Introducción
La noción de una nueva derecha en América Latina trasciende el proyecto neoliberal de políticas de ajuste fiscal, liberalización económica y reducción de la intervención del estado en la economía y la sociedad. A partir de la segunda década del siglo veintiuno, la agenda de la “nueva derecha” va más allá del fundamentalismo de mercado y el “laissez faire”. El asecho derechista trae un proceso de “culturización” de la política donde las divisiones y el apoyo político a los partidos se van formando a partir de los puntos de vista basados en valores tradicionales religiosos y en la ideología de la domesticidad femenina acerca de la familia, el aborto y la sexualidad.
La nueva derecha latinoamericana no constituye un bloque político monolítico y prioriza de maneras diversas la articulación de sus valores y principios sociales, políticos, económicos y religiosos en cada país en que se moviliza. No obstante, pueden identificarse una serie de posiciones compartidas que se combinan y manifiestan de formas diferentes.
Se argumenta que los movimientos de la nueva derecha son populistas y autoritarios. Pero la definición del populismo tradicional como un movimiento de desafectos que siguen a un líder carismático no puede aplicarse indiscriminadamente. Ciertamente se trata de desafectos y líderes políticos advenedizos o no tradicionales, pero no se trata del populismo peronista o el de Vargas en Brasil que sirvió de modelo a las caracterizaciones del siglo veinte (Cf. Ianni, 1975).
En Europa y Estados Unidos la nueva derecha se caracteriza como nacionalista, racista, xenofóbica, antidemocrática, autoritaria, populista y anti-establishment (Mudde, 2007; Carter, 2018). En Latinoamérica y Puerto Rico esta derecha comparte la visión “anti-establishment” y el populismo. No obstante, los ejes del populismo latinoamericano afirman valores libertarios (primacía del individuo y la familia), defensa de la “libre empresa” (anarcocapitalistas en Argentina), oposición al aborto, rechazo a las vacunas contra el COVID19, rechazo de matrimonios del mismo sexo y negación del cambio climático.
En Puerto Rico la nueva derecha ejemplificada por el recién creado partido Proyecto Dignidad se caracteriza por sus valores fundamentalistas religiosos, sociales y económicos. Busca, además, diferenciarse de los partidos tradicionales a través de un discurso populista de nuevo cuño en torno a la vida, la familia y la niñez a la vez que se distancia de la discusión del tema del estatus colonial de Puerto Rico. Su agenda legislativa, guiada por valores libertarios conservadores acerca del individuo y la familia, se centra en proponer proyectos de ley que buscan restringir o eliminar los derechos reproductivos y la sexualidad de las mujeres y de otras minorías sexuales y el derecho al aborto. Esto constituye un asecho a la “democracia” colonial y un ataque político al feminismo y los derechos de las mujeres puertorriqueñas. La nueva derecha puertorriqueña representa un retroceso en el desarrollo de la democracia colonial que reproduce aspectos del contra feminismo en Estados Unidos y de la ultraderecha neoliberal.[1]
La agenda legislativa del PD y el debate público generado por esta ha convertido el cuerpo de las mujeres (en su diversidad identitaria) en la principal fuente de divisiones y conflictos políticos y en el principal ámbito en el que se están negociando las políticas sociales y económicas del país.
En este ensayo se explica el surgimiento de la nueva derecha en Puerto Rico encarnada por el Proyecto Dignidad. El objetivo de este estudio es identificar los factores que articulan el fundamentalismo social, político y económico que sustenta la ideología populista de la nueva derecha. Esta es la base para analizar las formas en que el Proyecto Dignidad, en convergencia con otros sectores conservadores y anexionistas tradicionales, desafían la democracia colonial. La propuesta metodológica es examinar el discurso de la nueva derecha según registrado en mensajes dirigidos a las iglesias y grupos religiosos, su plataforma de partido, proyectos de ley, presentaciones de líderes de centros de pensamiento (think tanks), columnas periodísticas de opinión e intervenciones en medios de comunicación y redes sociales.
El Surgimiento de la Nueva Derecha en Puerto Rico
La política puertorriqueña define posiciones de derecha, centro e izquierda con respecto a las preferencias de estatus político. Siendo una colonia de Estados Unidos, los partidos políticos se organizan en torno a preferencias de status. El anexionismo o estadoismo (anexión de la Isla como estado de la “unión” o estadidad) se define como la derecha. Los favorecedores de la fórmula colonial existente (Estado Libre Asociado, ELA), se identifican como el centro. Los favorecedores de la independencia se identifican como la izquierda, que ha fluctuado entre la izquierda radical latinoamericana y la social democracia en su diversidad de expresiones.
En el siglo veintiuno, presenciamos un realineamiento político que desplaza el estatus colonial como el fundamento definitorio de izquierdas y derechas. La crisis económica y sociopolítica creada por el modelo de gobernanza neoliberal ha servido de base para el realineamiento de las fuerzas políticas y el surgimiento de nuevos partidos políticos. En las elecciones de 2020 dos nuevos partidos lograron representación en la legislatura, disputando así el dominio del bipartidismo cerrado: el Proyecto Dignidad (PD), la nueva derecha conservadora, y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), de centroizquierda. Estas nuevas fuerzas políticas lograron reducir significativamente la legitimidad político-electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) que ganó la gobernación con 33% de la totalidad de los votos. Los resultados electorales de 2020 alcanzaron, además, un nivel histórico de representación de mujeres en la legislatura. En el Senado la representación de las mujeres fue, por primera vez en la historia, conmensurable con su proporción poblacional, 52%. Estadísticamente, las mujeres se convirtieron en mayoría, ocupando 14 de los 27 escaños en la Cámara Alta. [2] Este es un hito importante para la cultura e historia política tanto nacional como internacionalmente (Acevedo Gaud, 2021). En el Senado, el partido que dominó no logró mayoría absoluta y las minorías de derecha y centroizquierda, PD y MVC, se convirtieron en ejes del conflicto político sobre los derechos democráticos de las mujeres.
Es importante señalar, además, que el surgimiento de la nueva derecha y el auge electoral del PD se da en momentos de gran incertidumbre social y económica ante los desastres naturales y políticos por los que atraviesa el país: (1) la quiebra fiscal del gobierno y la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por parte del Congreso de los Estados Unidos para atender los asuntos de gobernanza fiscal y el repago de la deuda pública de más de $100 mil millones; (2) los procesos fallidos de recuperación económica e infraestructura tras los estragos catastróficos del huracán María en septiembre de 2017 y los terremotos en el suroeste del país en enero de 2020; y (3) la pandemia de la COVID-19, el encierro de la población y los actos de corrupción gubernamental relacionados con la adquisición de pruebas para diagnosticar el virus.
Estos eventos causaron la fragmentación masiva del núcleo familiar debido a la migración masiva a Estados Unidos en busca de trabajo, vivienda, escuelas y asistencia del gobierno federal. Según el Centro de Información Censal entre 2011 y 2020 hubo una emigración neta de 550,421 personas entre Puerto Rico y Estados Unidos un promedio anual de 55 mil personas. La migración neta de puertorriqueños a Estados Unidos entre 2017 y 2018 tras el huracán María alcanzó la histórica cifra de 112,551 personas (U.S. Census Bureau, 2021; Primera Hora, 2021; y Duany, 2022).
Asimismo, estos eventos desbordaron el resentimiento del pueblo y resquebrajaron la legitimidad de los partidos políticos y la clase gobernante puertorriqueña. Más allá de la crisis de legitimidad se creó lo que Roberto Alejandro Rivera (2023, p. 35–36) llama una crisis de “legibilidad”: “una ruptura entre gobernantes y gobernados, un descoyuntamiento en ese ámbito simbólico de valores (lo constitucional: democracia, derechos, leyes) que preserva y explica los lazos entre los primeros y los segundos. Es una pérdida de lo familiar”. Las respuestas políticas habituales se convirtieron en palabras huecas, ante el panorama tétrico y desesperanzador sobre las promesas de millones de dólares en fondos federales que nunca llegan para materializar el plan de reconstrucción económica. El colapso de la economía, la sociedad y la política puertorriqueña (Pantojas García, 2019), es el caldo de cultivo para el surgimiento de la nueva derecha como alternativa político-partidista con valores irreconciliables con el estatus quo.
