Tengo 70 años, me veo al espejo con mi pelo corto lleno de canas y aún no puedo creer que haya pasado tanto tiempo y tan rápido desde aquel día en que me dije a mí misma que lucharía para probarle a todas las personas que las mujeres podíamos hacer lo que quisiéramos. Me lo dije un día en el balcón de mi casa, un balcón que para una niña de cuatro años era muy alto y no alcanzaba a ver por encima de la baranda. Acostumbraba a mirar por debajo, apenas las piernas y pies de la gente que pasaba. Mi madre me dijo que el triciclo que yo tanto quería no sería para mí porque era niña; esas palabras me llegaron hasta el centro de mi ser y supe que había algo mal en eso, algo que me hizo hacerme a mí misma aquella promesa de lucha.
Nací en Santurce, en lo que históricamente fue el sector de San Mateo de Cangrejos, por lo que soy cangrejera de nacimiento. Soy también loiceña por parte de mi padre Eladio Rivera Quiñones y de mi madre Ana Irma Lassén Figueroa, quienes fueron educadores, de quienes aprendí el orgullo de mi afrodescendencia, el amor a la educación y el respeto a la diversidad. Una mirada reflexiva de los activismos sociales y políticos en los que he participado, me llevan a mi origen, a reconocer y honrar de donde vengo. En ese ambiente familiar crecí, muy liberal a las ideas, pero aún así tradicional en los entendidos de la organización de tareas domésticas. Fui la rebelde desde que recuerde y desde muy niña rechacé la idea de que no podía hacer algunas cosas solo por ser mujer.
Con esto a manera de introducción, paso al tema del momento político que vivimos en este 2025. Estos días parecen sacados de la novela 1984 de George Orwell, mientras vemos la figura de Trump al igual que el Gran Hermano iniciar la vigilancia sin disimulo de nuestras vidas y pensamientos, e incluso tratando de reescribir la historia con sus famosas verdades alternas y prohibiendo la mención de las palabras diversidad, equidad e inclusión. Para una persona como yo, que toda la vida ha sido defensora de los derechos humanos de todas las personas en sus diversidades, una reflexión sobre el momento político difícil que viven Puerto Rico, los Estados Unidos (EEUU) y muchos otros países arropados por el conservadurismo fundamentalista, neoliberal y neofascista, representa un gran reto para no caer en frases usuales de desesperanza. Cierto es que hay cosas que nunca imaginé volver a enfrentar tras tantos años de lucha y luego de impulsar y ver avances en políticas públicas de inclusión y equidad. Igualmente digo que el enfrentamiento con los intentos de retroceso en derechos, nunca nos regresarán al mismo lugar en que empezaron las luchas hace años. Si bien ese trabajo realizado por años no se borra con decretos, estamos ante el momento para probar si realmente creemos que todas las personas debemos ser tratadas como seres humanos con igualdad de derechos, sin discriminaciones y que esto está de verdad instalado en la conciencia colectiva de la gente como un entendido ético de convivencia social. Pienso que no necesariamente es así en todas las personas y tampoco con todo el compromiso que quisiéramos, pero sí que ese sentido del deber ser de la equidad está en la sociedad entera de alguna u otra manera. Hemos avanzado sin duda, y estoy segura que no hay vuelta a un pasado sin derechos.
Al menos en nuestra sociedad puertorriqueña y en la de EEUU, me limitaré a no hablar de otros países, transitábamos entre las “verdades oficiales” de que respetar la diversidad entre las personas, reconocer como práctica la equidad para alcanzar realmente el igual disfrute de derechos, y promover la idea de construir una sociedad inclusiva era una meta social, económica y política de profundo contenido de justicia. Con ese marco, establecido como referencia, hicimos trabajo de incidencia para entre otras cosas impulsar políticas públicas, hacer trabajo comunitario contra las violencias de género, en contra del racismo, a favor de los temas de la comunidad LGBTIQ+, a favor de los derechos de las personas con diversidad funcional y sensorial, a favor de las personas migrantes y a favor de otras personas marginadas. La defensa del ambiente también se mantuvo como eje unificador para hablar de desarrollo sostenible.
