritos sino en conexiones políticas. Los diferendos de la política universitaria dejaron de ser una lucha entre visiones sobre la misión institucional—‘casa de estudios’ versus ‘universidad pa’l pueblo’—y se convirtieron en una entre intereses y visiones partidistas—PNP versus PPD.
El auge y colapso de la ‘Universidad Nacional’
A pesar de los vaivenes políticos, las luchas en las décadas de 1970 y 1980 rindieron algunos frutos. La participación estudiantil con voz y voto en los organismos de gobernanza (asambleas de claustro, reuniones departamentales y comités de facultades, juntas administrativas y de gobierno, etc.) fue formalmente institucionalizada mediante el Reglamento General aprobado en el año académico 1988‑1989, según la Certificación Núm. 71 de la Junta Universitaria.
Asimismo, la accesibilidad de la universidad —la ‘universidad pa’l pueblo’— fue incrementada por la inclusión de Puerto Rico en el programa federal de becas BEOG (Basic Educational Opportunity Grants), creadas en 1972 y transformadas en las becas Pell en 1980. Estas becas facilitaron de manera decisiva el acceso y la permanencia de estudiantes de bajos ingresos a la Universidad de Puerto Rico, en tanto que la beca se otorgaba al estudiante, no a la institución, y se privilegiaba la necesidad económica. Paradójicamente, la beca Pell facilitó también el acceso de estudiantes al sistema de educación superior privado. Si bien las becas Pell consolidaron a la UPR como el principal mecanismo de movilidad social del país, con el tiempo esta expansión del acceso estuvo acompañada por una creciente dependencia estructural de fondos estatales y federales.
Entre 1994 y 2012 hubo un giro que permitió la colaboración institucional sobre principios académicos, a pesar de las presiones políticas sobre la Universidad y la continuidad de la política de botín de guerra. En este periodo convergieron un grupo de académicos que desarrollaron una visión de la UPR que podría resumirse en esta cita del documento “Universidad 2016”, del Recinto de Río Piedras:
Una comunidad universitaria, de marcado carácter doctoral y dotada de recursos de primer orden, dedicada a la investigación, la creación y la diseminación del conocimiento; comprometida con la formación integral del estudiante y su aprendizaje de por vida; y reconocida por la excelencia de su contribución al desarrollo y al enriquecimiento intelectual de la sociedad puertorriqueña, caribeña y mundial. (UPR, 2006, p.14)
Grupos de profesores y profesoras formados en universidades de investigación en Estados Unidos, Europa y América Latina (particularmente México y Brasil) promovieron a través del sistema UPR una visión orientada a la investigación y la producción de nuevos conocimientos. El objetivo institucional era lograr que los recintos doctorales (Río Piedras, Mayagüez y Ciencias Médicas) se convirtieran en instituciones doctorales de investigación de clasificación Carnegie R1.[6] Los recintos doctorales en 1994 apenas alcanzaban la clasificación R2, medidos por la cantidad de grados doctorales que se otorgaban y fondos y programas dedicados a la investigación. Aunque su articulación como plan estratégico y visión de futuro se cristalizó a principios del siglo XXI, sus orígenes se trazan a 1994 cuando el presidente Norman Maldonado, quien a pesar de ser miembro del partido de gobierno (PNP) no era el candidato del gobernador de turno para dirigir el sistema universitario, colaboró con una comunidad académica diversa por encima de preferencias o consideraciones partidistas. Para el doctor Maldonado, la UPR era la universidad estadounidense del Caribe. Bajo su presidencia la UPR pasó a jugar un rol de liderato en la Hispanic Association and Colleges and Universities (HACU) de Estados Unidos, fundada en 1986, y en la Asociación de Universidades y Centros de Investigación del Caribe (UNICA), fundada en 1967. [7]
Bajo presiones del gobernador Pedro Rosselló para “apoderarse” de los puestos de confianza de la UPR (decanos, rectores, directores de unidades administrativas, etc.), la Junta de Síndicos (creada en 1993 para esos fines) aprobó un plan recomendado por el presidente Maldonado y la Junta Universitaria para reorganizar los colegios regionales y convertirlos en unidades autónomas. Como resultado, el sistema universitario quedó compuesto por tres recintos—Río Piedras, Mayagüez y Ciencias Médicas y ocho unidades autónomas, Arecibo, Aguadilla, Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao, Utuado y Ponce. Cayey y Humacao eran unidades autónomas antes de este proceso, pero configuraron parte de los recintos de cuatro años junto con las nuevas unidades autónomas (Junta de Síndicos, Certificaciones 009 y 103 de 1999-2000). Este cambio institucional permitió un acomodo con los intereses político-partidista de utilizar la UPR como botín de guerra. Los ocho recintos se convertirían en espacio para el patronazgo político—el reparto de puestos de confianza y contratos—mientras que en los recintos doctorales se privilegiaba la meritocracia, aunque con intervenciones político-partidistas para cambiar la cúpula gerencial universitaria cada vez que cambiaba el partido de gobierno. No obstante, académicos de prestigio y reconocidos investigadores ligados al partido de poder ocupaban esos puestos y mantenían el objetivo de promover la investigación y creación de nuevos conocimientos.[8]
Para lograr el salto cualitativo de una institución centrada en la enseñanza a una centrada en la investigación, se incrementaron los salarios por más de 33%. También se incrementaron los apoyos institucionales a la investigación y a la búsqueda de fondos externos para la investigación y programas académicos. Asimismo, bajo la presidencia del Licenciado Antonio García Padilla (vinculado al PPD) quien sucedió al doctor Maldonado, se requirió la acreditación de todos los programas académicos acreditables, lo cual incrementó la calidad y prestigio de la institución.