Es en este ambiente de realineamiento político, desasosiego económico y frustración social que emerge el PD como alternativa al desarraigo cultural y político—“crisis de legibilidad”—que experimentan los puertorriqueños. Es el momento oportuno para capturar el imaginario político apelando al individuo, a la familia, a la buena gobernanza y a las libertades del mercado que posibiliten cambios de gobernanza en la fallida democracia colonial.
El Proyecto Dignidad
Además de los factores identificados, se pueden identificar otros factores sociales e históricos que contribuyen al entendimiento de la formación y arraigo del PD. Estos son la formación y trasfondo de su liderato político y sus vínculos con diversas estructuras religiosas del país.
El líder fundador del PD, César Vázquez Muñiz, es doctor en medicina y fue pastor de la Iglesia Cristiana Catacumba entre 1980 y 2019. La Iglesia Cristiana Catacumba se autodefine como un movimiento cristiano netamente puertorriqueño iniciado en 1971.[3] Esta Iglesia fue formada por “jóvenes que eran señalados por ser hippies, y rechazados por la sociedad y la iglesia por ser ‘bebedores’, drogadictos y “pelús’” (tener cabellos largos). Los “catacumberos” eran catalogados como un grupo de cristianos “radicales” que al percibirse excluidos de la iglesia se reunían en lugares recónditos con propósitos evangelísticos, como los cristianos de la llamada “iglesia primitiva”. Desde su participación en la evolución y desarrollo de esta plataforma religiosa, César Vázquez Muñiz fue desarrollando una base de apoyo social y política entre miembros de la comunidad cristiana que trasciende diferencias ideológicas partidistas basadas en preferencias de estatus.
El PD aglutina sectores sociales conservadores de clase media, profesionales de diversas ideologías religiosas principalmente pentecostales, neopentecostales y católicos, y concentra su fuerza electoral en municipios del norte y noreste del país.[4] Convoca principalmente anexionistas y “estadolibristas” desafectos de sus partidos, Partido Nuevo Progresista (PNP) y partido Popular Democrático (PPD). Su base social está, además, enraizada en diversos grupos religiosos que se han organizado a través del tiempo para denunciar y promover sus diversos proyectos en torno a la sexualidad y la familia como ente fundamental de la sociedad. Entre estas organizaciones se encuentran Morality in Media (creada en 1975), Puerto Rico por la Familia (2013), La Asociación Pro-Vida (1980), la Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia (2007) y Alerta Puerto Rico (2013). Estas son organizaciones de base religiosa provenientes de la visión de alcance social de la Iglesia Cristiana Catacumba que profesa la intervención de la iglesia en “la comunidad sufriente que los rodea” (Directorio de Iglesias, 2023). Están dirigidas por pastores de diversas denominaciones evangélicas que desde sus inicios han sido miembros de las juntas fundadoras y portavoces de estas organizaciones. El doctor Vázquez Muñiz ha sido fundador, cofundador, vicepresidente, portavoz o miembro de las juntas de casi todas estas organizaciones que difunden mensajes conservadores sobre la sexualidad, la familia y contra el aborto a través de los medios de comunicación y las redes sociales influenciando la discusión pública desde la década del ochenta.
También forman parte de la base social del PD iglesias independientes que surgieron en Puerto Rico de proyectos de pastores fundamentalistas que dirigían movimientos carismáticos como Yiye Ávila (Ministerio Cristo Viene, 1972), Jorge Raschke (Ministerio Clamor a Dios, 1973), Wanda Rolón (Movimiento Conciliar de Restauración La Senda Antigua, Inc., 1992 y el Tabernáculo de Alabanza y Restauración La Senda Antigua, 2000), así como la Organización de Iglesias Pentecostales (FRAPE).[5]
Pero el fundamentalismo religioso del PD no solo se nutre de iglesias y organizaciones de base evangélica y pentecostal. El catolicismo también es parte constitutiva de esta nueva colectividad política. La líder femenina y senadora electa por el PD, Joanne Rodríguez Veve, es militante de la Iglesia Católica y miembro de la Junta de Directores de la organización de laicos católicos, la Alianza Católica Puertorriqueña por la Vida y por la Patria.[6] La conexión del catolicismo con las demás ideologías religiosas evangélicas y neopentecostales se fragua en sus visiones acerca de la vida, la prohibición del aborto, los derechos del niño aún no nacido, la centralidad de la familia, la oposición a la perspectiva de género en la educación y las posturas antivacunas contra la COVID-19. Aunque la postura política antivacuna COVID-19 del PD es contraria a la posición del Papa Francisco, es cónsona con la posición de los republicanos en Estados Unidos. Las organizaciones Católicas Fieles a la Verdad, representada por el sacerdote Carlos Pérez Toro, feroz opositor del aborto, y los Caballeros de Colón están entre los grupos católicos que apoyan al PD. El Obispo de Arecibo, monseñor Daniel Fernández Torres, antes de ser destituido por el Vaticano por ser objetor por conciencia sobre la vacunación obligatoria contra el COVID-19, se convirtió en un referente importante para lograr la unidad de propósito entre organizaciones interdenominacionales en un país culturalmente católico.[7]
Para los católicos estos son asuntos discutidos en el “Plan Pastoral para Actividades Provida: Una estrategia en favor de la vida” (United States Catholic Bishops, 1975) que promueven los Obispos Católicos en los Estados Unidos amparándose en las directrices del Vaticano. Según este documento, “Aquellos que han sido llamados a ser líderes civiles, como nos lo recuerda el Papa Juan Pablo II, tienen el deber de tomar decisiones valientes en favor de la vida, especialmente en el campo de las disposiciones legislativas”.[8] Entre las estrategias políticas que se trazan en el plan está el desarrollo de un “programa de políticas públicas” dirigidas a restringir y/o prohibir el aborto y proteger al máximo el derecho a la vida de los niños aún no nacidos. Este llamado de la Iglesia Católica a la movilización política ha propiciado al establecimiento de alianzas entre organizaciones católicas y evangélicas que buscan ejecutar la gran estrategia mediante la implantación del programa de políticas públicas antes mencionadas. Consecuentemente, era necesario la creación de un partido político que proveyera acceso a las estructuras del poder político para legislar sobre sus visiones fundamentalistas acerca de la sociedad y la economía.
La Irrupción Electoral del PD
El PD irrumpe en la política electoral en marzo de 2019, cuando se inscribe en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). La organización y disciplina de este nuevo partido se evidencian en su proceso de inscripción con el despliegue de 600 notarios, 70 % eran mujeres (InterNewsService, 2019). En su plataforma de Gobierno el PD se describe como “un partido reformista de la historia moderna en pleno siglo XXI” (Plan de Gobierno, 2020, p. 3). Es un partido conservador de valores religiosos que busca reconfigurar la sociedad y la economía mediante la reducción del gobierno y la expansión del sector privado, y que tiene a la familia como centro del quehacer social, cultural y económico. Se presenta como una alternativa a los partidos tradicionales (PNP y PPD) que le “han fallado al país llegando al punto de destruir, lacerar y devaluar la dignidad del pueblo”.
La visión del PD se ancla en valores “cristianos” y en principios centrados en la familia y las libertades individuales. Los ejes centrales de su activismo son: (1) el derecho a la vida, desde la fecundación hasta su terminación natural, (2) el fortalecimiento de la familia, (3) el empoderamiento de la comunidad, (4) la libertad religiosa, (5) la centralidad de la propiedad privada, y (6) el empresarismo social. Su fundamento político se basa en “poner a las familias como centro de toda discusión pública porque son objeto de todas las consecuencias de las decisiones políticas de Puerto Rico” (Plan de Gobierno, 2020).