Todo esto hasta que regresó Trump en 2025 y comenzó a desmontar esa ilusión, nos hizo ver su fragilidad y lo fácil que es atacarnos para quienes, como él, defienden las normativas políticas, sociales y económicas, heteronormativas, sexistas, homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas, xenofóbicas, y rechazan muchas otras identidades vulnerabilizadas. Los primeros golpes fueron tan burdos, fríos y prepotentes que el asombro ganó y el silencio se impuso los primeros meses. Era demasiado increíble para ser real. Los ataques con los que comenzó la segunda administración de Trump, con Elon Musk, su consejero político y como su gatillero fiscal, fueron dirigidos a las identidades de las llamadas minorías por sexo, raza, orientación sexual, identidad de género y estatus migratorio, con una saña muy fuerte contra las personas trans y las personas migrantes.
Lo mejor para afrontar estos tiempos es nunca olvidar el camino que se ha andado. Sankofa, palabra que viene de Ghana, la aplico para exhortarnos a que demos una mirada hacia atrás buscando lo que debemos recuperar para seguir andando. Es desde ese ejercicio que reflexiono hoy. Mi búsqueda no está en los espacios tradicionales político partidistas o en espacios que usualmente le llaman “izquierda” en Puerto Rico, solamente por ser independentistas, aunque no necesariamente tengan posiciones liberales y de avanzada en algunos temas como, por ejemplo, los de las diversidades identitarias, por ejemplo.
Recuerdo que hace más de 50 años, en el 1972, cuando fundamos Mujer Intégrate Ahora (MIA), la primera organización feminista autónoma de la segunda ola de los feminismos en Puerto Rico, fuimos duramente criticadas desde varios sectores y partidos políticos. Integrantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) decían que atacábamos al Gobernador Ferré al criticar sus políticas discriminatorias de empleo para las mujeres y denunciar el intento de no querer publicar un informe que había hecho la Comisión de Derechos Civiles. El informe daba cuenta de toda la discriminación contra las mujeres en Puerto Rico en esa época. En el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP) decían que nuestras ideas eran reformistas y que ese partido era la forma de canalizar la lucha de liberación de las mujeres. En el Partido Independista Puertorriqueño (PIP) hubo expresiones de que la liberación de la mujer vendría con la Independencia.[1]
Algunas de estas expresiones en contra de MIA fueron publicadas en el semanario Claridad donde se decía “A la luz de esta deformación y falta de información resulta comprensible el porqué algunos grupos feministas dirigen sus campañas proclamando a los hombres sus enemigos y pretenden contrarrestar la opresión de que son víctimas con una persistente negativa a tener hijos y otras formas de protestas vanas. Estos grupos son víctimas, mucho más de lo que ellas mismas quieren admitir, de un sistema que deforma hasta sus más tenaces opositores, desviándoles de la verdadera lucha que es la lucha de clases.”[2] La autora abundaba en sus argumentos diciendo que el “problema básico de la opresión de la mujer no se puede remediar bajo el capitalismo porque la opresión clasista es parte integral del sistema capitalista” y también que “la lucha por las reivindicaciones de la mujer constituyen parte importante e integral del movimiento general para la derrota del imperialismo y para su reemplazo por una comunidad socialista y dentro del movimiento revolucionario, la lucha por la liberación de la mujer tendrá que ser dirigida por las mujeres trabajadoras”.[3]
En esa época, estar en organizaciones que daban voz a demandas incómodas para las normativas de sexo, raza, orientación sexual, e identidad de género, era rechazado también en el ambiente político partidista o sectores políticos en general. Eso incluía las organizaciones políticas que se identificaban como más liberales o de izquierda. Para la joven activista que era yo, esa fue mi primera gran lección al darme cuenta de que creer en la independencia de Puerto Rico, no equivalía a creer en los derechos de las mujeres o en otros temas relacionados con derechos sexuales y derechos reproductivos.