La universidad de investigación categoría Carnegie R1 privilegiaría los recintos doctorales y el trabajo académico de investigación financiada con donativos externos (grants) públicos y privados. Los sistemas de compadrazgo académico, así como de burocracia napoleónica y sindicalista, se vieron y sintieron amenazados. El criterio académico prevalecía sobre los usos y costumbres de las fincas académicas y las claques políticas surgidas bajo la autocracia de la “Casa de Estudios” y bajo la filosofía de “botín de guerra” desarrollada en el periodo de alternancia PNP/PPD, entre 1968 y 1994.
Este proyecto de “universidad de investigación” que privilegiaba el mérito sobre intereses y conexiones político-partidistas fue descarrilado luego de las elecciones de 2012. La administración de Alejandro García Padilla (PPD) tomó por asalto la UPR al aprobar la Ley 13 de 2013 que reemplazó la Junta de Síndicos creada por la administración Rosselló en 1993 por una Junta de Gobierno que sería controlada por el PPD. Ese año marca el retorno desvergonzado a la política de botín de guerra y el principio del colapso de la “universidad nacional” al servicio de un pueblo.
Bajo el proyecto académico de universidad de investigación la UPR, RP había subido a 565 en los “QS rankings” mundiales en 2010 y contaba con 71,500 estudiantes.[9] Entre los logros destacados de este periodo fue la acreditación internacional de la Escuela Graduada de Administración de Empresas por la American Association of Colleges and Schools Business (AACSB) que la situaba entre el 5% de las escuelas del mundo, así como la creación del Centro de Investigación en Ciencias Moleculares, en el cual colaboraron científicos de los Recintos de Río Piedras y Ciencias Médicas.
El asalto de la UPR por el Partido Popular en 2013 fue seguido por la crisis de la deuda pública. El presupuesto se congeló al nivel de 2013-14, $834 millones, como medida cautelar a raíz del “Informe Krueger” que diagnosticó la insostenibilidad de la deuda pública y recomendó severas medidas de austeridad (Krueger, 2015). La congelación representó un recorte acumulativo de $140 millones entre 2014-16. El Informe recomendó un drástico plan de ajuste fiscal que incluyó una reducción de la aportación del gobierno al presupuesto de la UPR de cerca del 50%. Esta ha sido la justificación usada por la Junta de Control Fiscal (JCF), oficialmente denominada Junta de Supervisión y Administración Fiscal, para los recortes que ha impuesto.
Desde el regreso a la política de “botín de guerra” en 2013, la congelación de la fórmula presupuestaria, el recorte presupuestario masivo subsiguiente y la mala gobernanza partidista, la clasificación global de la UPR en el QS Ranking cayó de 535 en el 2010 a 800 en 2016, a 1000+ en el 2024. En el 2024 la UPR estaba por debajo de la Universidad de La Habana (691) y de la Universidad Central de Venezuela (731) en los “QS rankings” mundiales. Asimismo, el número de estudiantes se redujo de cerca de 71,500 a 42,000 estudiantes, 29,500 menos desde 2010.[10]
Cabe notar que cuando se estipuló la fórmula en 1966, la matrícula de la Universidad de Puerto Rico representaba 67 % de la matrícula total en las universidades del país. En el 2014, cuando se congeló la fórmula, la UPR representaba el 26% de la matrícula total en las universidades del país. En el 2023, último año en que hay cifras, y cuando la aportación del gobierno se ha reducido a $500 millones por disposición de la JCF, fundamentada en la Ley 53 de 2021, la matrícula total de la UPR fue un 28.3% de la matrícula total en instituciones de educación superior en Puerto Rico (Ley 2 de 1966; Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, 2024).
¿Adiós a la UPR?