En cuanto a la resolución del estatus colonial de Puerto Rico, creen en el derecho a la autodeterminación política del país. En su declaración de principios. el PD afirma que “no adelantará como institución ninguna alternativa de relación política-jurídica con los Estados Unidos”. El objetivo fundamental del PD es “romper con el ciclo de la corrupción gubernamental para lograr ganar la confianza de todos los sectores y actores locales, federales y el mundo entero”. Los asuntos ideológico-políticos para la resolución del estatus quedan subordinados a la ideología religiosa que busca transversalizar los valores cristianos en la política pública y la administración del gobierno. El PD busca convertirse en una opción política distinta de los partidos de mayoría.
Sorpresivamente el PD obtuvo 7% del total de votos en las elecciones generales del 2020, eligiendo dos legisladoras, una en cada cámara legislativa, y un legislador municipal por Río Grande. Estos resultados electorales sorprenden por la naturaleza advenediza del liderato del PD, compuesto por personas nuevas al escenario político que nunca se habían postulado para posiciones electivas, ni ocupados cargos políticos. Más aún, demuestran la fuerza en el desempeño político del liderato femenino de esa nueva colectividad.
Hasta el 2023, el liderato del PD envuelto en el debate público ha estado compuesto, principalmente por tres mujeres y un hombre, siendo el hombre el presidente del partido. Él está en control de los procesos de toma de decisiones y de la organización y creación de las estructuras partidistas emergentes del PD. El presidente es un hombre, blanco, heterosexual, de apariencia común y de discurso conservador autoritario. En la discusión pública ha demostrado su misoginia y machismo contra las mujeres en la política, sean o no de su partido. A pesar de esto es el liderato femenino del PD el que logra traer la mayor visibilidad política al PD. El liderato femenino del PD exhibe una diversidad identitaria de raza, edad y credo religioso (catolicismo y pentecostalismo) que por azar o por diseño es representativo de los tiempos.
Durante la campaña electoral en los debates televisados para el cargo a la comisaría resiente en el Congreso, la candidata Ada Norah Henríquez, mujer y negra, demostró sus competencias intelectuales y destrezas de debate y oratoria recibiendo las mejores calificaciones entre todos los participantes. Esto creó expectativas entre los afiliados del PD para que Henríquez aspirara a la gobernación en las elecciones del 2024. Las otras dos mujeres candidatas a la legislatura, representativas de generaciones distintas, fueron electas por un número significativo de votos en comparación con otros candidatos e incumbentes de alto perfil y reconocimiento político de partidos tradicionales. Joanne Rodríguez Veve fue electa al Senado por acumulación logrando el segundo lugar de 11 escaños, con 83,967 votos, muy por encima del presidente saliente del Senado, Thomas Rivera Schatz del PNP (72,402 votos). Lisie Burgos Muñiz quedó quinta de once candidatos/as por acumulación en la Cámara de Representantes (CEE, 2020; Lisie Burgos BallotPedia, 2020).
El mensaje religioso y populista del PD, durante el proceso electoral en tiempos de pandemia se difundió de forma exponencial a través de las redes sociales, de las iglesias y de las organizaciones laicas de carácter religioso. A través de las plataformas cibernéticas y constantes visitas a las iglesias el PD logró organizarse efectivamente y convertirse en un sector político con alta capacidad de influencia (Seda Chabrier, 2021) que se reflejó en una sorpresa electoral.
Populismo e Ideología Política
Caracterizar al PD como un partido populista de derecha es un planteamiento riesgoso en términos teóricos y metodológicos. El PD es un partido incipiente que apenas tiene cuatro años de formación, pero con arraigo sociopolítico y tendencia electoral ascendente. El término populismo elude una conceptualización taxativa por ser una relación social, política, y discursiva compleja que exhibe diversas características en diferentes contextos y momentos históricos.[9] Esto hace que la definición del término sea una ambigua y elástica (Canovan, 1984). A pesar de la imprecisión conceptual en los estudios sobre el populismo se han propuesto varios enfoques para explicar este fenómeno. Según Flavia Freidenberg (2013), el populismo se ha estudiado como un movimiento social, como un discurso ideológico, como una manifestación de cultura política, como una forma de intervención social del Estado, como una estrategia política o como un estilo de liderazgo. Mudde y Kaltwasser (2012) definen al populismo como una ideología política que divide a la sociedad en dos grupos homogéneos y antagonistas: el pueblo y las élites.
Desde la perspectiva de la derecha las élites políticas y el estado son inherentemente corruptas y burocráticas. La retórica populista polarizante instrumentaliza los sentimientos de ansiedad y desencanto sociopolítico para apelar a la gente corriente y su alegado sentido común superior. Esta retórica va dirigida al elector descontento y frustrado que con un lenguaje corriente y directo apela a los afectos e insatisfacción política para conseguir la identificación emocional del pueblo con sus líderes. Este estilo discursivo va dirigido a provocar un aumento en la crispación social y una agudización en la polarización política. Lo que convierte este discurso ideológico en populista es su apelación al pueblo como referente básico, es decir, la idea de la configuración de “el pueblo” como actor protagonista del cambio social, que atenta contra cierto estatus-quo dominante (Freidenberg, 2013).[10] El populismo es un elemento ideológico complementario de la ideología de la nueva derecha. Los temas que forman parte del núcleo de su ideología pueden variar dependiendo del contexto sociohistórico donde emerjan dichos partidos (Acha Hugarte, 2021).
Con las consignas “Nuestro Proyecto es Puerto Rico” (César Vázquez Muñiz), “Puerto Rico Puede” (Ada Norah Henríquez), “El Cambio es Posible” (Joanne Rodríguez Veve), y “Dignidad para Todos” (Lisie Burgos Muñiz), los líderes y lideresas del PD movilizan a sus seguidores articulando sus visiones ideológicas conservadoras sobre los temas fundamentales de su activismo político: la vida, la familia y la comunidad. El PD busca interpelar al “pueblo puertorriqueño” frustrado y desesperanzado tras décadas de gobiernos corruptos que han sumido a la sociedad en la pobreza moral y material, desproveyendo al individuo de su dignidad y profundizando la dependencia de prestaciones sociales de Estados Unidos, “fondos federales”.
Años antes de la fundación del PD, el doctor César Vázquez Muñiz recorrió cientos de iglesias pentecostales alrededor de la isla presentando y discutiendo su ponencia “Nos salimos del camino.” Esta presenta una crítica a los partidos políticos tradicionales, traza la ruta temática de la nueva derecha puertorriqueña y afirma la necesidad de apoyar la formación de una instrumentalidad política que asegure los valores religiosos en la cultura y articule los intereses del pueblo puertorriqueño. Según el doctor Vázquez Muñiz:
Nos llamaban la Isla del Encanto. Todo el mundo quería venir a nuestras playas. En algún momento esto cambió y no sabemos por qué. Miles se han ido para no volver. De los que se han quedado muchos están buscando el boleto más barato para salir…Estamos fracturados por profundas divisiones y somos incapaces de ponernos de acuerdo para trabajar hacia un bien común. Nos corroe la desconfianza. La política nuestra se ha convertido en una pugna para ver quién se reparte el botín del presupuesto gubernamental… ¿Cuándo nos salimos del camino correcto? Nos salimos del camino cuando dejamos de ser un pueblo trabajador y nos convertimos en unos vagos, mantenidos por las transferencias federales… Nos salimos del camino cuando decidimos abandonar la tierra… El que se olvida de su tierra, se olvida quien es. … Nos salimos del camino correcto cuando dejamos de ser un pueblo pobre, pero honesto, para convertirnos al pillaje. …La corrupción es rampante, a todos los niveles y en todos los lugares, pero particularmente en el gobierno, ya sea estatal o municipal. … Nadie tiene todo el conocimiento necesario para gobernar. Hay que crear un equipo de apoyo con gente íntegra, preparada y comprometida.… Nos salimos del camino cuando empezamos a descuidar las relaciones más importantes en la vida. …el matrimonio o la familia. …Cuando convertimos la tragedia del divorcio en una realidad cotidiana. …Cuando el tener hijos se convirtió en estorbo. … Nos salimos del camino cuando el amor a Dios se convirtió en un ritual vacío los domingos para acallar nuestras conciencias. … ¿Podremos volver al camino correcto?[11]
En este escrito se encuentran los elementos de la ideología populista que complementa el discurso de la nueva derecha puertorriqueña. Este discurso apela a la fibra del nacionalismo cultural y del cristianismo de “el pueblo puertorriqueño”. Invoca al terruño puertorriqueño que dejó de ser, a la política partidista que ha intercambiado turnos en la administración del gobierno dejando una estela de corrupción, de endeudamiento fiscal y una sociedad fragmentada por divisiones políticas que a su vez ha sucumbido a la supuesta perversión de las sociedades modernas. A través de este discurso se fue construyendo la diferencia entre dos grupos, una elite política corrupta representada por los partidos tradicionales PNP/PPD y un pueblo cuya “dignidad personal” ha sido lacerada y requiere de restauración política y cultural.