El artículo de Claridad lo contesté argumentando que era difícil hablar del tema de la liberación femenina en Puerto Rico ya que estas ideas chocaban tanto contra la muralla levantada por el sistema como también contra la muralla levantada por la propia gente de Puerto Rico que “veían en estas ideas un ataque imperialista de querer asimilar las mujeres a patrones socio-culturales ajenos a nuestra tradición boricua”.[4] También argumenté en mi contestación que estas creencias se aferraban a supuestos valores de puertorriqueñidad, como el machismo, demostrando así una falta de conocimiento histórico y una contradicción dentro de su propio pensamiento. También decía que un cambio en las estructuras económicas capitalistas no necesariamente conllevaba la liberación femenina ya que “podía resultar en una mayor opresión para la mujer el incorporarla igualmente a la producción sin quitar de sus hombros la responsabilidad familiar y los patrones culturales que le atribuyen responsabilidades y actitudes morales distintas al hombre”.[5]
Los debates sobre los temas de la esterilización y el aborto, los derechos sexuales y los derechos reproductivos marcaron también una diferencia en mi mirada desde los feminismos. Mucha de esta discusión está documentada en el libro Documentos del feminismo: Facsímiles de la Historia. Vol. I. 1970-1979, que cito aquí varias veces. En esos primeros años de la década de los setenta se discutía en el país un nuevo código penal, con los temas de aborto y el de la llamada sodomía. Fui parte de las luchas en ambos temas. Fui de las fundadoras de la Comunidad de Orgullo Gay (COG), en 1974, para combatir la discriminación contra las personas de la comunidad LGBTIQ+, como nos llamamos ahora. En cuanto al aborto, también estaba entonces la discusión del caso de Roe v Wade[6] y su aplicación a Puerto Rico. La posición de MIA era que el caso aplicaba y que ampliaba el derecho legal ya establecido que permitía interrumpir un embarazo para salvar la vida de las mujeres, ya que añadía el aborto a petición. Algunas personas y grupos independentistas se oponían por razones religiosas y/o políticas. Ejemplos fueron el entonces presidente del Ateneo Puertorriqueño, Eladio Rodríguez Otero quien, como independentista y como católico se declaró en contra de que las decisiones de un tribunal extranjero tuvieran efecto en Puerto Rico, al igual que miembros del Colegio de Abogados que firmaron una petición solicitando que el tema se discutiese como parte del caso de Puerto Rico en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, e igualmente Monseñor Parrilla, que escribía en las páginas de Claridad sobre estos temas. Elizabeth Crespo Kebler reseña estas objeciones en su artículo Liberación de la mujer: los feminismos, la justicia social, la nación y la autonomía en las organizaciones feministas de la década de 1970 en Puerto Rico.[7] Dice la Dra. Crespo:
“A la hora de críticas al feminismo, las ideologías políticas en torno al estatus de Puerto Rico parecían confundirse. En un foro público un legislador argumentaba que el movimiento de liberación femenina, no tenía aplicación en Puerto Rico. Aunque este legislador era del partido que abogaba por la estadidad, sus planteamientos parecían los de un independentista. Según las palabras del periodista que reportó la noticia, señalaba el legislador que se estaba hablando mucho de ese movimiento «porque la sociedad puertorriqueña tiende a imitar la sociedad norteamericana … agregando que desconoce los beneficios que recibirá la sociedad puertorriqueña del movimiento de liberación femenina». Extraña crítica de alguien que se adhiere a la fórmula política de la estadidad para Puerto Rico si no tomamos en cuenta el vínculo entre el discurso del patriarcado y la afirmación nacional puertorriqueña. Su oposición al movimiento de liberación femenina radicaba en que dicho movimiento atenta contra “la condición de madre de la mujer puertorriqueña”.[8]
Esto es algo que tengo presente desde entonces y va más allá de las defensas de estatus de Puerto Rico particulares, incluso atraviesa esas polémicas y la acompañan, según cuan conservadores o más abiertas a los cambios sociales sean las personas o entidades que estén en la conversación. Por eso, en Puerto Rico, ser de izquierda no es creer en la independencia, ni ser de derecha es creer en la estadidad. Eso es un estereotipo que he enfrentado siempre, lo he sufrido y lo conozco bien. El machismo, la LGBTIQfobia y el racismo al igual que no se eliminan automáticamente por decreto de ley ya que son sistémicos y estructurales, también es compartido en los espacios políticos. Esos espacios tienen grandes resistencias que también son sistémicas. La independencia, estadidad o libre asociación, solo por sí mismas tampoco eliminan todas las exclusiones mencionadas.
Las organizaciones autónomas, más allá de los partidos, han sido siempre la voz más fuerte en avanzar y exigir derechos, en lograr la puesta en marcha de importante legislación y de políticas públicas, esa es la historia que más conozco de primera mano. Las décadas de los ochenta, noventa y hasta nuestros días han sido de mucho trabajo desde las organizaciones de la sociedad civil para enfrentar las resistencias sistémicas y estructurales en los temas de discriminación por raza, sexo, género, orientación sexual e identidad de género, entre otros. En los temas antirracistas, en los que siempre fui voz y parte de la fundación de organizaciones, en Puerto Rico e internacionalmente, es importante señalar que ha habido activismos más fuertes en la última década. En todos los temas hemos visto como, cada día más, se incorpora el análisis de intersecciones.