El descarrilamiento del proyecto de universidad de investigación articulado en el plan estratégico del sistema UPR “Diez para la década” (2005), y el del Recinto de Río Piedras “Visión Universidad 2016” (2006), no ha sido hechura únicamente de la JCF. Ciertamente, desde el 2016, la JCF ha establecido una política de ajuste estructural del sistema UPR que ha menoscabado su capacidad administrativa y su calidad académica. Por otra parte, la inflexibilidad de los universitarios para reestructurar el sistema y negociar acuerdos que permitieran ajustes presupuestarios y el incremento de ingresos propios ha facilitado la estrangulación económica de la Universidad por un gobierno que cambió la manera de apropiase del botín universitario: recortando el presupuesto institucional y quedándose con el dinero. La crisis fiscal, la inflexibilidad de los actores universitarios bajo la consigna de “once recintos una UPR”, y bajo denuncias de privatización y federalización contra proyectos de fondos externos privados y federales, facilitaron el retorno a la política descarada de “botín de guerra” por el bipartidismo y han sido factores cruciales del colapso de la Universidad.[11]
La colaboración académica por encima de líneas partidistas duró hasta 2010-12.
A partir de 2012, el bipartidismo PNP/PPD retornó a la toma de la Universidad como botín de guerra y la alta gerencia de la Universidad se redujo a nombramientos políticos. Académicos de poco mérito, algunos destituidos por su propio partido por actos antiéticos como el reparto de becas a amigos y allegados, han sido la norma desde entonces.[12]
Luego de la huelga universitaria del 2017, el PNP ha tratado de lavar la cara de la Universidad nombrando, por ejemplo, un presidente externo al sistema utilizando una firma de “caza talentos”. No obstante, este mesías académico fue destituido por alegada negligencia en los procesos de acreditación del Recinto de Ciencias Médicas.
En el 2025, el PNP ha vuelto a traer una presidenta de fuera del sistema UPR que se presenta como gestora para la superación de la crisis. La nueva visión es la de una institución vocacional alineada con las necesidades del mercado laboral. Es una que margina, si no es que abandona, la visión académica que aspira a formar “una comunidad universitaria, de marcado carácter doctoral y dotada de recursos de primer orden, dedicada a la investigación, la creación y la diseminación del conocimiento.” (UPR, 2006)
La nueva presidenta, que no fue favorecida por el proceso de consulta, procedió a destituir a cinco rectores/as que “no se alineaban con su agenda”. Los destituidos incluían dos que habían sido recomendados por los senados académicos y comités de consulta por encima de la presidenta nombrada. Este proceder agudizó los conflictos y resultó en paros estudiantiles en los once recintos solicitando la renuncia de la presidenta.
En retrospectiva, la movida resultaría ser una provocación para adelantar la agenda de la nueva visión trumpista para la Universidad. La respuesta del PNP a la “huelga del 2026” se dirige a apoderarse de la institución para “pacificarla” y convertirla definitivamente en una agencia gubernamental, poniendo fin a toda aspiración de una reforma que responda a un proyecto académico del siglo veintiuno. La propuesta de una “Ley para la Estabilización Institucional, Operacional y Fiscal de la Universidad de Puerto Rico de 2026” (PC 1256), anunciada el 5 de mayo de 2026, pretende suspender “Las facultades decisionales, ejecutivas y presupuestarias de los Senados Académicos, las Juntas Administrativas, la Junta Universitaria y los Claustros”, así como la creación de una “super” junta de gobierno de la cual serían miembros la presidenta y los/as 11 rectores/as que ahora integran la Junta Universitaria. Esta “ley de emergencia” tendría vigencia por cinco años para garantizar la estabilidad que permita el cambio. Aunque es poco probable que la ley se apruebe por los problemas que crearía para las instituciones acreditadoras, así como con la comunidad universitaria, revela la aspiración de convertir la Universidad en otra agencia de gobierno sujeta a los intereses del partido gobernante.[13]
La huelga llegó a su fin el 18 de mayo, habiéndose consolidado la presidencia de Zayira Jordán y puesto por escrito las intenciones del gobierno. Los logros de la huelga se resumen en nueve acuerdos con la rectora interina del Recinto de Río Piedras, todos centrados en las necesidades inmediatas de los estudiantes, y no reflejan aspiraciones de cambios o reformas institucionales significativas. (Instagram, @ccmeuprrp, https://www.instagram.com/p/DYaiu7cie4z/?img_index=2, 18 de mayo de 2026)
La JCF y el gobierno trumpista criollo del PNP socavan y minan la UPR, adelantando un proyecto según el cual las universidades solo son necesarias para entrenar mano de obra para el capital. El billonario Elon Musk opina que las universidades no son necesarias y el vicepresidente JD Vance ha dicho que “los profesores son el enemigo”. Esto es, los profesores y académicos somos el enemigo de un proyecto nacional-populista centrado en la primacía del capital y el fundamentalismo de mercado, e incorporando la inteligencia artificial que aspira a la marginalización del pensamiento crítico y la sustitución del trabajo humano por robots, computadoras y otros artefactos, productos de la inteligencia artificial.
Pensar que la UPR volverá a sus glorias pasadas simplemente restaurando la fórmula de presupuesto y proponiendo una nueva ley de reforma universitaria como se hizo en 1966 es no entender las transformaciones que están ocurriendo en el mundo. ¡La amenaza y el reto son mucho más grandes!
FIN