La nueva polarización política trae un desplazamiento en el eje que domina la discusión política del país. Ya no se trata de la discusión partidista tradicional sobre fórmulas de estatus para resolver la condición colonial sino del imperativo moral de atender asuntos de corrupción para establecer la buena gobernanza y redimir la sociedad del secularismo liberal de los partidos que alternan el poder al amparo de los derechos civiles norteamericanos. De ahí que el núcleo temático en la priorización política de la nueva derecha puertorriqueña sea la corrupción, la familia, el matrimonio, los niños, la educación, el aborto y las identidades de género. La visión de la nueva derecha para Puerto Rico es crear un instrumento político que devuelva al país “al camino correcto”; ese instrumento es el PD.
Cuando el PD oficializa su entrada a la contienda electoral de 2020 se suaviza el discurso en torno a los derechos religiosos, únicamente para la campaña política a las candidaturas a la gobernación y comisaría residente. En la campaña para puestos legislativos el discurso populista politiza las visiones religiosas en torno a los asuntos centrales sobre vida, familia y comunidad dando comienzo a una batalla de ideas en el plano político cultural.
El discurso ideológico que articulan las lideresas del PD introduce al debate público asuntos que hasta entonces no eran parte de la discusión política en Puerto Rico. Sus discursos ideológicos son directos, conservadores y representativos de la nueva derecha. La consigna “Un cambio es Posible” es utilizada por la candidata al Senado, Joanne Rodríguez Veve, para afirmar los valores del individuo y de la familia. La candidata sostiene que “Voy al Senado a afirmar una cultura provida y profamilia”. Mientras que la consigna de la candidata a la Cámara de Representantes, Lisie Burgos Muñiz, “¡Dignidad para Todos!”, afirma también la vida y la familia y promete reintegrar los valores cristianos a la política pública del país. Estas candidatas, una católica y la otra evangélica, abiertamente establecieron en sus campañas políticas el vínculo entre iglesia y estado y la necesidad de introducir valores cristianos y visiones religiosas en la política pública.
La historia política de Puerto Rico no es ajena a la retórica populista como recurso para la movilización electoral. Pero el populismo de la nueva derecha se aleja del populismo carismático muñocista del PPD en los años cuarenta como agente de transformación social de la “gran familia puertorriqueña” (Pantojas García, 1985). Contrario a esto, y a pesar de que el liderato del PD no es carismático, la dimensión populista del PD puede identificarse en su retórica anti-establishment y su atracción a sectores religiosos desilusionados y desafectos de la derecha anexionista puertorriqueña.
Fundamentalismo Económico y Social
El vínculo político entre el conservadurismo social basado en principios religiosos y las políticas neoliberales de libre mercado proveen las herramientas para la reingeniería gubernamental que propone el PD. Se trata de un maridaje entre el fundamentalismo religioso y el fundamentalismo de mercado. Las políticas sociales que resultan de este maridaje van dirigidas a una nueva reglamentación de la sociedad que erosiona derechos sociales adquiridos por los individuos. Las políticas económicas buscan desreglamentar la economía para impulsar el empresarismo y el desarrollo de una economía de libre mercado. Esto conlleva la reducción del gobierno mediante la eliminación de estructuras burocráticas que entorpecen la implementación de la política neoliberal. La visión estratégica para el cambio social, económico y cultural plantea además reintegrar los valores cristianos a la política pública del país.
La estrategia para el desarrollo económico del PD se fundamenta en políticas neoliberales basadas en tres pilares: (1) el fortalecimiento de las comunidades, el emprendimiento y el empresarismo para hacer crecer y expandir el sector privado; (2) la reducción del gobierno para salir de estructuras ineficientes que serían sustituidas por organizaciones comunitarias, pequeñas empresas, u organizaciones del tercer sector costo eficientes; y (3) la eliminación de impuestos. Esta política económica propone limitar el gobierno reduciendo su tamaño como parte de una estrategia para estimular la “libertad económica” y restringir la interferencia gubernamental en la economía como estímulo al empresarismo. El rol redistributivo del estado es considerado como un obstáculo al emprendimiento porque obliga a mantener una alta tributación que desincentiva la inversión. Para el PD el estado, la administración pública y las instituciones en general deben actuar para estimular el mercado que se considera el motor del desarrollo socioeconómico. El PD propone también utilizar los fondos federales asignados a raíz del paso del huracán María para la expansión de la producción, la generación de ingresos, la reconfiguración de la economía y la reconstrucción de la infraestructura. Ello a pesar de que la utilización de los fondos federales, contrario a lo postulado, implica un aumento en la burocracia gubernamental para el manejo y desembolso de dichos fondos. Asimismo, por ser Puerto Rico una colonia, las estrategias económicas dirigidas a estimular el libre mercado están supeditadas a las políticas, reglamentos e intereses político-económicos de los Estados Unidos.
La política social que propone el PD tiene cuatro pilares: (1) el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, (2) el fortalecimiento de la familia, (3) el derecho de los padres a la educación de sus hijos conforme a su fe y sus valores religiosos, y (4) la defensa de la libertad de conciencia y de religión como derechos humanos fundamentales. Según se afirma en su Plan de Gobierno(2020, p. 93), las propuestas sociales se enfocan principalmente en la educación y la reproducción sexual con el propósito de “delimitar los contornos de la aplicación de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia, expresión, asociación y el ejercicio libre de la religión”. Para lograr estos objetivos plantean que: (1) la educación pública esté libre de “ideología de género”; (2) se elimine el derecho al aborto; (3) se prohíba que ninguna menor pueda realizarse un aborto sin el consentimiento de sus padres o tutores; y (4) que se atienda el consumo de pornografía como un asunto de salud pública. La instrumentalización de estos objetivos mediante legislación implica socavar, si no eliminar, los derechos adquiridos de las mujeres y otros grupos. Estas propuestas amenazan con violentar el principio democrático de la separación de iglesia y estado.
El debate público en torno al fundamentalismo social y económico del PD ha iniciado una batalla de ideas y posturas presentadas como verdades científicas pero cuyo propósito es afianzar la moralidad de la nueva derecha populista en el terreno de la política y la cultura. Esta guerra de posiciones no incide únicamente en el plano electoral, sino que sus ramificaciones penetran a la cotidianidad sociopolítica de los individuos.
Entre las estrategias utilizadas por el PD para adelantar sus objetivos en la batalla cultural está establecer conexiones con think tanks o centros de pensamiento que le proveen apoyo ideológico, retórico y asesoramiento político.[12] EL PD tiene vínculos o afinidades con tres centros de pensamiento: el Instituto de Libertad Económica (ILE) de Puerto Rico, la Fundación para el Progreso (FPP) con base en Chile, y la Fundación Libre (FL) de Argentina. Estos han provisto apoyo al PD en el desarrollo de un pensamiento económico neoliberal.
El ILE se funda en 2019 por iniciativa de empresarios y lideres del sector privado con perfil ideológico que se puede caracterizar como conservador libertario. La filosofía de ILE afirma:
Creemos que las libertades individuales, el estado de derecho, los derechos de la propiedad privada y un gobierno limitado y eficaz sostienen una economía de mercado saludable que brinda la mayor oportunidad de libertad y prosperidad para todos. La prosperidad llega cuando la sociedad respeta la dignidad de cada persona y su derecho a actuar como gente moral. Creemos que las personas deben verse así mismas como los agentes activos que son y no como víctimas pasivas; deben estar empoderadas, no atrapadas bajo una burocracia paternalista… Tenemos la intención de crear un discurso cívico con información intelectual rigurosa y basada en datos sobre una amplia gama de problemas de políticas existentes y emergentes que afectan al gobierno, la familia y la sociedad.[13]
Los valores ético-políticos de ILE son cónsonos con la agenda programática del PD ya que ambas organizaciones defienden la familia tradicional como unidad básica de la sociedad y foco del desarrollo.