La presencia de Puerto Rico en muchos foros y conferencias mundiales, se ha hecho principalmente desde el activismo de la sociedad civil. El Gobierno de Puerto Rico, aunque no es signatario de instrumentos internacionales, no ha tenido la voluntad de ocupar consistentemente aquellos espacios en que podría, como la CEPAL. Digo que Puerto Rico es una nación en tiempo real y una especie de Estado virtual representado en muchas ocasiones por las ONGs, organizaciones feministas y otras, en tiempo real en las Conferencias Mundiales y escenarios internacionales. Nuestra presencia en las actividades de la llamada ruta de las Naciones Unidas, las conferencias y actividades en torno a los derechos humanos, nos coloca en una situación extraña. Somos personas que no tenemos un Estado propio con el cual interceder en la Organización de Naciones Unidas (ONU), pero nos sumamos a las voces que reclaman a los Gobiernos en general, participamos de las acciones para presionar a diferentes delegaciones, pero sobre todo nos nutrimos con argumentos que luego llevamos a Puerto Rico para incorporar los mismos en nuestras demandas de derechos.
Actualmente, ese activismo también está lastimado ante los empujes de las políticas económicas neoliberales y el achicamiento de la ONU como fuerza intergubernamental. Esto lo hace un escenario muy distinto al de hace unos años. La ONU en sus intentos de reinventarse ante el nuevo ordenamiento económico-político mundial impacta también en nuestros trabajos y requiere respuestas de nuestra parte. Las discusiones que se han dado internacionalmente en torno a los diferentes temas de las mujeres, género, orientación sexual, raza o etnia pueden ser tomadas en nuestras Islas a través de sus contenidos y aprovechadas en las luchas y en la manera en que nos organizamos aquí para exigir nuestros derechos humanos. Tener perspectiva de género o perspectiva étnico racial no requiere la condición previa de ser república independiente, estado, tener una libre asociación o república asociada. No podemos sentarnos a esperar porque el mundo no se detiene en lo que resolvemos el estatus. A medida que se han hecho más visibles las resistencias fundamentalistas a los cambios impulsados desde organismos como la ONU, también se han hecho más visibles las organizaciones de ultraderecha (refiriéndome a organizaciones antiderechos). También lastimosamente vemos como se han dividido algunos espacios feministas cuando hay quienes hacen coro a los ataques a las personas trans.
Intersecciones
La incursión del discurso de las diferencias y de las intersecciones, por su parte, ha venido a traer otra dimensión tanto metodológica como de contenido. Recuerdo como este tema lo abordó MIA desde los setenta, pero no se le llamaba de esa manera, ni era el acercamiento usual en las discusiones. Ahora cada día más hablamos no sólo de perspectiva de género sino también de hacer análisis de intersecciones; de hacer análisis transversales. Es decir, cruzar transversalmente en el análisis el sexo, el género, la raza, la nacionalidad, la etnicidad, entre otras. Esto nos permite no sólo renovar las categorías sino hacerlas más incluyentes, más cerca a la realidad múltiple y compleja de nuestras vidas.
El poder patriarcal racista y sexista se expresa y perpetúa en todas nuestras instituciones, incluyendo las legales y estas últimas muchas veces sirven de sostén a los procesos de socialización e injusticias que reproducimos a través de lo educativo, económico y social. Siempre aprovecho mis escritos y charlas para dialogar sobre el rol de la justicia, hacer una reflexión crítica a la noción de la llamada neutralidad en el Derecho y cómo el no cuestionar esa supuesta neutralidad impacta, interfiere y condiciona el acceso a la justicia de personas discriminadas, vulnerabilizadas o excluidas en el disfrute de sus derechos humanos, en tanto personas diversas. Siempre enfatizo que la justicia no es ciega, ni es neutral. Cuando se supone una neutralidad, se asume y acepta que el acceso a la justicia, en tanto derecho, razón y equidad es igual para todas las personas y no reconoce las relaciones de poder en la sociedad. A su vez el Derecho refleja no solo dónde está el poder económico y social de cada momento, sino también quienes son las personas sujetas a protecciones del Derecho.