En otro contexto, pero con objetivo similar, el ILE recibió junto a la Asociación de Comercio al Detal al escritor e ideólogo conservador Axel Kaiser, presidente de la FPP, un centro de pensamiento latinoamericano que suscribe valores propios de la derecha libertaria y “busca impulsar un cambio cultural que promueva las bases de una sociedad más próspera” (Rodríguez, 2020). Kaiser trajo a la discusión pública su diagnóstico contradictorio sobre la economía puertorriqueña. En palabras de Kaiser: Puerto Rico “no es un país que genere admiración”, ocupa una posición muy baja en los indicadores de libertad económica, tiene un gobierno muy grande y regímenes laborables pocos flexibles, depende de fondos federales que generan una cultura de dependencia, aunque su estatus colonial es ventajoso porque garantiza el libre comercio de la economía puertorriqueña con la economía más grande del mundo, Estados Unidos (Marrero Cabán, 2023; Montalbán Ríos, 2023). Lo que no considera el discurso económico neoliberal en su propuesta de desarrollo económico es que el tránsito entre un capitalismo de estado benefactor al capitalismo de libre mercado requiere que los sectores empresariales abandonen los incentivos que reciben del gobierno en forma de subsidios, leyes protectoras y otros tratos preferentes. En Puerto Rico el sector privado goza de numerosos subsidios y contratos gubernamentales.
El fundamentalismo social del PD lo vincula a la Fundación Libre (FL) con base en Argentina. Este es un “centro de estudio que tiene como misión tomar protagonismo en la batalla cultural para contrarrestar la ideología progresista hegemónica y el imperio de lo políticamente correcto e impulsar ideales de libertad individual, responsabilidad y republicanismo.”[14] El vínculo entre el PD y el FL establecido a través de la Senadora Joanne Rodríguez Veve, viabilizó la participación en el debate público del científico político argentino Agustín Laje. Laje es uno de los principales ideólogos en contra de la transversalización de la perspectiva de género en la formulación de política pública. La senadora Rodríguez Veve entrevistaba y proveía el espacio mediático para trasmitir en Puerto Rico las conferencias de Laje que consistían fundamentalmente de guiones ideológicos persuasivos y polémicos dirigidos a influenciar la opinión pública acerca del género, la vida y la familia.
Estos centros de pensamiento son parte de la nueva generación de organizaciones vinculadas al mundo político y a sectores empresariales para proveer ideas y discursos para la toma de decisiones de política pública (Rodríguez 2020; Mendizabal y Sample, 2009). La nueva derecha desplaza así a las universidades, particularmente las estatales, de su rol como principales centros de producción y difusión de conocimientos. Se trata de una forma de “privatización” del conocimiento.
El Asecho a la Democracia Colonial
El asecho de la nueva derecha a la democracia colonial se ha centrado en los derechos políticos de las mujeres. En la sesión legislativa que comenzó en 2021 se discutieron con gran intensidad y controversia cuatro asuntos importantes que afectan los derechos políticos de las mujeres y las minorías sexuales: (1) la declaración de un estado de emergencia para frenar la creciente violencia de género, (2) la prohibición de “terapias de conversión” para personas no heterosexuales, (3) la implantación de un currículo con perspectiva de género en las escuelas, y (4) el derecho al aborto.
Al inicio de la asamblea legislativa en 2021 la discusión en el nuevo Senado giró en torno a dos proyectos de ley, uno para atender la situación de los feminicidios en Puerto Rico (PS 185, 2021) y otro para prohibir la práctica de la terapia de conversión contra personas de la comunidad LGBTQ+ (PS 184, 2021).[15] Reflejando el proceso de realineamiento político producido en las elecciones de 2020, estos proyectos fueron radicados en coautoría por los dos senadores del MVC, una senadora del PIP, un senador independiente, y un senador del partido de la mayoría PPD.
Las reacciones del PD a estas medidas no se hicieron esperar. Se creó una polarización guiada por posturas religiosas y seudocientíficas en torno al género, la niñez y la familia, no sólo en la legislatura sino en la discusión pública que fue liderada por el Obispo de Arecibo, Monseñor Daniel Fernández Torres. En carta a los legisladores divulgada a la prensa, el Obispo Fernández Torres se opuso a la prohibición de las terapias de conversión como medidas correctivas para reducir la atracción romántica hacia el mismo sexo. El Obispo argumentaba que de tildar estas prácticas como maltrato institucional o maltrato de menores tanto los colegios religiosos como los padres que utilicen estas medidas para sus hijos podrían ser considerados como maltratantes, menoscabando los derechos de patria potestad y libertad religiosa. La nueva derecha logró bloquear la aprobación de estos proyectos de ley.
En medio del debate, el Senado aprobó la resolución RS 54 (20 de enero de 2021) solicitando al gobernador que decretara la Orden Ejecutiva OE-2021-013 declarando un Estado de Emergencia por la violencia de género contra las mujeres y establecer un proceso para desarrollar un currículo con perspectiva de género que ayude a combatir las causas que contribuyen a la desigualdad, el discrimen y la violencia. Esta disposición ejecutiva recogía las recomendaciones hechas por las organizaciones feministas para atender la violencia de género y proveía para la creación de un comité llamado PARE (Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género) compuesto por agencias gubernamentales, personas del sector privado y organizaciones feministas.[16] La medida surgió de la creciente lucha feminista, manifestada en marchas y protestas ante el alarmante aumento en la violencia de género y feminicidios, los cuales se acentuaron tras el paso del huracán María en 2017 y la crisis de salud ocasionada por la COVID-19. Las estadísticas provenientes del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico registraron 51 feminicidios en 2019, aumentando a 75 en el 2020.[17] La presión pública para atender la indolencia gubernamental ante la creciente ola de violencia de género y la gestión fallida de la administración del PNP bajo la gobernadora Wanda Vázquez y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM)[18], llevó al nuevo gobernador PNP a cumplir el compromiso programático que hizo durante la campaña electoral sobre la violencia de género.
La nueva derecha también se opuso tenazmente a los dos aspectos de la resolución, la declaración de un estado de emergencia y la implantación de un currículo con perspectiva de género. Sobre la declaración de un estado de emergencia para atender los feminicidios el PD argumentó que era poco inclusivo y restrictivo del concepto de violencia con relación a los asesinatos, no feminicidios, de mujeres. La Senadora Rodríguez Veve cuestionó “la efectividad que tendría la resolución y el significado de reconocer que en Puerto Rico existe la violencia contra la mujer, cuando en la Isla existen otros tipos de afrentas contra la vida…se debe investigar la violencia contra la mujer, de la misma forma que debemos investigar la violencia contra los hombres y los niños” e hizo un llamado para “visibilizar todas las manifestaciones de violencia” y a no entregarle un “cheque en blanco” de recursos a organizaciones y grupos que luchan contra la violencia hacia la mujer, pero que tienen “intereses cuestionables”, refiriéndose a las organizaciones feministas (de Jesús Salamán, 2021; López Cabán 2021). Estas declaraciones descartan la utilización del concepto “feminicidio” por ser el producto del análisis de género que identifica la muerte de una mujer por razones de su género y no como un asesinato cualquiera. En la visión del PD la categoría “género” es interpretada como sinónimo de identidad sexual lo cual, a su vez se entiende como una ideología de grupos de activistas que atentan contra la libertad de creencias, filosofías de vida y religión de todos los ciudadanos.
La posición del Obispo Fernández Torres, similar a la de la Senadora Rodríguez Veve, sostiene que:
La ideología de género no sólo pretende silenciar la fe” sino que “extrapola la lucha de clases marxistas al escenario familiar, para crear una lucha entre el hombre como opresor y la mujer como oprimida, en la que la única salida sea liberarse de las clases sexuales hombre-mujer. En su afán por deshacerse de la heterosexualidad y de todo lo que piensan que la sociedad impuso, obvian todo el fundamento científico del ser humano como ser sexuado e intentan silenciar toda opinión médica que discrepe (Notiséis360PR, 2021).
Para el PD el estado de emergencia es producto de posiciones ideológicas distorsionadas sobre la categoría de género que no atiende el problema de la criminalidad y la seguridad ciudadana. La perspectiva de género, según la Representante por el PD, Lisie Burgos Muñiz, no tiene base científica y no resuelve el problema de la violencia generalizada. Tampoco puede ser eje curricular en la educación pública porque la perspectiva de género “va dirigida a confundir los niños, … Las escuelas les están dando a los niños una información que no se les debe dar. Los papás deben tener injerencia en todo lo relacionado con sus hijos. Ellos deciden cómo van a criar a sus hijos conforme a sus creencias y valores, independiente de lo que crean sin la indebida intromisión del estado” (Candelaria, 2020).
Sobre la implantación de un currículo con perspectiva de género en el sistema de educación que se viene debatiendo desde el 2015, las lideresas del PD tomaron dos cursos de acción para detener su implantación. Utilizaron la vía judicial y la coerción política en el nombramiento del Secretario de Educación. La demanda contra el ejecutivo argumentaba que la ordenanza ejecutiva usurpaba los poderes de la Asamblea Legislativa de decidir si se implementa o no un currículo de educación con perspectiva de género (MetroPR, 2021). Aunque la demanda fue desestimada por el Tribunal de Primera Instancia el juego político en la confirmación senatorial del Secretario de Educación les favoreció. En la vista de confirmación lograron persuadir al secretario para cambiar el nombre y contenido curricular de la política pública sobre educación. El nuevo programa se designa como Currículo de Equidad y Respeto entre los seres Humanos. En este nuevo programa curricular se desplaza la centralidad de la perspectiva de género para enfocarse en una educación sobre “valores, equidad y respeto” con neutralidad de género. Diversos grupos de mujeres y organizaciones feministas rechazaron este giro curricular por no cumplir con la letra e intención de la Orden Ejecutiva OE-2021-013, de 2021. El comité PARE no fue consultado después de haber desarrollado los lineamientos para que el Departamento de Educación desarrollara un currículo con perspectiva de género. Esto provocó polémicas políticas y el eventual alejamiento de las organizaciones feministas del comité PARE hasta su disolución.[19] Según las expresiones de la portavoz de la Colectiva Feminista en Construcción, “El secretario se comprometió a implementar una educación con perspectiva de género aguada, que atiende los intereses de un sector que siempre se ha opuesto, que siempre se va a oponer y que es un sector que nunca ha estado a favor o al frente de esa lucha para erradicar la violencia de género” (Torres Nieves, 2022).
En el debate legislativo sobre feminicidios, estado de emergencia y perspectiva de género en el currículo se destila otro ataque de la nueva derecha a los logros institucionales del feminismo puertorriqueño. Esta vez el ataque se dirigió a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), que se estableció mediante la Ley 20 del 2001 durante la administración de la primera mujer gobernadora de Puerto Rico. Su creación fue el resultado de las luchas de las mujeres, la presión política y el cabildeo coordinado de diferentes grupos feministas, de organizaciones de mujeres, agencias de gobierno y del apoyo de diversos grupos académicos y sociales. Como procuraduría, la OPM es independiente de la Oficina del Gobernador y su misión es introducir a la agenda legislativa o ejecutiva propuestas de política pública sensibles al género en beneficio de los derechos de las mujeres. Entre los objetivos de la OPM está establecer alianzas estratégicas con sectores de la comunidad, organizaciones sin fines de lucro, de base de fe y la empresa privada para prevenir y combatir la incidencia de violencia doméstica (Fernós, 2007). Esta sería la primera agencia gubernamental para el mejoramiento, adelanto o promoción de los derechos de las mujeres.
Para la nueva derecha, la OPM es una entidad ideológica que emite asesoramiento y recomienda política pública desde la perspectiva de género y excluye al universo de mujeres más allá de sus visiones de género. La tergiversación de la metodología de perspectiva de género como herramienta para descubrir y explicar las desigualdades de género y el discrimen por razones de sexo y género llevó a la Senadora Rodríguez Veve a plantear que el proceso de reclutamiento para el cargo de procuradora es excluyente. Con el propósito de depurar esta oficina de dicha ideología la senadora del PD radicó en el Senado el proyecto de ley PS1171 de 2023 que busca eliminar la “imposición de la perspectiva de género” de la ley que creó la OPM. De esta forma los nombramientos para ocupar el cargo de Procuradora no tienen que estar bajo el escrutinio de organizaciones feministas ni las nominadas tienen que regir su pensamiento por perspectivas de género. La eliminación de la perspectiva de género del marco filosófico que crea la OPM, según esta lógica, produciría un proceso de evaluación “diverso e inclusivo” de todas las mujeres que pudieran ser consideradas para dicho cargo. Esta “depuración” conceptual del término género lo convierte en un término puramente técnico despolitizado y despojado de su poder de denuncia. La posición de la senadora niega la condición estructural de injusticia de las mujeres y la importancia de la perspectiva para resolverlas. El proyecto sería así un preámbulo para la eliminación de la OPM, lo cual es cónsono con las propuestas de reducción del gobierno del PD.
Aunque la OPM no es adalid del feminismo y, a pesar de que esta institución gubernamental se ha convertido en un botín más para el clientelismo partidista y la política electoral, la “higienización” de la perspectiva de género socavaría el propósito mismo para el que fue creada la OPM. Los cambios propuestos representarían un retroceso a los derechos conquistados por las mujeres. Como sostiene Josefina Pantoja Oquendo, una feminista precursora de esta lucha, este ataque implica: “borrar toda la historia por la defensa de nuestros derechos políticos, que ha partido de la premisa de reconocer que se nos ha discriminado y que tenemos que seguir luchando con todos los prejuicios que hay contra las mujeres” (Díaz Tirado, 2023).
El discurso de esta nueva fuerza política conservadora se centró en la discusión pública sobre la “amenaza” que representa la categoría de género a la noción de mujer/madre, la sacramentalidad de la familia y la educación de los niños. Con sus ataques discursivos logró desautorizar de forma categórica la utilización transversal de la perspectiva de género en la formulación de políticas públicas e imponer su agenda provida y profamilia y atender los derechos de los niños en menocabo de los derechos de las mujeres, adquiridos a través de sus luchas. La actividad legislativa del PD se ha centrado en proponer proyectos de ley que buscan la restricción o eliminación de los derechos reproductivos, el aborto, y la sexualidad de las mujeres y de otras minorías sexuales. Han convertido el cuerpo de las mujeres en el terreno de la guerra política contrafeminista. El asecho de la nueva derecha a la “democracia” colonial representa un contra ataque político al feminismo que convierte a las mujeres y las minorías sexuales en la principal fuente de divisiones y conflictos políticos y en el principal ámbito en el que se están negociando las políticas sociales y económicas del país.
El PD ha propuesto proyectos de ley sobre aborto, la vida del neonato, los embarazos de menores, la adopción de niños, la participación de transexuales en los deportes y la utilización de baños inclusivos. Con excepción del proyecto sobre la vida del neonato, todos los proyectos tienen el objetivo de prohibir o restringir los derechos que asisten a las mujeres y a la comunidad LGBTQ+. El PD tiene como principio la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, enunciado que engloba una oposición total al aborto. También defienden la estructura tradicional de la familia compuesta por un matrimonio, entre un hombre y una mujer y se oponen a las demandas de reconocimiento identitario de los colectivos LGBTQ+ y a los derechos del matrimonio homosexual y de la adopción homoparental. Su defensa de la niñez se basa en la protección contra la ideología de género que “despoja a los hombres, las mujeres y los niños de su identidad”. Por lo tanto, se oponen a una educación con perspectiva de género y defienden el derecho de los padres a criarles conforme a sus principios y valores.