Veamos un poco más este tema:
“Cuando se dice, por ejemplo, las vidas negras importan, hay quienes dicen todas las vidas importan. Claro que sí que todas importan, pero lo que se está destacando es que hay personas asesinadas por ser afrodescendientes, por el racismo y por la discriminación. El reclamo es que esas muertes se investiguen como producto de ese odio racista y que además la sociedad reconozca el racismo y avancemos aún más en combatirlo con educación antirracista. Si hablamos de relaciones de poder y género, entonces veremos que hay que hablar de los feminicidios y transfeminicidios y de la ideología patriarcal que los encubre y quiere negarlos. La defensa de los privilegios patriarcales y racistas no quiere que descubramos su cara violenta y aplastante”.[9]
Continuando con este punto añado:
“Ese poder patriarcal racista y sexista se perpetua en la manera en que organizamos nuestros instituciones, leyes o normas y tiene amarrado todo un andamiaje legal, educativo, judicial, social de su lado. Es lo que vemos como lo normal y lo correcto. Diferimos del acercamiento de la neutralidad y partimos de la premisa que el Derecho no es neutral, que es cambiante y que responde a la visión social, política y económica del momento histórico que se viva. Por tal razón debe ir cambiando y adaptándose, entre otras cosas, a las demandas de inclusión de diversos sectores discriminados en la sociedad, como por ejemplo por razón de sexo, raza, nacionalidad, posición económica, diversidad funcional, orientación sexual, identidad de género o edad, entre otras”.[10]
Quedan todavía debates interesantes sobre la puesta en marcha de modelos de organización estatal como los denominados estados plurinacionales. El debate de las identidades nacionales recoge también la necesidad de ver la diversidad geopolítica de la región entera. En la misma tendríamos que hacer más visibles, por ejemplo, los territorios del Caribe que no son Estados independientes, pero sí son naciones con identidad y organización política en ocasiones unas más autónomas que otras. Tendría que hablarse también de los territorios autónomos en diversos países de la Región. Hay que construir discursos inclusivos, así como respuestas inclusivas, hay que construir nuevas articulaciones sociales, políticas, culturales y económicas que reconozcan por igual y desde las diversidades nuestras ciudadanías.
Mi transitar por los activismos de derechos incluyó organizaciones como la Feministas en Marcha (FEM) en Puerto Rico, que hablaba de feminismo político en sentido partidista también y trajo esas discusiones en su momento. Además, fui presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas (2012-2014) cuando la institución era objeto de ataques para debilitarla quitando la colegiación compulsoria. Igualmente fui parte de la creación de Vamos, organización que no es un partido político, pero ha apoyado candidaturas políticas. Cuando comenzó la discusión de la quiebra de Puerto Rico y la posibilidad de aprobación de la Ley Promesa por sus siglas en inglés (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act), decidí unirme a las luchas para combatirla. Creamos, entre una diversidad de organizaciones, principalmente de derechos humanos y uniones, la Concertación Puertorriqueña contra la Junta de Control Fiscal. Movimos la discusión y llevamos unas 5,000 personas al Coliseo Roberto Clemente a una asamblea de pueblo para discutir el tema de la propuesta Junta. Lamentablemente, como sucede en algunos espacios, quienes quieren controlar los temas, aunque no hayan organizado la discusión, intentaron evitar que se diera exitosamente. Sin embargo, la concertación llevó a cabo muchas actividades, dentro y fuera de Puerto Rico, llamando la atención de lo que significaría para el país esa ley.
La Ley Promesa se aprobó en el 2016 y ratificó con ello la situación colonial de Puerto Rico y la imposición de la Junta, a la que siempre llamo Junta de Control Fiscal, ha establecido un supra Gobierno por encima de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA). Siempre he combatido la Junta y sus políticas de austeridad y he luchado por desarrollar una economía justa, sostenible, diversa y dinámica en Puerto Rico, así como la defensa de los recursos naturales y ambientales. Es entonces cuando pasando de la denuncia y la resistencia a las políticas de austeridad de esa Junta, decidí insertarme, desde la mirada de la inclusión y los derechos humanos, en los trabajos para dar otra alternativa electoral a PR. Fueron discusiones de más de un año. Vimos la posibilidad de crear un instrumento electoral que reconociera la necesidad de la descolonización de PR, pero que no fuera su único fin, que respetara un proceso descolonizador amplio, informado, democrático y vinculante con EEUU, que reconociera fórmulas fuera de la cláusula territorial del Congreso, es decir la Estadidad, la Independencia y la Libre Asociación. A su vez, acordamos que la entidad a crearse tuviera una mirada transversal de derechos humanos al igual que un programa de justicia social, económica y ambiental, con una visión de desarrollo sostenible. Así nació el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), partido del cual soy una de las fundadoras y su primera presidenta. El reto del bipartidismo que ha dominado el país estaba también muy presente.