Aparte de la retórica provida y profamilia, la acción política de las legisladoras del PD se ha concentrado en un esfuerzo por prohibir o limitar el derecho al aborto. Entre 2021 y 2023 se radicaron ocho proyectos de ley para prohibir o restringir el aborto. La agresiva actividad legislativa contra el aborto responde al entramado colonial que afecta los derechos reproductivos de las mujeres puertorriqueñas.[20]
En Puerto Rico el derecho al aborto se fundamenta en dos pilares jurídicos: el estatuto federal extendido a la colonia en 1973 tras la determinación jurídica del caso Roe versus Wade por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que permitía el aborto hasta los seis meses de embarazo, y el estatuto del Estado Libre Asociado basado en la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Pueblo versus Duarte, que en 1980 estableció que el aborto es un derecho constitucional para las mujeres puertorriqueñas, parte del derecho a la intimidad consagrado por la constitución de Puerto Rico (Colón, et al, 1994).
La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos revocando el derecho al aborto y revirtiendo a los estados y territorios la determinación y reglamentación de este derecho ha servido de base y estímulo a la ofensiva legislativa del PD. La colonialidad de la nueva derecha puertorriqueña, siguiendo los pasos de la derecha republicana estadounidense, llevó a las legisladoras del PD a cuestionar la constitucionalidad de la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 1980. La opinión jurídica solicitada por el PD al Secretario de Justicia determinó que los proyectos de ley sobre la prohibición del aborto eran inconstitucionales en Puerto Rico (Cybernews, 2022). En su testimonio en vistas públicas sobre el PS 495 de 2021 el secretario expresó que “el PD en términos de violentar los derechos de las mujeres, lo que faltaría es ponerle una capucha a las mujeres y un cinturón de castidad, eso es algo impropio” (Cybernews, 2023). Esto provocó que el liderato del PD pidiera la renuncia del Secretario de Justicia al gobernador por hacer expresiones discriminatorias por razones políticas. No obstante, la opinión del secretario contuvo la ofensiva de la nueva derecha, desde la derecha tradicional, el PNP.
La intensidad del debate legislativo y la confrontación con legisladores de otras ideologías políticas sobre el aborto llegó al punto de tratar de criminalizar a las mujeres que ejercieran su derecho al aborto. Este fue el caso del presidente del Senado, José Luis Dalmau, coautor del PS 693 de 2021, medida legislativa que buscaba prohibir el aborto a partir de la viabilidad del feto. Dalmau catalogó como “asesinatos” los abortos de fetos una vez avanzan a la “etapa gestacional de viabilidad”, que se define a partir de la semana 22 del embarazo (Guillana, 2022). En otras palabras, la defensa ideológica sobre los méritos de dicha legislación se basa en acusar de asesinato a las mujeres que decidan ejercer su derecho constitucional y humano a la autonomía del cuerpo y a la intimidad. La defensa y apoyo legislativo a las medidas del PD por parte de los miembros de los partidos tradicionales es una estrategia política para hacerse visibles en la discusión pública y detener la creciente erosión de la base electoral de sus partidos representados en el discurso de la nueva derecha como liberales o liberales de izquierda.[21]
Sin embargo, la defensa de la vida, la familia y la niñez se visibiliza no solo como ejes programáticos del PD sino, además, como criterio de cohesión y complicidad moral entre sus afiliados, diferenciándoles de los partidos tradicionales que habían liberalizado sus posturas sobre las mujeres y el género como estrategia electoral. El debate público lidereado por el PD ha encendido el discurso político logrando introducir asuntos nuevos a la agenda legislativa que no habían sido definidos como temas prioritarios para el país. Asimismo, en la batalla cultural han establecido la diferenciación entre un “ellos” y un “nosotros” mediante una guerra de ideas en torno a la lucha contra la ideología de género, contra el aborto y a favor de los derechos del no nacido, de la libertad religiosa y de la familia heterosexual. En la batalla de la opinión pública han dejado claro los ejes políticos, morales y religiosos que sustentan el discurso populista de la nueva derecha y su propósito de promover e implantar políticas restrictivas a los derechos de las mujeres y miembros de comunidades vulnerables.
Conclusiones
Cambios significativos en el terreno político-económico en el Puerto Rico del Siglo XXI proveen las condiciones estructurales y sociales para el surgimiento de una nueva derecha que altera, junto al MVC, el sistema de partidos y la forma en que los partidos políticos tradicionales se definen respecto al estatus colonial de la isla. Este realineamiento político se da en momentos de profunda crisis económica y política provocada por la quiebra fiscal, la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal y la desafección generalizada de la población de los partidos tradicionales causada por la corrupción pública y la mala gobernanza. El PD surge como una alternativa distinta a la política centrada en el estatus de los partidos tradicionales. La nueva derecha introduce valores cristianos, que interpelan tanto a católicos como a evangélicos, y principios centrados en la familia y las libertades individuales como la base fundamental que dirige el proyecto de reingeniería gubernamental y desarrollo económico basado en el empresarismo y fundamentalismo de mercado y social. La base social de este nuevo proyecto la proveen principalmente miembros de las iglesias evangélicas, neopentecostales y católicas, las organizaciones de la sociedad civil con base de fe y los desafectos de los partidos tradicionales. La convergencia entre estos distintos sectores cristianos se cristaliza a través de temas como el aborto, la familia, la niñez y la buena gobernanza. Este es el núcleo temático que articula el PD para la movilización de su fuerza política.
El discurso de la nueva derecha puertorriqueña utiliza elementos de la ideología populista para apelar a un pueblo descontento y fragmentado por divisiones políticas para establecer la diferenciación entre el PD y la élite política corrupta guiada por el secularismo liberal. El debate público del PD ha introducido dos elementos importantes de cambio en el mapa político puertorriqueño: un cambio en el eje del debate político que se distancia del tema del estatus colonial, y un debate cultural sobre valores fundamentalistas o conservadores—buena gobernanza, libertad religiosa, la familia, el aborto. El debate se mueve al terreno cultural y económico donde se ha desatado una batalla para afianzar la ideología de la nueva derecha e imponer su visión neoliberal de la política, la sociedad y la economía. Esto facilita cambios en la política pública, las normas y el derecho como ya se observa en el asecho de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y comunidades vulnerables.
Estas ideas y valores son el eje de la batalla cultural que busca introducir valores cristianos y visiones religiosas a la política pública. Para adelantar estos objetivos, el PD estableció conexiones con think tanks o centros de pensamiento con base en Puerto Rico y Latinoamérica. Estas sirven como fuentes de apoyo ideológico, discursivo y asesoramiento político en la batalla cultural y la formulación de una agenda legislativa con aspiraciones ideológicas, sociales y políticas al margen de las nociones liberales de justicia y libertad. Cabe preguntarse por qué el vínculo con el conservadurismo latinoamericano. ¿Será el racismo del conservadurismo estadounidense un factor de distanciamiento a pesar de las afinidades con este?
La agenda legislativa de la nueva derecha tiene como propósito reglamentar la sociedad a base de principios religiosos y desregular la economía. Las visiones fundamentalistas han llevado al PD a enfocarse en la eliminación y/o prohibición de los derechos adquiridos por las mujeres. Esta agenda legislativa centrada en la eliminación de derechos socava la ya débil democracia colonial que cada vez emula la ideología y las acciones políticas de la ultraderecha republicana de los Estados Unidos.
La nueva derecha no ha podido aprobar legislación prohibiendo el aborto en Puerto Rico, porque las leyes locales afirman este derecho. No obstante, las legisladoras del PD han sido exitosas en movilizar los sectores legislativos conservadores por encima de líneas partidistas, logrando socavar los consensos sobre la educación con perspectiva de género y los derechos de las mujeres y las minorías sexuales. El constante asecho a los derechos de las mujeres en este cuatrienio ha convertido el cuerpo de las mujeres en el terreno de la batalla cultural y política donde se negocian las políticas sociales y económicas del país. Esto representa un contra ataque político al feminismo puertorriqueño y sus luchas políticas. De continuar la tendencia ascendente del PD las elecciones de 2024 marcarán un hito en el futuro de la política partidista y los derechos democráticos en Puerto Rico.
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Luz del Alba Acevedo Gaud
Catedrática y ex directora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Ph.D. en Ciencias Políticas de la Universidad de Illinois en Chicago. Ha sido profesora de Estudios Latinoamericanos y Estudios de la Mujer en la Universidad del Estado de Nueva York en Albany y la Universidad de Northeastern Illinois en Chicago. Como investigadora ha ganado becas de la National Science Foundation (NSF), la National Endowment for the Humanities (NEH) y el Fondo Institucional para la Investigación (FIPI), Decanato de Estudios Graduados e Investigación UPR-RP para realizar investigaciones sobre el género y la política en Puerto Rico. Es co-autora del libro Telling to Live Latina Feminist Testimonios (Duke University Press, 2001) que recibió el premio Gustavus Myers Outstanding Book Award otorgado por el Gustavus Myers Center for the Study of Bigotry and Human Rights, Boston, Massachusetts (noviembre 2002). Entre sus publicaciones recientes se encuentra, Un Senado para la Historia: Género, Poder y Elecciones 2020 en Puerto Rico, Revista Cruces Crítica Sociocultural Contemporánea, 29 de marzo de 2021 https://issuu.com/revistacruce/docs/asunto_1; Género y Procesos Electorales en Puerto Rico, Ámbito de Encuentros, Vol. 6, Núm. 1, 2013; y ¿Feminism in High Heels? Sila María. Calderón, the First Woman Governor of Puerto Rico (pp. 169 – 182). En Cynthia Barrow Giles (Ed.), Women in Caribbean Politics. Jamaica: Ian Randle Publishers, 2011. Publica columnas de opinión en el Nuevo Día y colabora con Radio Universidad UPRRP.[/blockquote]
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[1]Me refiero a este movimiento como “contra feminista”, en tanto que este movimiento no se opone a los avances educativos, profesionales y políticos de las mujeres. El eje de estos movimientos es la restauración de valores conservadores anclados en nociones religiosas sobre la familia y los derechos y deberes femeninos en torno a la sacramentalidad de ésta. Es importante notar que en el caso de Puerto Rico convergen en esta visión tanto mujeres católicas como neopentecostales. [2] La mayoría femenina en el Senado duró hasta mayo del 2023 cuando una de las senadoras del PPD dejó su escaño para ocupar un escaño en la Cámara de Representantes. Esta senadora fue sustituida a través de elección especial por un representante masculino (MetroPR, 2023a; 2023b). [3]Al movimiento de los “Catacumbas” se le atribuye ser los primeros en difundir masivamente mensajes públicos cristianos que aparecían alrededor de la isla en forma de murales y pancartas que decían: “Cristo te Ama” y “Cristo Viene: Arrepiéntete” (Directorio de Iglesias, 2023; Fernández Colón, 2010). [4] El PD obtuvo al menos 10% de los votos para Gobernador en los municipios de Arecibo, Barceloneta, Camuy, Florida, Manatí y Hatillo, en el norte, y Canóvanas, Ceiba, Humacao, y Rio Grande, en el noreste, Naguabo, en el sureste y Adjuntas en el centro (CEE, 2020). [5] Para 2013 Wanda Rolón era la pastora con la congregación eclesiástica más grande de Puerto Rico con 3,500 miembros (NHCLC, 2013). Rolón y otros ministerios como “Fuentes de Agua Viva”, propagaban el “evangelio a la prosperidad”. [6] Además de tener un grado de Juris Doctor, obtuvo un grado de Maestría en Derecho Canónico de la Universidad de Salamanca (¿Quién Soy?, https://joannerodriguezveve.wordpress.com/quien-soy/). A Rodríguez Veve la unen lazos familiares a Eladio Rodríguez Otero, un destacado abogado, defensor de la lengua española, anticolonialista, Presidente del Ateneo Puertorriqueño, y ferviente católico, fundador del Comité Permanente Pro-Obispos Puertorriqueños entre 1962- 1965 (Acevedo, 2020). [7] El Obispo de Arecibo, monseñor Daniel Fernández Torres había informado al país que la diócesis de Arecibo firmaría las exenciones a los feligreses que no quisieran vacunarse (El Vocero, 13 de noviembre de 2022). [8] En palabras del Papa Juan Pablo II “Es urgente una movilización general de las conciencias y un común esfuerzo ético, para poner en práctica una gran estrategia en favor de la vida. Todos juntos debemos construir una nueva cultura de la vida”, El Evangelio de la vida, no. 95 (United States Catholic Bishops, 1975). [9] Según De la Torre (2003) el populismo no es simplemente un tipo particular del sistema ideológico sino una relación social que contiene elementos culturales y que generan identidades políticas. Véase, además, Worsely (1970). [10] Aunque el populismo es una ideología en sí misma, se considera como una ideología de núcleo conceptual liviano/débil y de morfología restringida que necesariamente aparece unida a otras familias ideológicas (Mudde y Kaltwasser 2012). El populismo como discurso ideológico se convierte en un componente de otras ideologías (Freidenberg, 2013; 12). [11] El texto completo del escrito de Cesar Vázquez Muñiz, “Nos salimos del camino” aparece en https://phrarticulos.blogspot.com/2017/06/nos-salimos-del-camino-por-dr-cesar.html. [12] La conexión del PD con los think tanks se infiere claramente de la información que aparece en los periódicos y en las redes sociales de la senadora Joanne Rodríguez Veve, particularmente de su FaceBook. Estas conexiones locales e internacionales entre partidos políticos puertorriqueños y los think tanks requieren de una investigación rigurosa sobre el tema. [13] ILE, https://institutodelibertadeconomica.org/sobre-ile/#aboutabout [14]Fundación Libre, https://onthinktanks.org/think-tank/fundacion-libre-centro-de-estudios-libertad-y-responsabilidad/ [15] Un proyecto para prohibir las terapias de conversión se había radicado en 2018 (PS 1000) por legisladores conservadores del PNP. [16] Las organizaciones feministas que participaron en el comité PARE fueron: Proyecto Matria, Red de Albergues, Alas para la Mujer, Coordinadora Paz para la Mujer y Centro de la Mujer Dominicana (Pantoja Oquendo, 2022; Powell Escalona, 2021). [17] Observatorio de Equidad de Género Puerto Rico. Cuando Tembló la Tierra, Violencias y Resistencias de las Mujeres tras los Terremotos del Sur de Puerto Rico: una Síntesis 2019 – 2020. https://observatoriopr.org/quienes-somos/ [18] La exgobernadora Wanda Vázquez, decretó un Estado de Alerta tras reunirse con grupos feministas y recibir de la organización Colectiva en Construcción un “Plantón” delineando cinco propuestas para la erradicación de la violencia de género (Ramírez Hernández, 2020). [19] El estado de emergencia se declaró por un año y se reactiva por orden ejecutiva cada vez que se agudizan los casos de feminicidio. El gobernador ha firmado dos órdenes ejecutivas entre 2021 y 2023. [20] En Puerto Rico se utilizó la ingeniería biológica como mecanismo para el control poblacional bajo el auspicio del capital privado y apoyado por fondos del gobierno federal. Se desarrollo un laboratorio de innovación social y tecnológica para los avances médicos en el estudio de métodos contraceptivos que consistía en la práctica de la esterilización, el uso de píldoras y espumas anticonceptivas, dispositivo intrauterino (DIU) hormonal y el aborto (ilegal) como medidas de planificación familiar y control poblacional. Las mujeres puertorriqueñas fueron utilizadas en la fase de experimentación científica para el desarrollo de esas tecnologías reproductivas durante las décadas de 1940 y 1950 (Ramírez de Arellano y Seipp (1984), Mass (1977), Presser (1973) y Briggs (1998). [21] En un debate a la gobernación en 2020 el candidato del PPD afirmó que no favorecía la educación con perspectiva de género sin haber consultado la base del partido, creando un álgido debate (Acevedo Gaud, 2020).
2 comments
¡Excelente e instructivo ensayo! Lectura obligada para conocer y entender el origen y la agenda política del PD.
Éxito y sigue iluminando el camino. Nos das esperanzas.