Nuestra agenda destaca estos puntos, debidamente desarrollados en el documento fundacional.
- Gobierno limpio y participativo que acabe con la corrupción, la falta de transparencia y el inversionismo político
- Garantías sociales para el bien común que superen la desigualdad social y la pobreza (justicia social)
- Desarrollo económico sostenible
- El Pueblo antes que la deuda
- Cortar el nudo de la división sobre el estatus
- Conservación y restauración de nuestro medio ambiente
Y todo esto visto transversalmente con los principios éticos basados en la no discriminación y en la defensa de los derechos humanos.
Hicimos historia política reciente, al inscribirnos en el 2019 contra todo pronóstico y al ganar asientos en la Legislatura estatal y en algunas municipales. En mi caso fui senadora por acumulación, portavoz de MVC y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, del 2021-al 2024. Fui electa, no a pesar de mi historial de lucha, sino precisamente por él. La Legislatura de Puerto Rico tenía representación de cinco partidos y legisladores independientes; nadie tenía una mayoría absoluta, siempre se necesitaban los votos de las otras delegaciones. Desde ese espacio legislativo trabajé con rigor, con transparencia y con una agenda clara, centrada en la justicia social, el acceso a la información y el respeto a las diversidades. En esa primera sesión, fue la primera vez que en el Senado la mayoría éramos mujeres. Fiel a mi pensamiento de que la agenda de cambios la tiene la sociedad civil, cuando estuve en la Legislatura, lo hice con la conciencia de que las políticas públicas siempre deben cambiarse para reflejar los cambios sociales, políticos y económicos que propicien una sociedad más inclusiva y más equitativa. La legislación antirracista que logré, creo marcará en mucho sentido mi paso por allí.
De la legislación para combatir el racismo destaco cuatro temas: reconocer la existencia del racismo, designar las calles y espacios públicos con los nombres de destacadas personas negras, reparaciones en la memoria histórica y respeto a la imagen de persona afrodescendiente.[11] Comienzo con la ley 24 del 2021, para declarar la “Semana y el Día Nacional para la Erradicación del Racismo y Afirmación de la Afrodescendencia”, la misma es una ley orgánica histórica para reconocer el racismo en Puerto Rico. La misma mandata actividades de reflexión y educación antirracista así como la reafirmación de la afrodescendencia en las agencias gubernamentales, en espacios educativos públicos y privados de todos los niveles. La ley expone que se deben reconocer las aportaciones y el valor de las comunidades que sufren el racismo en Puerto Rico. Con esta Ley no se conmemora la semana de la abolición formal de la esclavitud como único fin, sino que se afirma la erradicación del racismo y el orgullo de la afrodescendencia. Uno de sus resultados más contundentes, fue la aprobación y puesta en marcha del currículo antirracista Sankofa por parte del Departamento de Educación.[12]
Designar calles y otros espacios públicos es importante para que cuando transitemos por ellas nos recuerden los nombres de quienes abrieron caminos luchando por nuestros derechos. La resolución Conjunta Núm. 48 del 2022, designó un tramo de carretera en el Municipio de Loíza con el nombre de Adolfina Villanueva Osorio. Mujer negra y pobre, asesinada por la Policía cuando valientemente defendía su casa y su derecho y el de su familia a vivienda digna.
En el Decenio Internacional de las personas Afrodescendientes, del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2024, se hizo mucho énfasis en exigir reparaciones por parte de los Estados. En el Segundo Decenio, que comenzó ahora en el 2025, el tema continúa con fuerza. En reparación a la memoria histórica de una familia afrodescendiente y sus grandes aportaciones, impulsamos la Resolución Conjunta Núm. 8 de 2024, que designó como “Edificio Celestina, Gregoria y Rafael Cordero Molina” a la sede central del Departamento de Educación de Puerto Rico. Esta familia, en tiempos aun de esclavitud, eran personas libres y se dedicaron a educar la niñez de su época. Es importante destacar que en ese momento las niñas, sin importar raza, no tenían acceso a educación. La mayoría de la gente en Puerto Rico conoce al maestro Rafael, por su dedicación a educar niños, sin distinción. Pero él no educaba niñas. Ver la historia con perspectiva de género destaca la gesta de la maestra Celestina, una de las hermanas del maestro Rafael, quien apoyada por la otra hermana, Gregoria, sí enseñaba a las niñas. Era una familia afrodescendiente que reconocemos porque dan sentido a la educación como derecho de toda la niñez.
Sobre el tema del respeto y valorización de la imagen de la persona afrodescendiente, logramos la Ley 106 del 2024, “Ley Contra el Discrimen Por Razón de Estilos de Cabello». La misma establece la política pública en Puerto Rico en contra del discrimen racial por los diversos peinados protectores y texturas de cabello que regularmente se asocian con identidades de raza y origen nacional, como rizos apretados, locs, trenzas pegadas, torcidos, trenzas, nudos Bantú y afros. Esta prohibición se aplica en el ofrecimiento de servicios públicos, el empleo, la educación y la vivienda, tanto en el sector público como en el sector el privado.
Para las elecciones del 2024, el MVC concertó una alianza con el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). Los detalles y mi análisis de dicha Alianza quiero reservarlos para otro artículo. Como resultado de ese acuerdo, me hice disponible para la candidatura a Comisionada Residente en Washington, por la Alianza, con Juan Dalmau como candidato a la Gobernación. Por la prohibición de candidaturas coaligadas, además de los retos legales que enfrentó el MVC, la campaña electoral fue difícil y accidentada. Explicar cómo votar también fue un reto: la Alianza, como coalición, no estaba en la papeleta y la gente debía votar cruzando entre las papeletas nacionales, legislativas y de alcaldías, además de candidaturas de nominación directa.
Dalmau sacó votos históricos gracias a la Alianza y la movilización de la misma. El PIP quedó inscrito, no así el MVC. Mi candidatura quedó tercera y se critica el hecho de que el candidato “de agua” del PIP para ese puesto sacó votos no esperados, contrario a lo acordado. Se dieron también, con posterioridad, otras discusiones como la activación de la llamada Ley de minorías, ley que jurídicamente favoreció al PIP y le permitió llevar más legisladores(as) a la Cámara y al Senado. El PIP y el MVC tuvimos una diferencia profunda de visión política sobre este tema que, sin duda, será también parte de otro análisis en el futuro.
Me parece importante señalar que fui la primera persona abiertamente de la comunidad LGBTIQ en aspirar para el puesto de Comisionada Residente. También recibí apoyos importantes considerando mi perfil de mujer negra. Entre otras personas, me endosaron las congresistas Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Delia Ramírez, los congresistas Jesús (Chuy) García y Ro Khanna, así como el ex congresista Luis Gutiérrez. Además, recibí endosos de Dolores Huertas Action Fund, LGBTQ Victory Fund, LPAC, Higher Heights y MIJENTE. Algunas de estas entidades nunca habían apoyado una candidatura para ese puesto.
Reconozco y valoro el apoyo extraordinario que recibí de la diáspora. Estoy segura que ese apoyo se debió a que desde el comienzo de mi campaña expresé que, entre mis pilares más destacados, uno era hacer alianzas con congresistas y organizaciones de la diáspora que abogan por la justicia social, justicia ambiental y la descolonización, y el otro era el de la transparencia, desarrollo de protocolos y criterios de fiscalización real en el uso de los fondos federales para eliminar la corrupción gubernamental. Es decir, darle seguimiento a dichos fondos hasta que se usen. Actualmente, en Puerto Rico, estamos viendo la crisis más grande de nuestra historia con ese tema precisamente.
Creo que en Puerto Rico no se entiende el puesto de la Comisaria Residente. En el futuro hay que hablar de esa candidatura para evaluar su alcance. Este no ha cambiado mucho desde la llegada de EEUU a Puerto Rico y no cambió con el ELA. Por ejemplo, cuando informé que haría caucus con algunas candidaturas demócratas, alguna gente no entendió el significado de esa decisión. En el caso de la Alianza hay mucho que analizar sobre la proyección y la importancia que se le dio o no se le dio al puesto en la campaña.
Escuchar al presidente número 47 de Estados Unidos, cuyo nombre es también una marca comercial, Donald Trump, reprimir y oprimir el uso de conceptos como diversidad, equidad e inclusión representa una conmoción, un obstáculo monumental a nuestros avances, ante la puesta en marcha de un operativo de censura, amenazas y negación de la historia. Aunque esta ofensiva ya era anunciada por sus teóricos fundamentalistas, no deja de sorprendernos su crudeza. El llamado Proyecto 2025 y la colección de órdenes ejecutivas que firma Trump cada día van en la misma dirección. Es una muestra abierta de desdén hacia décadas de luchas por construir sociedades más justas: en lo social, lo económico y lo ambiental, siempre cruzadas por las miradas étnico-raciales y de género. Sin duda no hay intención de invertir dinero del Estado en garantías de servicios esenciales, que son los derechos económicos, sociales y ambientales (DESCA).
Esta administración de Estados Unidos de América (EEUU) ha emprendido una cruzada ideológica en la que la palabra woke es usada para desdeñar las teorías críticas de raza; se habla de ideología de género, para atacar la perspectiva de género; y se prohíben las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), para vaciar el valor de los parámetros de nuestros muchos años de lucha. No es una simple diferencia de visión: es una estrategia de odio hacia nuestras utopías. Las fuerzas conservadoras siempre han estado y no quieren ceder espacio, reaccionan ante nuestro avance. Como dije, llevo la mayor parte de mi vida como activista feminista y defensora de derechos humanos y he usado los lentes de la perspectiva de género para desarrollar propuestas de transformación social, política y económica desde las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el Colegio de Abogados y Abogadas. En todos estos espacios la discusión del estatus de Puerto Rico polarizaba o hacía más difícil algunas discusiones. No había visión de buscar los puntos en común, siempre se destacaban las diferencias.
Hoy reflexiono desde mi vivencia como mujer negra, como mujer negra lesbiana, como mujer negra lesbiana puertorriqueña, habitando identidades que, aún en este tiempo, siguen buscando un espacio que acojan su complejidad. Transito por territorios turbulentos donde mis diversidades se entrecruzan, reclamando un acomodo y una coherencia vital entre las múltiples intersecciones que me definen. En estos tiempos duros racistas hemos abierto un espacio de discusión internacional para mujeres afropolíticas, que será sin duda algo para visibilizar lideratos de y para las mujeres afrodescendientes en nuestras diversidades. Habitar espacios que no sean los mismos de siempre nos ayuda a renovar las discusiones. Comencé hablando de las luchas de derechos porque en estos tiempos, no importa lo que pase, nos quedan todas las luchas que hemos dado y seguimos dando. Las luchas de la sociedad civil son las que marcan la ruta y son la fuerza.
FIN
REFRENCIA
[1] Rivera Lassén Ana Irma y Elizabeth Crespo Kebler, Documentos del feminismo: Facsímiles de la Historia. Vol. I. 1970-1979, Editorial Universidad de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, 2001 y Pabón Ortega, Carlos, Ilusión y Ruinas, imaginarios de izquierda en Puerto Rico, desde los sesenta. Ediciones Laberinto, San Juan, Puerto Rico, 2025. [2] Aulet, Lolita, “Reformismo versus revolución,” Claridad, 17 abril 1973, 11. [3] Aulet, Ibid [4] Rivera Lassén, Ana Irma, “Un debate:La liberación femenina,” Claridad, 3 junio 1973, 14 [5] Rivera Lassén Ana Irma y Elizabeth Crespo Kebler, Supra [6] 410 U.S. 113, 124 (1973) [7] Rivera Lassén Ana Irma y Elizabeth Crespo Kebler, Supra, páginas 75-80 [8] Rivera Lassén Ana Irma y Elizabeth Crespo Kebler, Supra [9] John Antón Sánchez, Palmira N. Ríos González, Pastor Elías Murillo Martínez, Ana Irma Rivera Lassén. La justicia no es ciega ni es neutral, retos del decenio para los y las afrodescendientes, Miradas (propias) sobre el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, 2015-2024. Quito: Editorial IAEN-Fundación Afroecuatoriana Azúcar, 2022. [10] John Antón Sánchez, Palmira N. Ríos González, Pastor Elías Murillo Martínez, Ana Irma Rivera Lassén, ibid [11] Rivera Lassén, Ana Irma, “Celestina, Ancestra y Maestra”, Revista Cruce, (Re)presentaciones afropuertorriqueñas: un homenaje al legado de Celestina Cordero, San juan, Puerto Rico marzo 2025 https://issuu.com/revistacruce/docs/_re_presentaciones_afropuertorrique_as_un_homenaj [12] Sankofa, Departamento de Educación de Puerto Rico, Plaza Mayor, 2024
